Para República Dominicana, el cambio climático es un fenómeno con consecuencias de gran dimensión. Según el Índice Global de Riesgo Climático 2017 de Germanwatch, el país ocupa el puesto 11 entre las naciones más vulnerables al cambio climático. Una mayor intensidad y frecuencia de huracanes, períodos de sequía o lluvias extremas, y el aumento del nivel del mar son solo algunas de las amenazas a las que se enfrenta esta nación, cuya economía depende en gran medida del turismo y la agricultura.
En su iNDC, República Dominicana se comprometió a reducir sus emisiones para el 2030 en un 25% en comparación con el 2010, condicionado al apoyo internacional. Si bien el país representa menos del 0.1% de las emisiones globales y sus emisiones per cápita son menores que el promedio de la región, República Dominicana se ha propuesto esta meta ambiciosa porque reconoce que algunos sectores importantes de su economía están mostrando una tendencia al aumento de emisiones, como es el caso de transporte, energía, manufactura y construcción, entre otros.
La buena noticia es que el país ya dispone de una arquitectura institucional sólida, conformada por un ente de coordinación presidido por el Presidente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL). Además, cuenta con políticas públicas que promueven la alineación de los objetivos de desarrollo con las metas climáticas, como la Estrategia Nacional de Desarrollo y su eje sobre Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo. Sin embargo, es crucial poner en práctica los lineamientos e identificar la ruta crítica para traducir el objetivo del iNDC en acciones concretas de reducción de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático.
Con la voluntad de sumar esfuerzos a esta última tarea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidieron colaborar en República Dominicana con sus respectivas plataformas de apoyo a las NDC: el Fondo especial de la AFD para apoyar la implementación de la contribución nacional y NDC Invest del BID.
La primera actividad de la colaboración se enfocará en la gobernanza. Se identificaron varias pistas relacionadas al análisis de los sectores de energía, agricultura, turismo y residuos sólidos. Sobre esta base, la AFD y el BID priorizarán, con el CNCCMDL y sus miembros, el uso de recursos de donación de ambas facilidades con el fin de contar con los estudios y reportes que permitirán definir acciones de corto y mediano plazo.
Algunos estudios previos han establecido los costos de la adaptación al cambio climático en ciertos sectores de República Dominicana, alcanzando sumas importantes:
- Agua (2010-2030) costo incremental de USD 2,792.5 millones (dólares del 2005)
- Turismo (2005-2030) costo incremental de USD 358.3 millones (dólares del 2005)
- Implementación de acciones de mitigación (2010-2030) tendría un costo aproximado de USD 17,000 millones (dólares del 2010) en los sectores de energía, transporte, forestal, turismo, residuos sólidos y cemento.
Estas cifras, mas allá de alertarnos sobre la necesidad de tomar en cuenta el cambio climático como una amenaza a la agenda de desarrollo del país, nos demuestran que la coordinación será fundamental para evitar un uso ineficiente de los escasos recursos disponibles y una duplicación de esfuerzos. Las sinergias entre las agendas y entre los donantes serán un ingrediente decisivo del éxito de los países en la preparación e implementación de las NDC.
Excelente, estoy en promoción de una NAMA para el sector agrícola, necesitamos desarrollo rural y una agricultura climáticamente inteligente, el apoyo económico es crucial para alcanzar los objetivos y el vinculo con los ODS
gracias Jennifer por la síntesis expuesta.
Más de un mes ha transcurrido después de esta misión conjunta BID-AFD, y quisiera compartir un par de reflexiones:
1) los 2 fondos mencionados han de concebirse como trampolín para preparar expedientes que a su vez permitirán acceder a fondos de mayor envergadura.
2) lograrlo es un reto para las instituciones dominicanas e implica un desarrollo de capacidades (¿cómo lo medimos?).
3) priorizar la agricultura o el turismo puede terminar favoreciendo una élite empresarial; conviene asegurarse que las acciones financiadas tengan impactos específicos en las personas más vulnerables (campesinos, trabajadores del turismo que habitan en las costas, vecinas de barrios en riesgo, etc.)
Muchos saludos desde Bolivia.