Desde 1993, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha buscado promover y llevar a la práctica el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y equitativo de los beneficios resultantes de dicho acceso. El resultado más importante ha sido el establecimiento, en octubre de 2014, del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización (ABS, por sus siglas en inglés). En este campo, Brasil, consciente de ser uno de los países más mega-diversos que alberga significativas riquezas de recursos genéticos y culturales, ha sido pionero en la implementación de un mecanismo de ABS a través de una Medida Provisional que entró en vigor en 2001.
Dicha disposición ha permitido regular el acceso a los recursos genéticos y garantizar que los beneficios sean compartidos de manera equitativa entre los usuarios y aquellos que proporcionan los recursos o contribuyen con conocimientos tradicionales asociados a éstos (CTA). Durante más de una década de aplicación, el mecanismo logró cerca de 1.000 autorizaciones de participación y casi 150 acuerdos de distribución de beneficios, arrojando a su vez lecciones muy importantes. Por ejemplo, en 2011, una gran empresa de cosméticos brasileña trabajó con 32 comunidades indígenas que representaban a 3.235 familias para definir, de forma conjunta, como compartir los beneficios. En casos de uso de recursos genéticos, la distribución de los beneficios monetarios estuvo ligada al desarrollo y al uso efectivo de materias primas en los productos de la empresa. Los ingresos totales de estas comunidades llegaron hasta los 10 millones de reales, de los cuales 1,6 millones fueron de reparto de beneficios por la utilización de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados.
De la experiencia de casi 14 años, y de las críticas y aportes de los interesados, quedó clara la necesidad de un marco legal con procesos más modernos y ágiles, que pudiera impulsar la investigación científica, el desarrollo y el uso económico sostenible de la mega-biodiversidad brasileña. Algunas referencias suponen más del 70 % de los medicamentos a base de plantas se han creado con la contribución de la CTA. Esto demuestra el potencial de un mercado libre de burocracia y que ejerce un reparto adecuado de los beneficios que se traducirá en sustanciales resultados para la ciencia y la tecnología, así como para la conservación de la biodiversidad.
De esta forma, tras varios años de discusiones públicas y búsqueda de un balance de intereses, Brasil logró finalmente aprobar una nueva ley de ABS que reemplazará la Medida Provisional a partir de noviembre de 2015.
Esta ley trae varias innovaciones: La creación de un sistema electrónico de registro para todas las solicitudes de investigación y desarrollo científico que implica el acceso a los recursos genéticos y de conocimientos tradicionales asociados (CTA). Según algunos especialistas involucrados en el proceso de discusión de la ley, dicho sistema debe reducir mucho la burocracia de los procesos de autorizaciones, visto como obstáculo desalentador especialmente para la fase de investigación. Al mismo tiempo, el sistema de registro funcionará como un mecanismo inteligente de control de ABS en Brasil, permitiendo la trazabilidad de la utilización de todos los recursos genéticos y los componentes de conocimientos tradicionales asociados. Otra de las novedades es el nuevo régimen de participación en los beneficios obtenidos a través del acceso a los recursos genéticos o CTA, mediante la creación de un Fondo Nacional para la Distribución de Beneficios (FNRB). La reglamentación de la ley determinará la forma en la que los beneficios llegarán a los proveedores, que podrían beneficiarse de los pagos por parte de los usuarios de hasta el uno por ciento de los ingresos anuales netos de productos comercializables basados en recursos genéticos nacionales o conocimientos tradicionales asociados. En algunos casos, como en la utilización de los conocimientos tradicionales, los proveedores identificados pueden elegir la forma de recibir el beneficio correspondiente.
La nueva Ley también prevé la creación de Protocolos Comunitarios, utilizados para capacitar a las comunidades tradicionales y empoderarlos en su diálogo con cualquier agente externo interesado en su conocimiento, mejorando la comprensión sobre sus derechos y obligaciones y reforzando la importancia de la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, en línea con los principios del Protocolo de Nagoya.
El resultado es una legislación nacional permanente que trata de superar los obstáculos y la burocracia de la normativa anterior y que, se espera, podrá impulsar nuevas oportunidades de acuerdos de acceso y participación en los beneficios en el marco del uso sostenible de estos recursos. Considerando que, en la práctica, la ley aún debe ser regulada para garantizar la materialización de los requisitos legales, ¿cuáles serían las prioridades de reglamentaciones inmediatas?
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Gracias por el artículo. Seria interesante estudiar los impactos del uso de los 10 millones de reales en la comunidad, y compararlo con otros casos de compartir los beneficios del uso de recursos naturales, por ejemplo regalías o pago por servicios ambientales. La historia demuestre que compartir los beneficios es necesario, pero no es suficiente, para impulsar un buen desarrollo sostenible local.