Existe la oportunidad de hacer frente al cambio climático, es cierto. Según el IPCC, la próxima década es decisiva para ver si los países pueden actuar con la rapidez suficiente para poner en marcha planes de adaptación a este reto cada vez más complejo: la crisis climática. La brecha temporal se está cerrando y un “futuro habitable y sostenible para todos” podría perderse rápidamente si no actuamos con celeridad.
Las actividades humanas han calentado la atmósfera, los océanos y la tierra, provocando cambios generalizados en el tiempo y fenómenos climáticos extremos en todas las regiones del mundo. En América Latina y el Caribe (ALC), los Andes tropicales han perdido el 30% y más de su superficie desde la década de 1980. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 7,7 millones de personas experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria en 2021, sumado los impactos y consecuencias de los huracanes Eta e Iota. La “megasequía” de Chile, que dura ya 13 años, es la más larga de los últimos 1.000 años; las precipitaciones extremas causaron centenares de muertos y desplazaron a muchos miles; los corrimientos de tierras fueron mortales en Brasil; y el aumento del nivel del mar pone en peligro a las poblaciones costeras.
Nuestras estimaciones indican que los daños causados por el cambio climático podrían costar a la región 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2050. Por lo tanto, es urgente una acción climática por y para todos.
A través de la financiación concesional climática, los Bancos Multilaterales de Desarrollo como el BID y los Fondos Mundiales, incluido el Fondo Verde para el Clima (GCF), proporcionan financiación mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables a los países en desarrollo.
El BID como principal socio para el desarrollo en materia climática en la región
El BID esbozó el Plan de Acción sobre Cambio Climático 2021-2025 para responder a los complejos desafíos del cambio climático. Se necesitan varios tipos de recursos para impulsar la acción climática en ALC, y el BID se compromete a aprovechar cada uno de ellos según sus fortalezas. Para lograr este objetivo, los recursos de los socios, en particular los que son concesionales, pueden servir para superar las barreras a la inversión. En este contexto, el BID se convirtió en una entidad acreditada ante el GCF en 2015 para asociarse en la implementación de grandes proyectos guiados por las prioridades de los gobiernos de los países en desarrollo de América Latina y el Caribe. Como el mayor fondo climático del mundo, el GCF busca que sus decisiones de inversión sigan un enfoque de planificación y programación transformacional, catalizando la innovación climática, des-riesgando la inversión para movilizar la financiación a escala, e incorporando los riesgos y oportunidades climáticas en la toma de decisiones de inversión para alinear la financiación con el desarrollo sostenible.
La historia de éxito de esta asociación consiste en ocho proyectos y programas por valor de 762 millones de dólares en financiación del FVC más 964 millones de dólares en cofinanciación, que benefician a 11 millones de personas. Estos esfuerzos se han centrado principalmente en acciones de mitigación, especialmente en edificios, ciudades, industrias y electrodomésticos.
El caso de El Salvador y Argentina
El Salvador es el primer país centroamericano en acceder a los fondos del GCF con el apoyo del BID. En 2016, la Junta Directiva del GCF aprobó el proyecto de Seguro de Ahorro de Energía (ESI) para inversiones privadas en eficiencia energética por parte de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), cuyo objetivo es mejorar el acceso a la financiación de las PYME en El Salvador para sustituir motores, aire acondicionado, refrigeración y calderas de alto consumo energético, aumentando la eficiencia energética y desarrollando un nuevo mercado de servicios energéticos. Se espera que la reducción anual del consumo de electricidad sea de 36,5 GWh, lo que equivale a una reducción del 0,6% del consumo nacional de electricidad. En 2022, la reducción del consumo de energía de 39 PYME fue de 18,63 GWh, lo que supuso un ahorro nacional en el coste de compra de combustibles fósiles de 3,2 millones de dólares. Hasta la fecha, la reducción del consumo de energía es de 24,14 GWh, lo que representa el 66,1% del objetivo y genera un flujo adicional de 1,4 millones de dólares al año. La reducción anual del consumo energético de la cartera de subproyectos generó reducciones de GEI de 280.263 tCO2e durante la vida útil del proyecto. Además, se crearon 244 puestos de trabajo, de los cuales 48 fueron directos (43% para mujeres) y 196 indirectos (19% para mujeres).
El Gobierno argentino está aumentando la cuota de energías renovables en el mix energético del país hasta el 20% y reducirá el consumo de energía en un 5,9% para 2025. La línea de base en el país indica una capacidad instalada de energías renovables de 709 MW, según un informe de 2017 del MINEM. En 2018, el GCF aprobó un proyecto por 163,9 millones de dólares para promover instrumentos de mitigación de riesgos y financiación de inversiones en energías renovables y eficiencia energética. Desde el inicio del proyecto se han financiado cinco subproyectos de energías renovables, cuatro de biogás y uno de biomasa, y todos ellos están en funcionamiento, generando un total de 32.946 GWh de energía en 2021. La reducción prevista de las emisiones de GEI gracias a estos proyectos equivale a 27.017 tCO2e al año o aproximadamente 540.347 tCO2e a lo largo de los 20 años de vida del proyecto. El proyecto también se centra en la igualdad de género, con empresas dirigidas por mujeres y objetivos de empleo femenino para la línea de crédito. El estudio de referencia sobre género sentó las bases de este objetivo y las discrepancias de género son ahora mucho más visibles en Argentina y en la cartera de proyectos. Se realizaron esfuerzos para posicionar al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la entidad ejecutora, como líder en cuestiones de género.
No acaba aquí
El pasado mes de julio, la Junta del FVC aprobó el Programa de Movilidad Eléctrica para Ciudades Sostenibles en América Latina y el Caribe, que se espera que proporcione 450 millones de dólares en préstamos en condiciones favorables y subvenciones a nueve países: Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Se trata del primer fondo regional para promover la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde en la región. El BID aportará 200 millones de dólares de la financiación (195 millones en préstamos y 5 millones en donaciones), y el GCF aprobó otros 200 millones (145 millones en préstamos y 55 millones en donaciones). Se espera que los gobiernos de los nueve países beneficiarios aporten otros 50 millones de dólares en fondos de socios locales. Este es nuestro proyecto más recientemente aprobado en asociación con el GCF.
La financiación concesional está transformando la forma en que los países acceden a fondos y recursos. La concesionalidad facilita la acción climática de alto impacto en la región, realizando proyectos sobre el terreno que benefician tanto a las personas como al planeta.
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