Big data: nuevas oportunidades y desafíos para la investigación urbana

Hace quince años, los investigadores se limitaban a utilizar encuestas, censos y datos administrativos básicos en sus estudios sobre las ciudades y las políticas locales. Pero esos métodos tenían grandes limitaciones. Las encuestas pueden ser extremadamente costosas, los censos pueden estar desactualizados y los datos administrativos a menudo no representan a la población en su conjunto.

Hoy vivimos en un mundo radicalmente distinto. Las nuevas tecnologías, que van desde teléfonos celulares, tarjetas inteligentes y redes sociales, hasta sensores de movimiento, drones e imágenes y búsquedas en Google, ofrecen enormes cantidades de información pormenorizada en tiempo real. Eso ha revolucionado las posibilidades de aprender de todo, desde vivienda y transporte hasta comercio interurbano. Ha ampliado enormemente las oportunidades de comprender y mejorar el entorno de las ciudades.

Nuevos desafíos de privacidad

No obstante, estas nuevas oportunidades suponen nuevos y significativos desafíos. Tal vez el más importante es que la adquisición y el uso de cada vez mayores cantidades y tipos de información pueden tropezar con problemas de privacidad. Los datos de los registros de llamadas de teléfonos celulares, los sensores de movimiento y los sistemas de posicionamiento global (GPS), para citar un ejemplo, pueden revelar dónde viven y trabajan las personas, dónde compran, con quién se reúnen y qué tipo de transporte y rutas utilizan cuando se desplazan. En pocas palabras, estos datos pueden exponer detalles íntimos y personales que la mayoría de las personas preferirían mantener confidenciales.

El desafío para los investigadores es encontrar formas de usar la información para mejorar las políticas públicas y al mismo tiempo tratar de asegurar la protección de la identidad de las personas.

Una solución implementada por diversas instituciones que manejan datos confidenciales del público, como la Oficina del Censo de Estados Unidos, es operar centros especiales para datos donde los investigadores pueden utilizar grandes bases de datos de las agencias estatales y federales en un entorno altamente controlado que garantiza que las identidades no sean reveladas. Esos servicios podrían establecerse o ampliarse en instituciones gubernamentales de toda América Latina, en universidades y en bancos multilaterales. El potencial de llevar a cabo investigación urbana bajo dichas medidas de protección -y sus posibles beneficios para mejorar intervenciones políticas- es enorme.

Varias ciudades de todo el mundo están empezando a aprovechar algunas de estas oportunidades. Algunos de estos casos fueron presentados en septiembre del año pasado en un taller durante la Sexta conferencia de investigación en urbanización y reducción de la pobreza, organizada conjuntamente por el BID, el Banco Mundial, la Universidad George Washington y el Centro Internacional de Crecimiento.

Big data que mejora la gobernanza local

Un ejemplo es el gobierno local en Cape Town, Sudáfrica, que ha puesto en práctica una estrategia integral de datos en los últimos años. Esto ha implicado invertir en infraestructura de computación junto con personal competente y la introducción de innovaciones tales como un “sandbox” de datos.  Se trata de un espacio en el que bases de datos muy completas de diversas fuentes se ponen a disposición de científicos e ingenieros de sistemas para que las usen en la resolución de problemas de política pública en áreas que van desde el mercado laboral hasta la adaptación al cambio climático.

Este enfoque basado en datos ya ha demostrado ser de vital importancia. Cuando la ciudad en 2017 se enfrentó a la posibilidad de quedarse sin agua, integró información de sensores a nivel de presas y de medidores de agua a nivel de hogares con infografías personalizadas para cada hogar, a fin de persuadirlos para hacer su consumo más sostenible y evitar así las consecuencias de la sequía. El gobierno local también ha utilizado una combinación de datos satelitales, demográficos e históricos sobre invasiones de tierra para calcular la probabilidad de que parcelas específicas de tierra sean invadidas por ocupantes ilegales.

En Lagos, Nigeria, grandes bases de datos también han ayudado al gobierno local a eliminar rotondas y cruces de tráfico innecesarios, así como a construir puentes peatonales y optimizar el diseño del sistema de bus de tránsito rápido. Mientras tanto, las autoridades locales han introducido sistemas de información para pasajeros, que permiten a los usuarios obtener valiosa información en sus teléfonos, incluida la ubicación de los autobuses y sus salidas y llegadas previstas. Esas mejoras han aliviado la congestión del tráfico y han generado ahorros monetarios y de tiempos de viaje.

Aún queda mucho por aprender. Ahora podemos usar datos satelitales de luminosidad urbana para medir la intensidad de la actividad económica local en diferentes áreas de una ciudad; los datos de las tarjetas de crédito para comprender mejor la distribución de la actividad económica entre ciudades y dentro de ellas, y redes sociales para entender mejor el sentimiento ciudadano, posiblemente incluyendo el surgimiento de protestas violentas, como las que estallaron en América Latina el año pasado.

Los desafíos de la protección de la privacidad en América Latina

No todo lo anterior utiliza información confidencial, por supuesto. Pero gran parte sí, y los riesgos de invadir la privacidad se hicieron contundentemente evidentes en septiembre de 2019, cuando el fallo de un servidor no seguro dirigido por una empresa de marketing y análisis reveló enormes cantidades de datos de casi todos los ciudadanos ecuatorianos, incluyendo sus nombres, fechas de nacimiento, números de identificación tributaria e información de empleo.

Es importante reconocer que varios países de América Latina, entre ellos Brasil, Chile, Argentina y México, han emprendido reformas encaminadas a establecer regulaciones generales sobre la protección de datos que estén alineadas con las de la Unión Europea y, de paso, a mejorar el comercio con los socios de la UE. Como lo revela un reciente análisis del BID, en 2018, Brasil aprobó un proyecto de ley para crear una autoridad nacional de protección de datos. La ley también obliga a las empresas y organismos públicos que manejan datos públicos a nombrar a un funcionario de protección de datos e impone multas por incumplimiento de hasta el 2% de los ingresos brutos. México, que aprobó una ley de protección de datos en 2012, procesó más de 140 casos entre junio de 2012 y junio de 2017, multando a las empresas infractoras con unos US$17 millones.

Soluciones como la creación de centros especiales para datos, con rigurosos protocolos de privacidad como los requeridos por la Oficina del Censo de Estados Unidos e instituciones similares alrededor del mundo, calzan bien en esta tendencia. Si dichos centros se establecieran más ampliamente en universidades de investigación, instituciones multilaterales y otros centros de investigación, facilitarían que los investigadores utilicen las grandes bases de datos disponibles en ciudades de América Latina y el Caribe, tanto para ayudar a países específicos como para extraer importantes lecciones sobre la dinámica social y económica de toda la región. Podrían acelerar innovaciones en políticas públicas urbanas sin dejar de proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos.