Para abordar el cambio climático y alcanzar las metas del Acuerdo de París, los países deben implementar profundas transformaciones socioeconómicas que nos encaminen hacia la carbono neutralidad. Pero ¿cuáles son los impactos que dicha transición traería a nuestra región? ¿Cómo podemos integrar una transición justa en la agenda de cambio climático? ¿Y qué acciones pueden llevar a cabo los gobiernos de la región para asegurar que el cambio hacia la carbono neutralidad sea justo e inclusivo?
A medida que avanzamos en el desarrollo de economías carbono neutrales, nos enfrentamos a retos importantes, por lo cual es fundamental abordar estos impactos mientras nos aseguramos de no dejar a nadie atrás. Los altos niveles de desigualdad e informalidad de la región añaden complejidad a la situación, lo que requiere pensar detenidamente y asegurar que la distribución de los beneficios y costos sea equitativa. Por ejemplo, en la región, el 10% más rico de la población tiene ingresos 12 veces mayores que el 10% más pobre, lo que resalta la necesidad de políticas que prioricen la inclusión y la igualdad.
La transición a cero neto traerá inevitablemente ganadores y perdedores. Por ello, es clave asegurar una justa distribución de beneficios y la mitigación de pérdidas. Nuestro más reciente estudio, “Hacia una transición justa en América Latina y el Caribe“, ofrece un conjunto de herramientas de transición justa, con opciones y alternativas que diferentes sectores económicos pueden implementar para asegurar una transición justa y equitativa en el camino hacia la carbono neutralidad.
Transición justa en el sector energético
El sector energético es uno de los más contaminantes de la región, aportando alrededor del 13% de las emisiones. El objetivo es pasar de utilizar combustibles fósiles a energías renovables, lo cual llevará a transformaciones en la demanda laboral y patrones de inversión, afectando desde la exploración y extracción hasta actividades posteriores como por ejemplo, las estaciones de servicio. Si bien la transición creará desempleo en algunos sectores dependientes de los combustibles fósiles, también generará nuevas oportunidades en la generación, mantenimiento y distribución de energía renovable, fomentando la demanda de mano de obra especializada.
Adicionalmente, la transición creará nuevas oportunidades de negocio en la cadena de valor de las energías renovables, estimulando la inversión en manufactura, instalación, mantenimiento e infraestructura auxiliar, como líneas de transmisión, por mencionar algunas.
Consideraciones para el sector energético
1.Empleo y habilidades: La transición reformulará el mercado laboral. La empleabilidad en el sector energético podría crecer hasta un 22% dentro de un escenario de descarbonización. No obstante, esta ganancia podría venir acompañada de una pérdida de empleos en sectores relacionados con los combustibles fósiles, desde su extracción hasta la generación de energía.
Los nuevos empleos en energías limpias creados con la transición podrían no ser distribuidos equitativamente entre trabajadores en términos de género, variedad de habilidades o ubicación geográfica. Muchas de estas nuevas posiciones requerirán trabajadores con nuevas habilidades, como la capacidad de adoptar nuevas tecnologías o experiencia técnica en el mantenimiento de equipos eléctricos. También se deberán abordar las barreras de género, ya que se espera que la mayoría de los nuevos empleos estén en ocupaciones dominadas por hombres, lo que podría dejar a las mujeres en desventaja a menos que se resuelva la segregación ocupacional. Asimismo, los cambios en oportunidades laborales por su ubicación geográfica también requerirán el desarrollo de programas de reentrenamiento, apoyo en la búsqueda de empleos o en la migración interna.
La Estrategia de Transición Justa en Energía de Chile ejemplifica este enfoque, con el objetivo de alejarse de la generación de energía a base de carbón mientras se prioriza la formación y la creación de empleo en energías limpias. A través de iniciativas como ferias de empleo y programas de apoyo al emprendimiento, Chile busca facilitar la reintegración y retención de los trabajadores afectados en el mercado laboral en evolución.
2. Hogares y pobreza: Los cambios de precios en energía, alimentos y movilidad afectarán a los hogares de manera diferente. Los hogares de bajos ingresos en la región ya destinan una parte significativa de sus gastos a alimentos y energía, lo que los hace particularmente vulnerables a las fluctuaciones de precios.
Si bien la adopción de energía renovable puede eventualmente conducir a precios más bajos y estables, los cambios iniciales al alejarse de los combustibles fósiles podrían aumentar temporalmente el costo de vida, afectando desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos. Para mitigar estos efectos negativos, son esenciales intervenciones específicas, como programas de transferencias de efectivo e inversiones en la reducción de la pobreza y la restauración de ecosistemas. Específicamente, en el sector energético, las transferencias directas de efectivo, junto con la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles o la implementación de medidas de descarbonización, como el precio del carbono, pueden ayudar a aliviar la carga financiera de los hogares. Estas iniciativas pueden adaptarse a las necesidades específicas de los hogares, considerando factores como el número de dependientes.
3. Regiones y comunidades: Las comunidades que dependen de industrias intensivas en carbono, como la extracción de combustibles fósiles, enfrentarán desafíos significativos a medida que la actividad económica en estos sectores disminuya gradualmente. A pesar de la posible creación de nuevos empleos en el sector de energía renovable, no hay garantía de que estos se ubiquen en las mismas comunidades ni que ofrezcan salarios y beneficios comparables. El cierre de estas industrias interrumpe la cadena de valor regional, afectando a diversos sectores como restaurantes, hoteles, supermercados y la producción industrial local. Para mitigar estos impactos negativos y fomentar nuevas oportunidades, el sector público debe implementar políticas de apoyo e inversiones destinadas a diversificar las economías locales y atraer negocios alternativos. Las estrategias pueden incluir el desarrollo de clusters empresariales, mejoras regulatorias, adopción de prácticas empresariales verdes, mejoras de infraestructura, esquemas de compensación comunitaria e iniciativas para mejorar el transporte público regional y promover la adquisición sostenible.
En México, por ejemplo, tras los conflictos sociales derivados de la implementación de una hoja de ruta para alcanzar el 50% de energía limpia, el gobierno introdujo legislación para fortalecer los estándares sociales, incentivar los procesos de consulta y abordar los conflictos con las comunidades afectadas.
4. Ingresos para inversiones sociales: La región enfrenta el riesgo significativo de perder más de 3,000 mil millones de dólares en regalías petroleras y más de 200 mil millones de dólares en regalías de gas natural para 2035, lo que representa una amenaza para la provisión de servicios sociales y los niveles de pobreza en áreas dependientes de industrias de altas emisiones. Abordar estos desafíos y avanzar en una transición justa en América Latina requiere estrategias a corto plazo para estimar los impactos distributivos de la reducción de ingresos fiscales de sectores de altas emisiones e identificar fuentes de financiamiento alternativas para inversiones sociales. A mediano y largo plazo, los esfuerzos deben centrarse en crear nuevas fuentes de ingresos mediante la atracción de negocios diversos (incluidos los ambientalmente sostenibles), la diversificación de actividades económicas y el desarrollo de mecanismos progresivos de distribución de ingresos para mitigar las desigualdades sociales regionales.
El camino hacia la descarbonización en el sector energético presenta inmensas oportunidades económicas y sociales. Sin embargo, para aprovechar estos beneficios se requieren esfuerzos concertados para garantizar la inclusividad y la equidad. Los gobiernos deben priorizar la distribución equitativa de los beneficios, apoyar la creación de empleo y fomentar las inversiones en bajas emisiones de carbono. La colaboración entre los actores es clave para navegar las complejidades de esta transición. Con medidas proactivas y políticas inclusivas, América Latina y el Caribe pueden allanar el camino hacia un crecimiento sostenible e inclusivo frente al cambio climático.
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