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¿Conservación vs. crecimiento? Una evaluación de impacto en Perú muestra que el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental pueden ir de la mano.

March 5, 2019 por Maja Schling Deja un comentario


En América Latina, la extracción de recursos naturales y el crecimiento económico están inextricablemente vinculados. Sin embargo, la explotación de metales preciosos e hidrocarburos también puede causar daños ambientales devastadores. Una nueva evaluación del proyecto energético más grande de Perú destaca el importante papel que desempeñan las salvaguardias ambientales para mitigar algunos de los riesgos ecológicos y al mismo tiempo promover el desarrollo económico.

Las riquezas naturales de América Latina y el Caribe impulsan el crecimiento económico

A lo largo de su historia, el destino de América Latina y el Caribe (ALC) ha estado inextricablemente vinculado a la excepcional riqueza de recursos naturales de la región. Entre los siglos XVI y XVIII, América Latina produjo el 80% de la plata del mundo y fue el estímulo principal de los sistemas monetarios de Europa, China e India. En la primera década de los 2000, los altos precios en las exportaciones de productos básicos condujeron a un impresionante crecimiento económico.

La región está dotada de algunas de las reservas de petróleo, gas y minerales más grandes del mundo. De acuerdo a algunas estimaciones, la región posee casi el 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo y más del 4% de las reservas mundiales de gas, por lo que la creciente inversión en exploración y explotación de hidrocarburos así como en proyectos de extracción de minerales no es sorprendente. Solamente en 2016, la cartera de proyectos mineros totalizó más de $ 1 mil millones y la región recibió el 25% de los flujos globales de inversión en exploración.

La degradación ambiental y el papel de las salvaguardias

A pesar de los efectos económicos positivos asociados con la extracción de recursos naturales, como la creación de empleos locales y el flujo estable de ingresos al gobierno, la necesidad de grandes inversiones en infraestructura conlleva un alto riesgo ambiental. La extensión de infraestructura se encuentra entre las principales causas de deforestación a nivel mundial, asociada con la pérdida de biodiversidad y el aumento de emisiones de carbono. A medida que se descubren más reservas no convencionales de petróleo y gas en regiones escasamente pobladas y con alta diversidad biológica y ecológica, se hace mayor la preocupación de que la extracción degradará importantes ecosistemas locales y pondrá en peligro los medios de vida y las tradiciones culturales de las comunidades indígenas.

Frente a la significativa degradación ecológica, las organizaciones medioambientales, las agencias de desarrollo y los donantes, han exigido a los ejecutores de proyectos que las salvaguardias ambientales y sociales sean más estrictas. Las evaluaciones de impacto ambiental y social (EIA) pueden ayudar a identificar áreas de alto valor ecológico y seleccionar medidas de protección apropiadas tales como mejorar los derechos de propiedad, crear y vigilar el cuidado de las áreas protegidas y santuarios de vida silvestre para proteger las áreas más vulnerables. Estas salvaguardias ambientales a menudo se complementan con salvaguardias sociales para proteger el sustento de las comunidades locales afectadas por proyectos de infraestructura.

Evidencia del Proyecto de Gas de Camisea

¿En qué condiciones la extracción de recursos naturales puede conducir al crecimiento económico sin causar daños a largo plazo al medio ambiente y las comunidades locales? ¿Podrán las salvaguardias ambientales y sociales ayudar a mitigar el riesgo ambiental y hacer que los impactos económicos positivos sean sostenibles? En un estudio reciente, analizamos los impactos regionales a nivel económico y ecológico del proyecto energético más grande de Perú, el Proyecto de Gas de Camisea. Los campos de gas de Camisea, ubicados en el Departamento de Cusco, tienen reservas probadas de 9 billones de pies cúbicos de gas natural. En el 2000, el gobierno de Perú otorgó licencias para desarrollar el campo de Camisea y para construir y operar un ducto de 700 km hacia la costa peruana. Desde el inicio del proyecto en 2004, Cusco ha disfrutado de importantes beneficios fiscales, recibiendo aproximadamente $300 millones en ingresos anuales.

Los campos de Camisea están ubicados en lo más profundo de una de las partes más prístinas de la selva peruana y su explotación enfrentó una oposición significativa de los grupos de protección ambiental. Sus adversarios en ese momento afirmaron que el proyecto amenazaba a las tribus de indígenas del Amazonas, a las especies raras y la selva tropical. Esto llevó al Banco Interamericano de Desarrollo, que otorgó un préstamo de $75 millones para la construcción del gasoducto, a condicionar el financiamiento bajo el cumplimiento de salvaguardias ambientales y sociales estrictas, diseñadas en coordinación con los participantes claves del proyecto, para frenar cualquier efecto adverso causado a las comunidades locales y los ecosistemas. Para minimizar el riesgo de colonización y actividades de extracción ilegal, las modificaciones al diseño del proyecto incluyeron el uso de una tecnología “costa afuera”, manejando los sitios de perforación como si fueran islas en la selva, para que los trabajadores y los suministros se transportaran en helicóptero y no se construyeran vías de acceso. Para proteger los territorios de las comunidades nativas cerca del Proyecto Camisea, se crearon cuatro áreas protegidas nuevas que cubren cerca de un millón de hectáreas, y se mejoraron o otorgaron nuevos títulos de propiedad a más de 60 comunidades nativas y 10.000 propietarios.

¿Pueden ir de la mano el crecimiento y la conservación?

Para llevar a cabo la evaluación, el estudio utilizó series temporales de datos obtenidos de fuentes administrativas e imágenes satelitales para captar el crecimiento económico (estimado a través de la detección remota de la densidad de luz nocturna) y los cambios en las tasas de deforestación, junto a otras variables relevantes. Los resultados indican que el Proyecto de Gas de Camisea tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico local, medido por un impacto anual de aproximadamente 7,5% en el PIB de Cusco. A pesar de las temidas consecuencias ambientales adversas, nuestro análisis no detectó ningún efecto negativo significativo en la deforestación durante los ocho años de información disponible desde que los campos de gas comenzaron a operar.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el Proyecto de Gas de Camisea ha contribuido al desarrollo sostenible de Cusco, creando beneficios económicos a largo plazo para las poblaciones locales y el medio ambiente debido al compromiso explícito a las acciones dirigidas a proteger los ecosistemas vulnerables de la zona y las comunidades nativas. La evaluación ofrece lecciones importantes sobre cómo se puede desarrollar la extracción de recursos naturales para obtener beneficios a largo plazo en entornos frágiles. Por supuesto, la investigación futura en este ámbito es necesaria para evaluar más a fondo los impactos económicos y ecológicos de grandes proyectos de infraestructura, para identificar mecanismos específicos de salvaguardia que sean más efectivos para evitar impactos negativos y para medir los impactos adicionales de importancia ambiental más allá de la deforestación, tales como la biodiversidad.

 

Fotografía: Rod Waddington – Flickr


Archivado Bajo:Salvaguardias Ambientales y Sociales

Maja Schling

Maja Schling es economista en la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (RND) del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene experiencia práctica y de investigación sustancial en desarrollo internacional, específicamente en las áreas de agricultura, recursos naturales y cambio climático. En los últimos cinco años, ha participado en el diseño y la implementación de evaluaciones de impacto para numerosos proyectos agrícolas y de recursos naturales en toda la región de ALC, incluidos proyectos de sanidad animal y vegetal en Brasil y México, programas de extensión agrícola en Guyana y Argentina, y un programa de protección costera en Barbados. Actualmente, su trabajo se centra en la incorporación de datos y metodologías innovadoras en las estrategias de evaluación para captar todas las dimensiones posibles del impacto – económica, social y ambiental – con el objetivo de mejorar la efectividad de futuras intervenciones. Antes de unirse al BID, Maja obtuvo un doctorado en economía de American University, y trabajó con la ONG Impact Network para evaluar su programa de escolarización en zonas rurales de Zambia.

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