La educación superior en América Latina ha conseguido avances destacables durante los últimos 25 años. Un sistema de elite conformado por, como mucho, unas pocas decenas de universidades tradicionales en cada país se ha transformado radicalmente y ahora incluye cientos de nuevos institutos profesionales y escuelas técnicas y vocacionales. A la vez, la cantidad de alumnos matriculados aumentó notoriamente. Entre 1992 y 2012, el porcentaje de estudiantes en edad universitaria que asisten a instituciones de educación pos-secundaria subió de 17% a 43%. Sin embargo, esta democratización de la educación lamentablemente no ha sido acompañada por una mayor calidad. Al contrario, algunas de las nuevas instituciones, tanto con y sin fines de lucro, son costosas o de bajo nivel. Los graduados de algunas de estas casas de estudios terminan con empleos mal pagos, deudas enormes, y pocas oportunidades aun cuando las empresas se quejan de que no pueden encontrar los suficientes trabajadores con alta capacitación.
Parte del problema es una brecha de información. Los estudiantes que no pueden asistir a universidades tradicionales porque no cuentan con la preparación suficiente o no pueden afrontar los costos carecen de una guía para elegir entre la gran cantidad de otras ofertas. ¿Debería estudiar contaduría en una escuela profesional? ¿O me conviene más estudiar administración de empresas en una escuela técnica? ¿Debería matricularme para obtener un título de cuatro años? ¿O sacaría más provecho de un título de dos años que me permita conseguir un trabajo más rápido? Estas preguntas tienen un enorme impacto en el futuro de un estudiante. Pero sin datos accesibles y precisos, tomar la decisión se vuelve cada vez más difícil para un alumno secundario a punto de graduarse.
Los gobiernos pueden hacer un mejor trabajo en esta área, y ayudar a los estudiantes a encontrar coincidencias entre sus habilidades y la demanda laboral. Pero primero necesitan desarrollar cierta infraestructura. Eso significa crear un sistema basado en el mérito que use exámenes nacionales estandarizados al terminar la escuela secundaria, como parte del proceso de ingreso a universidades y otras instituciones de educación superior, como en el caso de Chile. Y significa poder llevar la cuenta de qué y dónde estudiaron los alumnos de nivel pos-secundario, y cuánto ganaban cuando ingresaron al mercado laboral (lo que suele requerir de datos fiscales más precisos). Combinada, esta información les permitiría a los gobiernos determinar los salarios promedio y las probabilidades de empleo para los graduados de cualquier institución de especialización y pos-secundaria en cada sector de la economía. A la vez, ayudaría a potenciales estudiantes de grado a conocer sus mejores opciones de carrera a futuro.
Hasta la fecha, Chile ha conseguido los mayores avances entre los países latinoamericanos en cuanto a tener esa infraestructura en funcionamiento. Tiene un sitio web gubernamental muy efectivo que brinda datos clave sobre opciones de carrera, instituciones pos-secundarias, posibilidades de empleo, ingresos y becas. Como un sitio web similar en Estados Unidos, la página chilena orienta a los estudiantes sobre las inversiones educativas que tienen más probabilidades de rendir frutos a largo plazo. De todos modos, como exploré en un estudio del BID realizado con Taryn Dinkelman, Claudia Martínez y Dario Romero, aún herramientas de alto calibre como estas pueden ser complementadas con buenas intervenciones de bajo costo que aseguren que los estudiantes reciben la información y que está diseñada para sus situaciones particulares.
Realizamos un experimento en Chile para comprobar exactamente cuán efectivo podía ser enviar mensajes más personalizados. Nos asociamos con una organización no gubernamental local, Fundación por una carrera, para reunir direcciones de email de estudiantes secundarios e información sobre sus preferencias de carrera y universidad en ferias escolares en vecindarios relativamente pobres del Gran Santiago. Luego usamos información del gobierno, accesible con facilidad, para enviar a los estudiantes emails personalizados con información sobre carreras, instituciones, ayuda financiera y retornos laborales.
Confirmamos que los mensajes individualizados pueden hacer la diferencia. Nuestros emails no tuvieron mucho impacto en las decisiones de los estudiantes de asistir a la universidad. Tampoco cambiaron la preferencia de los estudiantes por las escuelas tradicionales de mayor estatus. Pero sí afectaron las elecciones dentro del universo menos selectivo de institutos profesionales y escuelas técnicas y vocacionales, donde terminan estudiando muchos jóvenes pobres y donde los estándares y los retornos son mucho menos consistentes. Dentro de este grupo, nuestros emails tendieron a alentar a los estudiantes a inclinarse por instituciones de mayor calidad que las de sus preferencias iniciales. Los llevaron a optar por escuelas con menores salarios promedio y posibilidades de empleo al graduarse, pero con programas más baratos y cortos. Y los alejaron de instituciones con fines de lucro; en cambio, 8% de los estudiantes eligieron instituciones profesionales y 1% escuelas vocacionales o técnicas.
Por supuesto, los mensajes por email no son la herramienta perfecta. Sólo alrededor de 50% de los destinatarios abrieron nuestros emails. Consejeros universitarios podrían darles a los estudiantes consejos mucho más personales, directos, e incluso con mejor información. Pero contratar ese tipo de consejeros puede ser costoso a gran escala y su eficacia comparada con otros métodos no ha sido probada empíricamente. Mientras tanto, sitios gubernamentales bien diseñados y mensajes por email podrían ayudar especialmente a los estudiantes pobres y no informados que están a punto de tomar una de las decisiones más importantes y costosas de sus vidas.
También hay ramificaciones económicas más amplias. Actualmente, América Latina y el Caribe enfrenta una inmensa brecha de habilidades: según las Enterprise Surveys del Banco Mundial, 36% de las firmas se sienten en desventaja debido a una fuerza laboral que no está lo suficientemente preparada. La cifra se compara con 22% en África Sub-Sahariana, 17% en el Sur de Asia y un promedio de 15% en la OCDE. Ayudar a los estudiantes a tomar decisiones clave sobre educación superior, para que los recursos y habilidades sean utilizados de forma más eficiente, podría no sólo ayudar a nivelar el campo de juego para los estudiantes más pobres, aliviando la desigualdad, sino también alentar la innovación, la productividad y el crecimiento.
La brecha de habilidades y otros temas relacionados serán cubiertos en nuestro informe insignia “Aprender mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades”, que será publicado por el BID a mediados de año.
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