El rápido cambio hacia la banca digital en la última década en América Latina y el Caribe, una región históricamente marcada por la exclusión financiera, ha creado nuevas oportunidades para la concesión de créditos a poblaciones desatendidas. Pero la transformación, acompañada de una reducción de la infraestructura bancaria tradicional, como las sucursales físicas, no está exenta de riesgos y desafíos.
Según un informe del BID, el ecosistema fintech de la región creció un 112% entre 2018 y 2021, con un crecimiento especialmente fuerte en América del Sur, que, junto con la transformación digital de los bancos, ha ampliado considerablemente el acceso al crédito. Este cambio en la tecnología financiera ha sido de vital importancia. Las nuevas plataformas bancarias digitales han permitido a las instituciones financieras llegar a personas de regiones remotas y de bajos ingresos que tradicionalmente estaban excluidas de los mercados formales de crédito. En Brasil, por ejemplo, los prestamistas digitales han empezado a utilizar modelos alternativos de puntuación crediticia basados en datos no tradicionales, como el uso del teléfono móvil y la actividad en las redes sociales, para evaluar la solvencia. Esto ha permitido a consumidores y microempresarios, que no cuentan con un historial crediticio tradicional, acceder a préstamos, ampliando de hecho el grupo de prestatarios potenciales y fomentando una mayor inclusión financiera.
Costo del crédito en la era digital
La transición a la banca digital también ha influido en la estructura de costos del crédito en América Latina. En un sector con una importante concentración de cuotas de mercado en la cúspide, la disminución en el número de sucursales locales de los grandes bancos ha afectado el costo del crédito, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La reducción de sucursales físicas ha provocado una menor competencia bancaria local, lo que puede aumentar los costos de los préstamos para las pymes. Por otra parte, el auge de la banca digital ha contrarrestado esta tendencia al reducir los costos operativos de los prestamistas, lo que les permite ofrecer tasas de interés más competitivas, especialmente en países como México y Colombia donde la innovación en tecnología financiera es sólida.
Pero si bien el financiamiento digital ha contribuido a ampliar el acceso al crédito en determinados segmentos del mercado, también ha introducido nuevos desafíos en la evaluación del riesgo y la solvencia. Como señalamos en un reciente estudio del BID, el cierre de sucursales bancarias físicas puede provocar una disminución de la disponibilidad de crédito para las empresas locales, ya que estas sucursales suelen desempeñar un papel fundamental en la recopilación de información “suave” sobre los prestatarios, basada en las relaciones e interacciones personales, que puede ser extremadamente valiosa para evaluar el riesgo crediticio. Esto es especialmente problemático para las microempresas y las pequeñas empresas, que dependen en gran medida de las relaciones bancarias locales. Por el contrario, los prestamistas digitales tienden a utilizar métodos automatizados y basados en datos para la evaluación crediticia, los cuales pueden pasar por alto los matices del conocimiento local. El Banco Mundial también subraya que, si bien los modelos digitales de calificación crediticia son eficaces a la hora de recopilar y analizar datos, pueden excluir inadvertidamente a personas con una huella digital limitada, lo que puede dar lugar a sesgos y desigualdades en la distribución de créditos.
Riesgos de la transformación digital de la banca
La reducción en el número de sucursales bancarias físicas debido a la transformación digital también puede repercutir negativamente en las economías locales. Nuestro estudio examinó datos de empresas en municipios de Brasil donde la única sucursal local, normalmente propiedad de uno de los cinco grandes bancos, cerró durante la década de 2010. Observamos que estos cierres provocaron una reducción significativa de la actividad empresarial, el empleo y los salarios en los municipios afectados. Cerca del 1% de los establecimientos de empresas se vuelven inactivos tres años después del cierre de una sucursal bancaria, y la proporción de establecimientos inactivos aumenta del 1,2% al 8,4% entre cuatro y siete años después del cierre. Los salarios medios también registran una disminución, entre el 1,5% y el 1,7% en los tres primeros años. En cuanto al empleo, no se observa ningún efecto significativo a corto plazo, pero sí un efecto potencialmente negativo a largo plazo. Los tipos de empresas más afectados son las microempresas de sectores como el comercio, los servicios y la agricultura.
Estos resultados implican una desventaja importante de la transición hacia lo digital: a medida que la banca digital amplía el acceso en algunas zonas, puede debilitar simultáneamente el tejido económico local al reducir la disponibilidad de servicios financieros personalizados. Otro riesgo potencial procede del manejo de los datos de los clientes a través de canales digitales. El Banco Mundial advierte sobre los riesgos asociados con la privacidad de los datos y la ciberseguridad en la era de la banca digital, los cuales, si no se gestionan de manera adecuada, podrían socavar la confianza en los servicios financieros digitales. La reglamentación gubernamental debe adaptarse a la nueva realidad tecnológica con el fin de mitigar estos problemas.
Equilibrar la innovación digital con las necesidades locales
La transformación digital de la banca en América Latina ha provocado cambios significativos en el acceso al crédito, posibilitando la inclusión financiera al tiempo que genera desafíos relacionados con la evaluación de la solvencia y las repercusiones económicas locales. La clave para aprovechar las ventajas de la transformación digital, según sugieren investigaciones del BID y del Banco Mundial, reside en crear un equilibrio entre la innovación y la preservación de servicios bancarios locales esenciales basados en conocimientos relacionales que son difíciles de captar digitalmente. Los formuladores de políticas públicas deben garantizar que la transformación digital no se produzca a expensas de la salud económica de las comunidades locales y que los beneficios de un mayor acceso al crédito se distribuyan equitativamente entre todos los segmentos de la sociedad. La evolución de la banca en América Latina requerirá una adaptación continua, tanto por parte de las instituciones financieras como de los organismos reguladores. Esto es crucial para garantizar que la promesa de la inclusión financiera digital se cumpla plenamente sin consecuencias negativas involuntarias.
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