En el anterior blog de esta serie sobre la desigualdad urbana, abordamos cómo se mide este concepto a partir de dos de los cinco principios tradicionalmente asociados a la desigualdad urbana: (1) equidad espacial y (2) redistribución económica. En este blog continuaremos dando respuesta a esta pregunta abordando las otras tres dimensiones restantes: (3) sostenibilidad ambiental, (4) democracia institucional e (5) igualdad sociocultural, ya que, como hemos planteado, la desigualdad urbana debe entenderse desde sus múltiples dimensiones.
3. Sostenibilidad ambiental
Desde una perspectiva ecológica, la sostenibilidad ambiental y su gobernanza resulta imperante para avanzar hacia una mayor equidad urbana. Un primer indicador que aparece en la mayoría de las mediciones de desigualdad urbana es el nivel de contaminación al que se enfrenta la población. Sin embargo, la realidad ambiental es bastante más compleja.
Aspectos como la planificación de espacios públicos verdes, la gestión y depósito de residuos y la agricultura urbana cobran cada día más relevancia a la hora de abordar la medición de la desigualdad urbana desde una perspectiva ambiental. Todos estos factores adquieren especial importancia a la hora de prevenir y evaluar los niveles de riesgo y vulnerabilidad de los efectos derivados del cambio climático. Y con ello, no sólo nos referimos al aumento de los desastres socio-naturales, sino también a la estrecha relación que existe entre éstos y los niveles socioeconómicos de la población, y, por ende, de la desigualdad socioeconómica. Todo esto nos lleva a entender los procesos ambientales no sólo desde la anticipación, evitando la densificación en lugares que no son adecuados, sino también desde la resiliencia y posterior reconstrucción del tejido comunitario y urbano después del desastre.
En este sentido, el Programa BID de Rehabilitación y Vivienda en Asunción, Paraguay intenta abordar la dimensión ambiental de la desigualdad. Desde 2018, el programa ha intervenido zonas que han sido afectadas por inundaciones en períodos de crecida de ríos, donde habitan cerca de 42.000 habitantes. El objetivo de este programa es incrementar la resiliencia de la población ribereña, mediante la construcción y/o reubicación de viviendas de interés social, por encima de la cota de inundación.
4. Democracia institucional
El reconocimiento y la representación ciudadana forman parte fundamental de la desigualdad urbana. Es por ello que, para disminuir la desigualdad de cualquier tipo, tan necesario es abrir espacios institucionales para la democratización de las decisiones urbanas como la transparencia, la rendición de cuentas, las consultas ciudadanas o la implementación de presupuestos participativos.
Uno de los conceptos de gobernanza urbana ligada a la democracia participativa han sido los presupuestos participativos, donde la ciudadanía decide cómo se distribuye el fondo municipal. Sin embargo, estas experiencias, podrían ir más lejos y otorgar mayores libertades y responsabilidades a las comunidades locales, donde la co-producción y la colaboración puedan ser no sólo consultivas, avanzando a nociones de lo “común”, derivados de la articulación vecinal en una escala más barrial.
Otro de los puntos importantes en términos de la participación es el rol de la población en organizaciones sociales y comunales. Por ejemplo, en relación a la participación electoral, la brecha entre el quintil más rico y más pobre de la población es del 15 por ciento en ALC. Si bien esto no incide directamente en el modo de gobernanza, sí es considerado hoy un indicador de mayor equidad urbana especialmente en la escala local.
El Fondo Participativo de Inversión Social, desarrollado por Argentina junto al BID, es un buen ejemplo de democracia participativa. El programa se focalizó en barrios populares y desarrolló una metodología junto con organizaciones comunitarias de base con el objetivo de formular y ejecutar obras para la mejora de servicios, en donde se fortalecieron las capacidades locales de gestión de proyectos. El programa, que incluyó asistencia técnica, financió iniciativas presentadas por la comunidad tales como la construcción de establecimientos asistenciales, obras comunitarias, sistemas de agua o gestión de residuos hasta soluciones energéticas o soluciones de protección forestal.
5. Igualdad social
El reconocimiento por parte de la sociedad es uno de los componentes fundamentales para medir la desigualdad. Este reconocimiento, se puede definir como la consideración y valoración de la sociedad hacia los diversos grupos que han sido históricamente marginados.
En términos de género, una publicación del BID recalca la necesidad de pensar y entender las desigualdades de género que emergen en las ciudades. Éstos no sólo se ponen de manifiesto con elementos de violencia física y psicológica, si no también, en la participación de mujeres en la toma de decisiones urbanas, o su preponderante rol en las organizaciones vecinales, entre otros. Si bien este tipo de análisis se podría sectorizar en demasía, existen diversas formas de integrarlos desde la interseccionalidad. Las mujeres migrantes, por ejemplo, deben enfrentar profundos niveles de violencia y discriminación en su llegada a otras ciudades dadas su doble condición de mujer y migrante. La baja asequibilidad a una vivienda o los complejos trámites para alcanzar la formalidad laboral hacia este colectivo refleja una desigualdad estructural que puede ser en parte apoyada por una gobernanza urbana más inclusiva.
Respecto de otros grupos sociales marginados, estudios también señalan los vínculos entre infancia y desigualdad habitacional en América Latina y el Caribe, demostrando cómo más del 50% de niños y niñas entre 0 y 17 años habitan en condiciones de precariedad en términos de desnutrición, alta mortalidad, violencia intrafamiliar o bajos niveles de escolaridad, entre otros. La gobernanza urbana debe atender las urgencias experimentadas por quienes son el futuro de nuestras ciudades.
Por otro lado, en términos de raza, la población migrante o grupos étnicos minoritarios también sufren otras formas de desigualdad urbana. A los ya clásicos y urgentes niveles de desigualdad en términos habitacionales que sufren migrantes en las grandes metrópolis, se suma la necesidad de ir más allá de lo material y considerar los aspectos identitarios que forman parte de la diversidad que ofrece una ciudad, y donde la memoria colectiva es parte fundamental.
El fenómeno migratorio de los últimos años, ha desafiado a la región. El proyecto BID de Apoyo a la Integración Socio Urbana en Colombia, focalizado en la migración venezolana, apunta a disminuir la brecha de la desigualdad urbana desde un enfoque de equidad social. El programa busca implementar una estrategia multisectorial desde la dotación de servicios sanitarios, provisión de vivienda de interés público en conjunto con un plan de sensibilización institucional para el diseño de políticas enfocadas en la integración social.
Otro factor relevante es la seguridad. Las urbes en ALC requieren poner especial énfasis en este ámbito para avanzar de un modelo predominantemente punitivo y de control, hacia uno preventivo y de cooperación. Una reciente publicación del BID describe cómo la sobrerrepresentación de mujeres, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en barrios marginales, con sus altas tasas de homicidios y violencia, produce una violencia urbana crónica difícil de subsanar, especialmente en América Central.
En conclusión, la desigualdad urbana no sólo debe pasar de un paradigma cuantitativo a uno cualitativo, sino de uno relativo a uno relacional. Es decir, donde las relaciones de poder que ejercen entre sí los diversos grupos sociales, sus identidades y vínculos con las instituciones que gobiernan las ciudades, puedan dialogar en igualdad de condiciones, considerando las diferencias y fomentando la equidad, el reconocimiento y la participación. Esto nos invita a pensar en soluciones integrales, tanto desde la multisectorialidad como la multiescalaridad. La desigualdad urbana tiene un carácter tan doméstico como metropolitano o barrial.
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