El Mes del Orgullo nos permite recordar que hay mucho que celebrar y mucho por seguir construyendo. El progreso de las últimas décadas resalta la importancia del trabajo articulado a nivel local y regional para detectar cómo se producen y reproducen las discriminaciones y los estereotipos alrededor de la identidad de género y la orientación sexual.
Entre las lecciones aprendidas, uno de los retos continúa siendo la mejor integración de las diferentes estrategias de política con las medidas de mitigación y la activa participación de las partes interesadas. En el caso del BID, esto se logra a través del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) y su norma específica sobre igualdad de género (NDAS 9) que abarca a las personas de todos los géneros.
Para seguir promoviendo la igualdad, trabajamos, entre otros, en dos pilares fundamentales:
- Fortalecer las capacidades de nuestras contrapartes para la identificación de las violencias y el desarrollo de medidas para abordarlas y prevenirlas
- Promover procesos consultivos que fomentan una participación comunitaria de las partes interesadas, que incluyen canales de comunicación continuos; campañas de comunicación y sensibilización que previenen la discriminación por identidad de género u orientación sexual; elaboración de planes de prevención comunitarios; códigos de conducta de contratistas; apoyo a las personas que han atravesado situaciones de violencia; y sistemas de denuncia.
Dado que solo 16 de los 33 países de la región tienen protecciones explícitas contra discriminación anti-LGBTQ+ en el ambiente laboral, el fortalecimiento de capacidades y la participación de las partes interesadas es central.
Discriminación que repercute en múltiples esferas
Conocer cómo se producen las discriminaciones y cómo éstas pueden ser transformadas permite fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Existen diversas manifestaciones de la discriminación y distintas esferas de repercusión, incluyendo la vida social, laboral y política.
Por ejemplo, la forma en la que nombramos puede dar lugar a una manifestación de discriminación. El derecho al cambio de nombre y sexo registral es relevante pues no contar con documentos oficiales que concuerden con la identidad de las personas constituye una de las principales fuentes de discriminación para las personas trans. Al negarles el acceso a un cambio de nombre legal, se les expone a situaciones de exclusión y estigmatización, que pueden incluir: expulsión de instituciones educativas por considerar que las personas está incumpliendo con requisitos de presentación personal propios de su género; acusaciones de fraude en el entorno laboral, ya que los títulos oficiales pueden no coincidir con el nombre y la identidad actual de la persona; asignación a instalaciones segregadas por género según su sexo asignado al nacer y no su identidad de género en centros de acogida o detención, lo cual pone a las mujeres trans (es decir, a personas asignadas al género masculino al nacer) en muy alto riesgo de violencia sexual y física; negación de servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, y servicios relacionados con su transición de género, entre otras.
Bajo el MPAS, se abordan explícitamente los riesgos de violencia y se reconoce la importancia del empoderamiento de las mujeres y las personas de diversa orientación sexual e identidad de género para lograr la igualdad. El BID también se encuentra desarrollando una guía para apoyar el diseño e implementación de medidas para la prevención y atención de la discriminación por motivos de género y orientación sexual en el marco de sus proyectos.
Comprender el origen de la discriminación y las intersecciones entre las distintas manifestaciones nos permite abordar las desigualdades de forma oportuna e integral. Entender, por ejemplo, que los prejuicios basados en identidad de género y orientación sexual interactúan con otras desigualdades basadas en factores socioeconómicos, étnicos, raciales, de discapacidad, migrantes, entre otras, permite una gestión que amplía las oportunidades de todas las partes interesadas para un desarrollo sostenible de los proyectos.
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