El año 2019 fue el año en que la ira causada por los problemas sociales se tomó las calles en América Latina y el Caribe. Tras el auge de las materias primas en la década del 2000, la pobreza y la desigualdad en la región habían disminuido, pero en los últimos años de bajo crecimiento ese progreso se estancó. Y eso llevó a que estallara la frustración de la población. En medio del alto desempleo juvenil y de los programas de ajuste impuestos por el gobierno, miles de personas se unieron en países que van desde Colombia hasta Chile para protestar por la enorme desigualdad entre ricos y pobres, y exigir mejores servicios y mayores oportunidades.
La crisis de la COVID-19, que ha desencadenado grandes pérdidas de empleo y cierres de empresas generalizados, así como fuertes caídas del PIB, no hará sino exacerbar esas tensiones, agudizando la pobreza y la desigualdad, y aumentando la creciente sensación entre los ciudadanos de que sus medios de subsistencia están en riesgo. Los formuladores de políticas deberán dar prioridad a la creación de mayores oportunidades, especialmente para los desfavorecidos, en la que es una de las regiones más desiguales del mundo.
Un informe publicado recientemente, Inclusión en tiempos de COVID-19, trata de proporcionar una guía sobre cómo puede llevarse esto a cabo, haciendo hincapié en las medidas cruciales que pueden adoptarse para aplicar políticas monetarias y fiscales, así como reformas de impuestos y gastos, abordando al mismo tiempo cuestiones de confianza ciudadana, cambio climático y desigualdades regionales.
En muchos países, una de las razones de la persistente desigualdad es un marco fiscal ineficaz, con niveles de gastos e ingresos fiscales relativamente bajos. En esos países se pueden aumentar los impuestos sobre la renta, especialmente ampliando la base tributaria. También se pueden aumentar los impuestos sobre el valor añadido para financiar los gastos en favor de los pobres. En los países con impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido más altos, los impuestos a la propiedad suelen ser bajos y pueden aumentarse de forma más progresiva. Por su parte, las autoridades deberían orientar el gasto público hacia la mejora de la calidad de la infraestructura y hacia la educación y la capacitación, que son medidas que estimulan el crecimiento y ayudan a las familias más pobres.
La política monetaria contracíclica con tasas de interés oficiales más bajas y grandes inyecciones de liquidez, también puede ayudar a combatir la profunda recesión en la que ha caído la región. La inflación debe mantenerse estable y baja, algo especialmente importante para los pobres, garantizando, en parte, la independencia y la credibilidad de los bancos centrales para que puedan alcanzar sus objetivos de inflación a un menor costo. También se debe procurar generar un mayor acceso al crédito y a los sistemas financieros reduciendo los gastos de inscripción y de puesta en marcha de los negocios, utilizando nuevas tecnologías como Fintech para que dichos sistemas sean más competitivos, y haciendo hincapié en la educación financiera. Los topes de crédito y de las tasas de interés bien calibrados y supervisados también pueden ser fundamentales para impulsar la inclusión financiera.
En América Latina y el Caribe existe más desigualdad regional dentro de los países que en muchas otras partes del mundo. La disparidad entre la región más pobre y la más rica de un mismo país explica hasta el 25% de la desigualdad entre las familias, y es casi tres veces superior a las de los países de la OCDE. Así pues, las transferencias de las regiones más ricas a las más pobres por parte de los gobiernos nacionales deberían formar parte de la combinación de políticas. Aun así, el problema está en los pormenores del diseño de las mismas. Las transferencias no deben crear incentivos contraproducentes que impidan a las regiones aumentar sus propios ingresos fiscales. En América Latina y el Caribe, las transferencias subnacionales suelen producirse mediante sistemas de coparticipación de impuestos en los que se tienen en cuenta criterios como el tamaño de la población, el PIB y la pobreza. Por el contrario, los países de la OCDE suelen emplear transferencias de igualación, que abordan las brechas fiscales, la diferencia entre las necesidades de gasto de una región y su capacidad fiscal (potencial para aumentar los ingresos). Este enfoque, según algunas estimaciones, podría reducir las disparidades fiscales subnacionales entre uno y dos tercios en América Latina y el Caribe.
Si bien la COVID-19 es el desafío inmediato que enfrenta la región, el cambio climático volverá tarde o temprano como una preocupación principal, y probablemente será considerado como el tema principal de la década. En los últimos 50 años, las temperaturas en la región se han calentado, y las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas indican que, para finales del siglo, aumentarán aún más, entre 1 y 4 grados centígrados. Esto implica una intensificación de las tormentas, las inundaciones y las sequías, que en algunos escenarios podrían acabar permanentemente con hasta el 2,2% del PIB de un país, con efectos desproporcionados en los segmentos más vulnerables de la población. El mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, necesita invertir en la mitigación y hacer una transición a un futuro con cero emisiones netas de carbono. Y la región tendrá que invertir en la adaptación. Por lo general, las personas más vulnerables a los efectos del cambio climático son también los más pobres. Ya que quizás residen en las viviendas más precarias, sin acceso a un seguro, ubicadas en zonas bajas propensas a inundaciones o en laderas empinadas en riesgo de deslizamiento. Los esfuerzos de adaptación que se centren en los más vulnerables también serán a favor de los pobres.
Otra dimensión es la confianza, ingrediente esencial para garantizar la eficacia de las políticas públicas en prácticamente todas las esferas. Desafortunadamente, menos del 40% de la población de nuestra región afirma confiar en sus gobiernos. La pandemia pone de relieve ese dilema actual. Si existiera mayor confianza, tal vez los confinamientos podrían ser menos severos, y al mismo tiempo tener efectos similares o incluso mayores en la reducción de la propagación del coronavirus. De hecho, la escasa confianza afecta de manera negativa la actividad económica. La inversión, la innovación y el crecimiento se ven obstaculizados por la falta de confianza entre los inversores y las empresas. Incluso la confianza interpersonal ha caído. Ha disminuido en todo el mundo del 39% al 23% en las últimas décadas, y se encuentra en un nivel aún más bajo en nuestra región con una tendencia descendente similar. Estas diferentes dimensiones de la confianza, entre el sector público, las empresas y los individuos, repercuten en la actividad económica y la inclusión. Lograr revertir la pérdida de la confianza es una labor que requiere tiempo y esfuerzo. Pero a ese respecto la pandemia puede crear oportunidades. Si los gobiernos aplican políticas eficaces y son transparentes en cuanto a los objetivos y los resultados, la superación de este gran reto podría suponer un poderoso impulso.
Las reformas a los sistemas judiciales que buscan hacerlos más eficientes y justos serán fundamentales cuando la región vuelva a la normalidad, al igual que mejores sistemas de información para aumentar el acceso al crédito, y normativas e incentivos para mejorar la gobernanza empresarial y los derechos de los acreedores. Es fundamental que los gobiernos sean transparentes al revelar sus planes a los ciudadanos, así como la forma de ejecutarlos y sus resultados.
La crisis de la COVID-19 representa un desafío que no se había visto antes, en muchas generaciones, en la región, ni en el mundo. Pero sus amenazas para la salud y la economía, y sus consecuencias especialmente graves para los pobres proporcionan una razón más que suficiente para redoblar los esfuerzos en aras a impulsar la inclusión y reducir la pobreza y la desigualdad. El bajo crecimiento y la desigualdad se pueden abordar de manera conjunta. El progreso simultáneo en ambos frentes mejorará enormemente el futuro de todos.
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