Investigadores al combate de la contaminación y las enfermedades

Los ríos están llenos de desechos cloacales y químicos agrícolas. En sus aguas fluyen detergentes, fertilizantes y agentes patógenos que diseminan enfermedades diarreicas, hepatitis y otras infecciones. América Latina posee casi un tercio de los recursos mundiales de agua dulce, con sus glaciares de alta montaña y grandes ríos como el Amazonas y el Orinoco. Pero, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la contaminación patógena y orgánica aumentó más de 50% en los ríos de la región entre 1990 y 2010, y hoy constituye una importante amenaza para la salud pública y la pesca en agua dulce, de la que dependen una gran cantidad de comunidades.

De todos modos, no es fácil llamar la atención sobre la contaminación del agua. Es menos visible y se siente de forma menos inmediata que la contaminación del aire, que se manifiesta como smog y genera dificultades respiratorias. Las comunidades afectadas también pueden no ser conscientes de sus efectos a largo plazo y su conexión con la salud a largo plazo y la mortalidad infantil. Allí reside la tarea del investigador. En ausencia de mejores medidas ejecutivas y legislativas para combatir la contaminación del agua, los investigadores pueden jugar un papel clave al resaltar la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas urgentes.

Aquí, un riguroso diseño de investigación y los modelos económicos pueden hacer la diferencia. Por supuesto, realizar estudios aleatorios controlados no sería ético. Ningún investigador responsable podría concebir la idea de exponer a una comunidad a la contaminación y brindarle agua cristalina a otra, para estudiar los impactos a largo plazo. Pero los estudios históricos pueden aportar datos valiosos, asumiendo que se dispone de buenos archivos de datos sobre las condiciones del agua, y los modelos económicos pueden controlar una serie de factores que pueden echar sombras sobre la relación entre la contaminación y las enfermedades.

Ese fue el desafío para Shareen Joshi, una profesora asistente de Economía en la Universidad de Georgetown, que hizo una presentación en un seminario del Departamento de Investigación del BID, cuando analizó el impacto que tuvo un caso de contaminación del agua en 1987 sobre la mortalidad infantil a lo largo de la cuenca del río Ganges en India, Joshi y sus coautores en un artículo sobre el tema, Quy-Toan Do y Samuel Stolper, tomaron como punto de partida una decisión histórica de la Corte Suprema de India que obligó a 87 curtiembres que generaban altos niveles de contaminación en el Ganges a contaminar menos o cerrar sus puertas. El caso fue célebre: lo presentó un abogado indio luego de que al tirar un fósforo en las aguas del río contaminado con químicos se prendiera un fuego que duró 30 horas. Además, India era un excelente lugar para realizar un estudio de este tipo. La Organización Mundial de la Salud estimó en 2004 que más de 3 de cada 1000 niños indios menores de 5 años murieron debido a la contaminación del agua. Y el país tiene un sofisticado sistema de monitoreo del agua a lo largo del Ganges, que mide desde el flujo y la temperatura del agua hasta los niveles de los distintos contaminantes.

Sin embargo, el objetivo que se propusieron los tres investigadores —conectar los cambios en la contaminación con la mortalidad infantil— era inmenso. Tras la decisión de la corte, 20 de las curtiembres cerraron. Muchas otras establecieron plantas de tratamiento primario conectadas a instalaciones comunes de tratamiento de aguas residuales. Pero aun contando con información sobre fechas de nacimiento y fallecimiento de niños pequeños a lo largo del río para establecer la correlación con menores niveles de contaminación, había muchos otros factores potenciales que podían explicar la reducción de la mortalidad infantil. Entre otros, la riqueza y la urbanización crecientes, que están relacionadas con el acceso a servicios de salud. También existe la posibilidad de que la decisión de la corte hubiera generado una mayor concientización, llevando a la gente a instalar sistemas de filtros en el hogar, y una serie de otros factores conocidos y desconocidos. Para controlarlos, los investigadores debieron usar variables instrumentales, que sirven como parámetro para las que no se pueden medir. Y para eso eligieron niveles de contaminación a 100 kilómetros río arriba de las curtiembres que cerraron, donde los aumentos en la contaminación no tendrían efecto sobre la mortalidad infantil río abajo del lugar donde se redujo la contaminación.

Finalmente, los investigadores lograron mostrar que la decisión de la corte y la subsiguiente reducción de la contaminación tuvieron un fuerte impacto. Se redujo la probabilidad de que las aguas del río excedieran la calidad de baño en 40-60 puntos porcentuales y se registró una caída de 50% en la mortalidad infantil un mes después del nacimiento. También muy importante, su estudio ilustró que cuando se analizan relaciones complejas como la que existe entre la contaminación del agua y la mortalidad infantil, hay mucho trabajo por hacer con los datos. Eso significa no sólo tener excelentes sistemas de monitoreo de la contaminación y archivos confiables sobre nacimientos y fallecimientos. También significa usar un modelo riguroso que pueda monitorear efectivamente los amplios factores que enturbian la relación entre contaminación, enfermedades y muertes, y brindar un panorama claro de la efectividad de una intervención de políticas.

Hoy, alrededor de 25% de los ríos de América Latina están severamente contaminados con agentes patógenos, relacionados principalmente con desechos cloacales no tratados. Hasta 25 millones de personas corren riesgo de contraer enfermedades relacionadas con la contaminación. Como en India, un mejor tratamiento cloacal y mejores inspecciones, dispuestos por iniciativas de los poderes ejecutivo y legislativo, suelen no resultar efectivos. En este contexto, las decisiones judiciales podrían brindar un remedio. También pueden generar títulos en los medios, lo que pone más presión sobre los ciudadanos locales, las firmas y otros interesados para tomar más medidas para purificar las aguas. Investigaciones rigurosas podrían sumar presión, y a la vez brindarles a los gobiernos una visión, basada en la historia, de lo que se puede hacer.