No hay duda de que la tasa de reciclaje en nuestras ciudades puede aumentar, pero lo que no queda tan claro aún es cuál es el mejor mecanismo para lograrlo.
Muchas políticas han recurrido a soluciones económicas para incentivar los cambios de hábitos. Por ejemplo, el programa Limpinho 3R, permite a la ciudadanía acumular puntos intercambiables por servicios y bienes. En materia de incentivos económicos, Limpinho se enfoca principalmente en ciudadanos y hogares y no distingue entre tipo de material reciclable (papel, vidrio, plástico, etc.) Así, presenta un contraste con programas relativamente más expansivos, como el implementado en Ecuador a inicios del 2012: un impuesto “verde” de dos centavos de dólar aplicable a botellas de plástico (PET) no retornables.
Cuando se compra una botella de agua, el precio incluye estos USD $0.02 adicionales, por lo que el impuesto cae sobre el consumidor (quien es principal beneficiario de los impactos ambientales positivos del reciclaje). Si bien cada persona puede acercase a instalaciones gubernamentales o centros de acopio certificados para canjear botellas de plástico usadas, lo más común es que entran en juego actores claves en los sistemas de manejo de desecho en nuestra región: recolectores formales e informales (publicamos ya un post sobre su rol en el manejo de desechos).
Son estos actores los encargados de rescatar las botellas de la basura, de hogares o incluso de escuelas y colegios, para acumular un volumen rentable y venderlas a procesadores de mayor escala. Como resultado del impuesto, se estima que el valor de cada tonelada de plástico PET en Ecuador ha subido de USD$300 a más de USD$800, estimulando así el mercado de reciclaje. ¿Y quién, además del ciudadano común, puede recuperar el monto del impuesto? Dichos centros de acopio y empresas certificadas pueden presentar un registro del total de botellas recicladas al Servicio de Rentas Internas (SRI) y reclamar USD $0.02 por botella.
Según datos del Ministerio del Ambiente, en el 2012 el SRI recaudó USD $14 millones para sus arcas y devolvió USD $8 millones a tributarios. De los 1.4 millones de botellas producidas, se reciclaron oficialmente 1.1 millones—alrededor del 80%, cifra que se acerca a la meta oficial del 90%. Así, el impuesto ha sido exitoso por lo menos en dos medidas: recaudación fiscal y aumento en el volumen de botellas recicladas. En el mismo período, se formalizaron 16 nuevos centros de acopio y 10 empresas recicladoras (según la consultora local Sambito, existen 500 empresas recicladoras en el país). Pero el impuesto ha creado distorsiones: según el mismo SRI, en el mismo periodo se fabricaron menos botellas PET de las que se canjearon por $0.02, lo cual indica un ingreso de botellas desde países vecinos, o bien que se están canjeando botellas más de una vez antes de ser recicladas.
Como es el caso con otros impuestos “verdes” (ver, por ejemplo, el caso de tarifas preferenciales para energías renovables), encontrar el precio justo para alcanzar metas económicas y ambientales específicas nunca es tarea sencilla. De todos modos, cabe siempre preguntarse: ¿para quién es justo el precio? Un objetivo explícito del impuesto es la inclusión social y el desarrollo de capacidades, no solo a través de la conformación de nuevas empresas sino al establecer un precio justo para recicladores en todo el sistema.
¿Qué efecto puede tener un impuesto sobre la informalidad? Vendrán algunas ideas en un próximo post.
Este post fue publicado originalmente en El blog de ciudades del BID, como la primer parte de una serie de dos. Para la segunda parte clique aquí.
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Foto: A finales del 2012, Ecuador recolectó 1,5 millones de botellas PET en 15 días, ganando así un récord Guinness. Credit: Eldiario.ec
*Por Patricio Zambrano-Barragán
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