El lugar en el que viven las personas es importante para su bienestar físico. Incluso dentro de un mismo país, los residentes de diferentes ciudades pueden tener, en promedio, una mejor o peor salud, en parte debido a las políticas públicas adoptadas por sus gobiernos municipales.
Tomemos como ejemplo la esperanza de vida en América Latina. La diferencia entre las esperanzas de vida más altas y las más bajas en las zonas urbanas en Argentina, Chile y Ecuador es de unos dos o tres años, como observamos en el gráfico 1, que examina la esperanza de vida en 188 ciudades de cinco países latinoamericanos. Esto es similar a la diferencia a nivel de país entre Estados Unidos y Brasil en 2015. La brecha entre zonas urbanas es mucho mayor en los países más grandes de la región, llegando a 13 años en Brasil y a 17 años en México, comparable a la diferencia a nivel de país entre Estados Unidos y Haití en 2015.
Gráfico 1. Diferencias en la esperanza de vida en ciudades de cinco países latinoamericanos
¿Qué pueden hacer los gobiernos locales para mejorar los resultados en materia de salud? En muchos países de la región, los gobiernos de las ciudades están limitados legalmente en su capacidad de invertir en materia de salud pública, tales como mejoras de la cantidad y la calidad de infraestructura de salud, equipos, suministros y personal. También tienen limitado acceso a instrumentos de política que podrían ampliar el acceso de los ciudadanos a seguros de salud. Pero, según se analiza en un reciente documento de trabajo del BID, existe una serie de políticas públicas al alcance de las herramientas y facultades legales de los gobiernos locales que pueden tener efectos importantes sobre la salud de sus ciudadanos.
Dos inversiones públicas locales que entran en esta categoría son saneamiento y agua potable. Esto se muestra en el gráfico 2, que utiliza datos de 81 ciudades en Brasil y de 63 ciudades en México. En ambos países, la conexión al alcantarillado y al agua corriente está positivamente correlacionada con la esperanza de vida, en consonancia con muchos estudios que muestran el mismo efecto positivo de estos servicios en la salud. Por ejemplo, el acceso al alcantarillado reduce la incidencia de la defecación al aire libre, que provoca una mayor mortalidad infantil, sobre todo en lugares con alta densidad de población. Completar bien estos proyectos es fundamental: mientras que los proyectos de alcantarillado, cuando se completan, pueden reducir la mortalidad de los menores de cinco años, los proyectos interrumpidos o abandonados pueden, en cambio, provocar un aumento de la mortalidad infantil, debido a la mayor exposición de los niños a enfermedades transmitidas por el agua. En la misma línea, investigadores han demostrado que mejoras el suministro de agua potable condujo a una menor mortalidad infantil local en Argentina, Brasil y Colombia, y a una menor incidencia de diarrea y fiebre tifoidea en otros países en desarrollo.
Gráfico 2. Correlaciones de la esperanza de vida en ciudades de cuatro países latinoamericanos
Las inversiones en transporte público también pueden contribuir a mejorar la salud local. Un estudio reciente examinó 58 nuevos sistemas de metro que se abrieron entre 2001 y 2016 alrededor del mundo y descubrió que, en las ciudades con altos niveles de contaminación, estas aperturas condujeron a una reducción del 4% de las partículas, lo que evitaría entre 22 y 34 muertes de niños por año en las grandes ciudades. Otro estudio, centrado en las ciudades de América Latina, muestra que cuando mejora la disponibilidad de transporte público, hay una disminución significativa en las tasas de mortalidad infantil.
La ampliación del suministro de agua potable, saneamiento y transporte público suele implicar proyectos grandes, costosos y de varios años de duración. No obstante, hay una variedad de intervenciones de menor costo que también pueden mejorar los resultados locales en materia de salud. Por ejemplo, las políticas de zonificación pueden proteger a las poblaciones locales de la exposición a la contaminación atmosférica producida por vehículos y fábricas o de los peligros biológicos asociados con la proximidad de vertederos abiertos. La aplicación de normas relacionadas con la seguridad vial –como las leyes sobre el consumo de alcohol o sobre el uso del casco por parte de los motociclistas– puede contribuir a reducir considerablemente las lesiones y las muertes. Los formuladores de políticas públicas locales también pueden promover estilos de vida saludables mediante políticas como la construcción de parques públicos y otros espacios abiertos, y una planificación urbana que fomente la caminabilidad. Estas intervenciones tienden a tener un mayor impacto en las personas de bajos ingresos que tienen menos acceso a instalaciones de recreación privadas. A menudo, los gobiernos locales en América Latina y el Caribe tienen que sortear numerosas limitaciones presupuestarias y legales. Pero aún les quedan muchas opciones de políticas públicas que pueden aplicar para marcar una diferencia positiva en el fomento de mejores resultados en materia de salud entre sus ciudadanos. Y el hecho de que la pandemia de COVID-19 haya colocado a la salud pública a la cabeza de la lista de prioridades de política crea más oportunidades para buscar apoyo y lograr avances significativos y duraderos.
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