A la fecha, Colombia ha acogido a más de 2.84 millones de migrantes venezolanos, de los cuales 1.2 millones se han beneficiado del aseguramiento en salud. Sin embargo, todavía existe un número importante de migrantes sin ser asegurados. Dado que esta población accede regularmente a los servicios de salud a través de servicios de urgencias que son mucho más costosos, y terminan siendo insuficientes para garantizar la cobertura de las necesidades de la población a largo plazo, se requieren esfuerzos mancomunados para garantizar el acceso efectivo de los migrantes al sistema. Solo para el 2021 la nación debía más de 407 mil millones de pesos por atenciones en urgencias correspondientes a población migrante venezolana (PMV). Si bien se han ejecutado esfuerzos para sanear esta deuda, el financiamiento de estas atenciones sigue siendo un desafío para el sistema de salud. ¿Qué estrategias se han implementado? Te lo contamos en este blog.
El Gobierno ha ejecutado acciones inmediatas y a largo plazo para proteger el derecho a la salud de la PMV
El gobierno colombiano ha buscado priorizar el derecho a la salud de la población, especialmente por medio del aseguramiento, el acceso efectivo a servicios y la cobertura de atenciones de emergencia. Con esto en mente, el gobierno se ha trazado dos grandes estrategias:
- La primera, de acción inmediata, es la atención por medio de servicios de urgencias y campañas de promoción, prevención (P&P) y vacunación, logrando hasta 5.576 campañas de P&P y la entrega de cerca de 400 mil dosis de biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
- La segunda estrategia del gobierno se ha enfocado en el aseguramiento y afiliación de la población migrante al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), donde ha alcanzado una meta de 1.269.245 migrantes afiliados, de los cuales el 91% se encuentran en estado activo.
El sistema de salud presenta dificultades para garantizar el acceso por parte de la población migrante
A pesar de que se han logrado avances, todavía hay obstáculos que impiden asegurar el derecho a la salud. Uno de los mayores obstáculos es el estatus migratorio irregular de muchos migrantes. A la fecha más de 1.9 millones de migrantes han regularizado su situación migratoria a través de la aprobación del documento correspondiente al Permiso por Protección Temporal (PPT). Esto cobra relevancia debido a que, si los migrantes no están regularizados, no pueden afiliarse a los servicios de salud, lo que afecta su capacidad para recibir atención médica. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el costo promedio de una atención de emergencia es más del doble del costo promedio de una persona afiliada al sistema de salud. De forma ilustrativa, si todos los migrantes no regularizados tuvieran que asistir por lo menos una vez al servicio de urgencias durante un mismo año esto costaría aproximadamente 2.6 billones de pesos, aproximadamente la mitad del presupuesto asignado a las carteras de algunos ministerios, como es el caso del Ministerio de Agricultura.
Dada la importancia y los efectos directos del proceso de afiliación sobre los costos para el sistema de salud, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó un esfuerzo conjunto con Proyecto Semana, USAID y ACDI/VOCA para recaudar evidencia empírica sobre los fenómenos en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), consolidando así la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia para el año 2020.
Este instrumento recopiló información sobre la integración de la población migrante y el acceso a servicios de salud, resultados que se presentarán en este blog. Además, en temas de afiliación el BID, UE y AECID se encuentran ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de la Capacidad del Sector Salud Colombiano y Acceso a Servicios de Salud para Migrantes en el Contexto de COVID-19”, cuyo objetivo está dirigido a aumentar la afiliación de migrantes en el SGSSS y poder así garantizar su acceso al sistema de salud.
Existe una relación directa entre regularización, formalidad laboral, afiliación y acceso al sistema de salud
La información, obtenida en el 2020, mostró que más de la mitad (50,2%) de las personas encuestadas tenían un estatus migratorio irregular, y sólo el 31,4% estaban afiliados al sistema de salud. De los afiliados, el 21,3% estaban en el régimen subsidiado, el 9,9% en el contributivo y el 0,2% en algún régimen especial. El porcentaje de afiliados no mostró una gran diferencia por género (50,3% son hombres y 49,7% mujeres).
También se encontró que el 66,1% de las personas encuestadas no estaban afiliadas al sistema de salud, lo que genera preocupación por la falta de acceso a servicios de salud. La principal razón por la que la PMV reportó no estar afiliada es la falta de documentos (11,3%) y el desconocimiento del proceso de afiliación (5,2%). Esto estaba relacionado directamente con la condición migratoria, ya que el 62,2% de los no afiliados eran migrantes irregulares.
Por lo tanto, los datos demostraron la relevancia de regularizar a la población migrante y el proporcionarles acompañamiento e instrucción en el proceso de afiliación para asegurar que estén cubiertos por el sistema de salud. Además, los resultados sugieren que las políticas públicas se beneficiarían de un enfoque que, a la vez que procure la regularización, incluya el fortalecimiento institucional en los territorios y la divulgación de las rutas de afiliación. También es importante construir mecanismos que disminuyan las brechas de información para así reducir la desconfianza de la población al solicitar servicios de salud, como han mostrado algunos estudios. Para el logro de esto último, es necesario el fortalecimiento de las redes migratorias y organizaciones de base para así robustecer las estrategias de difusión de la información sobre el aseguramiento y el acceso.
Se requieren mayores esfuerzos para afianzar el acceso a servicios y la atención médica de la PMV
El acceso a los servicios de salud para los migrantes facilita la detección temprana de enfermedades, reduce el riesgo de contraer o diseminar enfermedades infecciosas, y promueve el control de patologías crónicas. La no afiliación al SGSSS tiene efectos negativos sobre el acceso a servicios de salud. Por ejemplo, el 67,3% de los encuestados percibe que es difícil o muy difícil el acceso a servicios de salud, este indicador es más alto para quienes no están afiliados (77,9%).
En cuanto a la atención médica, la encuesta indagó el uso de servicios de salud, 30 días antes de la aplicación de esta. Es sorprendente que de los migrantes que solicitaron atención solo el 24,5% lo hizo por medio del SGSSS a través de una institución prestadora de servicios, mientras que el 75,5% no la solicitó por medio del sistema. Al preguntarles por qué no acudieron a una institución prestadora, el 23% respondió que lo rechazaron por no tener Permiso Especial de Permanencia u otros documentos.
El acceso limitado a la atención médica y la falta de afiliación pueden afectar más a las mujeres, especialmente durante el embarazo, y esto varía según su estatus migratorio. Solo 6 de cada 10 mujeres migrantes embarazadas asistieron a los controles prenatales. El 79,4% de las mujeres migrantes con un estatus migratorio regular asistieron a los controles prenatales, en comparación con solo el 50,6% de aquellas en situación migratoria irregular. Estos datos muestran que es importante establecer servicios de atención perinatal que incluyan consultas de control y prevención.
Finalmente, las dificultades al acceso al SGSSS vienen, regularmente, acompañadas por un contexto de pobreza. Existen estudios que exploran el efecto de doble vía entre la falta de aseguramiento y la pobreza, ejemplificado en que el 51,7% de los encuestados migrantes se encuentran en situación de pobreza multidimensional, de los cuales 85.4% también muestran limitaciones en el acceso a aseguramiento en salud. A lo anterior, se le suma que un cuarto de estos hogares sufre de inseguridad alimentaria severa.
Atender las necesidades del país y de la población migrante en temas de regularización y afiliación es una tarea compleja que requiere de coordinación entre múltiples actores nacionales. Los datos de base presentados en este blog han permitido alinear esfuerzos entre el Banco y el gobierno para apoyar distintas operaciones para mejorar las condiciones de vida de los migrantes, así como el acceso efectivo por parte de esta población y sus comunidades de acogida al sistema de salud.
¿Qué medidas se están implementando en tu país en relación con la salud y la población migrante? Cuéntanos en los comentarios.
Gracias por compartir esta información con el público. Es importante conocer cómo el Sistema de Salud Colombia ha adoptado políticas y herramientas para apoyar a la migración venezolana en el país. Además, del gran reto que tiene el sistema por garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a toda la población.
Excelente documento, me gustaria conversar con unos de los 3 soy de la frontera, docente investigador, con gran experiencia en salud y conocedor de la migración en el territorio.