Una lucha más fuerte contra el cambio climático

Las noticias provenientes de Bonn, donde el 18 de noviembre finalizó la última Cumbre del Clima de Naciones Unidas, difícilmente sean alentadoras. Aun suponiendo que los países respeten sus compromisos contraídos hasta la fecha para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura del planeta aumentará en al menos 3°C (5,4°F) este siglo, 1 grado centígrado por encima del acuerdo establecido en la Cumbre de París hace dos años.

Para poner este dato en perspectiva, durante los últimos 10.000 años –el tiempo que abarca toda la civilización humana y más– las temperaturas globales han fluctuado solo en torno a 1°C. Como comparación, la rápida industrialización del siglo pasado ha provocado un aumento de casi tres cuartas partes de esa cifra, es decir, 0,7°C. Se trata de un ritmo casi 10 veces más rápido que el que el planeta había experimentado durante los 5.000 años desde su emergencia a partir de la última edad de hielo. En ese contexto, un aumento de 3°C es casi inimaginable.

Pero incluso ese escenario parece optimista. Hasta ahora, la mayoría de los países del mundo no está cumpliendo sus promesas, poco ambiciosas, según Climate Action Tracker, un proyecto de tres organizaciones europeas independientes de lucha contra el cambio climático.

Insuficientes esfuerzos en materia de cambio climático

Junto con el resto del mundo, América Latina tiene que adoptar medidas más decididas. Según Climate Action Tracker, de seis países analizados en la región, solo los compromisos e iniciativas de Costa Rica se equiparan con el esfuerzo global necesario para que el calentamiento global se mantenga en los niveles acordados en París. Las acciones y políticas de Brasil, México y Perú se califican como insuficientes; las de Argentina sumamente insuficientes y las de Chile críticamente insuficientes, es decir: la calificación más baja.

No obstante, estos países han logrado progresos. Al fin y al cabo, Brasil estableció un modelo a seguir para los países tropicales cuando redujo su ritmo de deforestación en más del 75% entre 2004 y 2011. En su conjunto, la región ha incrementado su inversión en energías renovables 11 veces desde 2004, casi el doble de la tasa mundial, en parte como producto de nuevos sistemas regulatorios, de objetivos de energía renovable y de licitaciones especiales de generación eléctrica para promover las energías alternativas.

América Latina está atada a los combustibles fósiles 

Sin embargo, América Latina y el Caribe sigue atada a sistemas de energía en los que el 40% de la generación proviene del petróleo, el gas natural y el carbón. Por ejemplo, Chile ha sido uno de los principales mercados de energía renovable del mundo en los últimos años, ya que incrementó en gran medida su capacidad instalada en plantas solares y granjas eólicas. Sin embargo, el 44% de la generación eléctrica del país todavía proviene del carbón. Con la actual tasa de progreso, en los próximos 12 años ese cambio seguirá una tendencia descendente muy leve, a pesar del enorme potencial de las energías renovables. Entre tanto, en Brasil los combustibles fósiles están superando a las energías renovables en la mezcla energética del país, justo cuando se elevan los niveles de deforestación.

Desde luego, los países tendrán numerosas oportunidades para fijar objetivos más ambiciosos. En la próxima Cumbre del Clima, que se celebrará en Polonia el próximo año, se prevé que se debatirá sobre maneras de registrar de manera más adecuada sus avances, de revisar los mejores métodos, y de construir el escenario para lograr compromisos de mayor alcance en 2020.

Para optimizar cada vez más los compromisos, se requiere una planificación a largo plazo. En septiembre el BID lanzó una iniciativa dirigida a capacitar a expertos locales de círculos académicos y think tanks para que elaboren, a la medida de las condiciones de América Latina y el Caribe, sofisticados modelos de economías favorables al clima creados en América del Norte y Europa. Se espera que los modelos puedan ayudar a los responsables de las políticas públicas a decidir qué sectores de la economía hay que definir para reducir las emisiones, y qué tecnologías emplear en esa tarea. Entender los efectos macroeconómicos y sobre el bienestar de las decisiones de políticas públicas será igual de importante que entender las oportunidades y dificultades tecnológicas, como las reducciones del precio de la energía solar. El BID espera que estos modelos puedan ayudar a los países a definir caminos para cumplir con los compromisos de corto plazo que son compatibles con compromisos más ambiciosos de largo plazo.

Aún falta mucho para la adaptación 

Además de reducir las emisiones, América Latina y el Caribe debe prepararse para las nuevas realidades de un mundo con un clima diferente. La evidencia señala que la región todavía tiene un largo camino por recorrer en términos de preparación. La Iniciativa de Adaptación Global 2016, de la Universidad de Notre Dame, combina los datos sobre la vulnerabilidad de un país ante el cambio climático y su capacidad de apalancar inversiones para adaptarse, y clasifica a los países en términos de su resiliencia. Así, otorga a Noruega el lugar número 1 y a Somalia el último lugar, el 181. En esta clasificación, Chile es el primero en América Latina y el Caribe, con el número 28 (entre Bélgica e Israel) mientras que Brasil y México permanecen en el medio con 75 puntos, y Bolivia y Haití se encuentran cerca del final con 126 y 173, respectivamente.

Nuestra región enfrenta retos clave por delante en materia de cambio climático, y se espera que a lo largo del tiempo los países intensifiquen sus objetivos de lucha contra el mismo. Para que los responsables de las políticas públicas puedan establecer prioridades de manera efectiva, será fundamental trabajar con modelos climáticos construidos a la medida de las condiciones locales de la región. El proyecto del BID Senderos para la Descarbonización Profunda para América Latina y el Caribe desarrollará conocimientos expertos locales, y ayudará a fundamentar los esfuerzos de los responsables de las políticas públicas para cumplir con los objetivos actuales y a más largo plazo.