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En el primer post de esta serie analizamos cómo las ciudades pueden contribuir a cerrar la brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC)—una brecha que alcanza los US$ 250 mil millones anuales—y revisamos la prometedora experiencia de Manizales (Colombia) para ilustrar cómo las contribuciones por mejoras pueden ser una fuente de ingresos para el financiamiento de infraestructura en las ciudades emergentes. Ahora analizaremos las asociaciones público-privadas como una alternativa para satisfacer la creciente demanda de servicios de infraestructura en nuestra región.
Los gobiernos sub nacionales que hayan agotado las fuentes tradicionales de ingresos (por ejemplo, impuestos locales; tarifas a los usuarios; y transferencias), pueden asociarse con el sector privado mediante Asociaciones Público-Privadas (APPs) para traer recursos, experiencia e innovación para la provisión de servicios de infraestructura.
Las APPs son contratos a largo plazo (por lo general duran entre 20 y 30 años) entre entidades públicas y privadas para la prestación de bienes o servicios. Bajo el esquema de una APP, los riesgos del ciclo del proyecto se transfieren al consorcio privado y los pagos se vinculan a la prestación del servicio, que usualmente los cubren los usuarios, el sector público, o una combinación de ambos.
Si la APP se articula correctamente, el consorcio privado tiene todos los incentivos para trabajar de manera eficiente durante el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto, reduciendo así sus costos sin afectar los estándares de calidad del servicio. Adicionalmente, los contratos de APPs minimizan la inversión pública inicial para proyectos de infraestructura, reduciendo la presión fiscal que usualmente acompaña las inversiones de capital. Dado el potencial de las APPs para la expansión de los servicios de infraestructura, las APPs sub-nacionales se están convirtiendo cada vez más populares en ALC, especialmente en Brasil.
Un informe reciente de The Economist Intelligence Unit estima que la mayoría de las APPs en Brasil entre 2006 y 2014 se concentraron a nivel sub-nacional—39% a nivel municipal y 55% a nivel estatal. Las APPs sub-nacionales en Brasil atienden una amplia variedad de sectores que van desde los residuos sólidos y educación hasta transporte y salud. Por ejemplo, la ciudad de Belo Horizonte—la tercera más grande de Brasil—tiene varios programas de APPs para el transporte, edificios gubernamentales y educación. De hecho, la primera APP para la educación en Brasil fue desarrollada con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el fondo del BID para el desarrollo de las APPs en Brasil. Una mirada más cercana a este último proyecto aclara por qué Belo Horizonte es referencia para otras ciudades cuando se trata de Asociaciones Público-Privadas para la educación.
APPs para la Educación: Belo Horizonte marca la pauta
En 2010, Belo Horizonte estableció el desarrollo infantil temprano (DIT) como una prioridad dentro de su amplia estrategia para mitigar la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, satisfacer la creciente demanda de servicios de educación inicial en la ciudad para la época (un estimado de 11.000 niños estaban en lista de espera en 2010) requería importantes inversiones para la construcción de escuelas; inversiones irrealizables por el gobierno municipal. Para superar los obstáculos financieros, el gobierno municipal recurrió a un esquema de APP.
Después de una licitación competitiva, la concesión de la APP fue otorgada al Consorcio Educar en 2012. Por un período de 20 años, el consorcio privado debe financiar, diseñar, construir, equipar, operar y mantener 32 nuevos preescolares y 5 escuelas primarias, alcanzando una inversión privada de US$ 80 millones. Al transferir al sector privado los riesgos de diseño, construcción y mantenimiento de las obras, el gobierno espera que el proyecto se desarrolle con la mayor eficiencia posible, disminuyendo los tiempos de construcción y los costos de mantenimiento a lo largo del ciclo del proyecto.
Escuela pública en Belo Horizonte. Foto: Banco Mundial
Según el contrato de la APP, el gobierno municipal debe pagarle al consorcio privado la prestación de servicios sobre la base de una evaluación de la calidad; identificar los sitios para la construcción de las escuelas; y la prestación de servicios educativos, incluyendo la contratación de maestros y monitoreo de la calidad educativa. Una vez completado, el proyecto beneficiará a unos 18.000 niños de bajos ingresos, brindándoles acceso a servicios de educación.
Lecciones aprendidas
A continuación, algunas lecciones sobre la experiencia de Belo Horizonte:
- Las APPs son una opción viable para la ampliación de la prestación de servicios en tiempos de restricciones fiscales.
- La distribución adecuada de los riesgos en una APP puede aumentar la eficiencia de los proyectos.
- Las instituciones multilaterales pueden desempeñar un papel importante en la expansión de las APPs a nivel sub-nacional.
- Las licitaciones competitivas y transparentes para las APPs pueden resultar en precios más eficientes.
¿Qué mecanismos de financiación de infraestructura está usando tu ciudad? ¡Cuéntanos!
Luis Schloeter
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Luis Schloeter joined IDB’s Emerging and Sustainable Cities Initiative in September 2015. Previously, he served as Regional Director of Ashoka Venezuela and Research Associate at MIT’s Poverty Action Lab. Luis specializes in fiscal decentralization, urban infrastructure finance and urban economic development. Luis has a MSc. of Urban Economic Development from University College London (UCL) and a Master of Urban Planning with a specialization in International Development from New York University (NYU).
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