La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), requiere de consultas con los beneficiarios/afectados como parte del proceso de evaluación ambiental en operaciones financiadas por el Banco. Así también, la legislación ambiental en Bolivia reconoce la importancia de la participación ciudadana en procedimientos de decisión particular, relativos a proyectos, obras o actividades, siempre y cuando ésta se realice a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s). Consultas transparentes y significativas con las partes interesadas son la base fundamental para una toma de decisiones informada y para la buena gobernanza. También agregan valor real a los proyectos.
Durante el diseño del Proyecto de Mitigación de Riesgos de Inundaciones en la Subcuenca del río Rocha, Bolivia, fue necesario llevar a cabo un proceso de consulta en cinco municipios (Cercado, Quillacollo, Sipe Sipe, Vinto y Colcapirhua). Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) elaboró una estrategia de consulta utilizando la organización y estructura política – social que les permitió ser eficientes con los recursos y lograr una participación ciudadana y comunal significativa a través de autoridades municipales, juntas vecinales y representantes de las comunidades indígenas.
En el proceso de consulta participaron el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, a través de la Dirección de Cuencas, y los cinco municipios del área metropolitana, quienes están al tanto y tienen relación con varias organizaciones sociales, incluyendo:
- Sindicados Agrarios;
- Organización de Mujeres Bartolina Sisa;
- Juntas Vecinales y OTB`s; y
- Asociaciones de Productores y Asociaciones de Regantes.
Esta relación permitió que se identifique rápidamente la población beneficiaria y se planifique las consultas en el ámbito corriente en el que se desenvuelven, utilizando las reuniones ya planificadas o nuevas fechas acordadas, ambientes reconocidos y metodología de consulta apropiada, empleando incluso el idioma local (quechua) en las reuniones. La participación de mujeres también fue un hecho común en las consultas, representando el 34.4 %. Esto permitió optimizar el tiempo y cumplir con el objetivo de consultar a la gente pertinente.
La participación de las partes interesadas en un ambiente reconocido facilitó la expresión de consultas, inquietudes y el planteamiento de propuestas de solución a los mismos, logrando extender los beneficios del proyecto. Por ejemplo, se acordó aumentar el número de gaviones y compuertas, y mejorar la transitabilidad sobre los terraplenes. Todo ello quedo registrado en las actas que han sido firmadas y selladas por los participantes y las organizaciones a las que representan, permitiendo a los beneficiarios dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante el proceso de consulta.
En el BID estamos trabajando para mejorar nuestra interacción con los actores y con las comunidades en los proyectos de desarrollo. Todos los proyectos que financiamos y que conllevan un riesgo ambiental y social requieren consultas con las partes afectadas y la consideración de sus puntos de vista. En los proyectos financiados por el BID, la consulta a los actores es básicamente responsabilidad del prestatario, mediante la institución a cargo de la implementación del proyecto. Sin embargo, el BID retiene un rol complementario durante todo el ciclo del proyecto, aportando explicaciones, asesoramiento y apoyo.
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