De joven quise ser guionista de cine, pero acabé sólo de sociólogo. De esa época recuerdo una lectura sobre cómo debía ser toda buena secuencia de guion. Por ejemplo, en la trama clásica del “chico conoce chica”, primero se presentan y conocen los protagonistas, a continuación, les pasa algo, después riñen, se reconcilian o lo que sea, hasta el desenlace final (feliz, casi siempre). De mi breve y fallida carrera cinematográfica aprendí para mi oficio posterior sobre la importancia de respetar también un orden (lógico) en los proyectos ambientales y sociales, en donde los diagnósticos sean de calidad y participativos, los eventuales impactos sean adecuadamente ponderados y las medidas de mitigación incluyan propuestas claras, realistas, bien financiadas y apropiadas por los principales involucrados.
La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703) es muy clara en su Directiva B.5 cuando dice que todas las operaciones de mayor riesgo (Categoría A y B) deben contar con una Evaluación Ambiental y Social (EAS) y Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según la naturaleza y la importancia de sus impactos potenciales. Allí también se aclara que su elaboración e implementación son responsabilidad del prestatario, si bien es habitual que (con mucho gusto) desde la Unidad de Salvaguardias Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), les apoyemos para asegurar su cumplimiento.
Desde el BID insistimos desde hace tiempo en la importancia de ser integrador en la aplicación de las salvaguardas, poniendo en práctica un enfoque socio-ambiental que aúne los aspectos ambientales y sociales de cada operación.
Un asunto recurrente en los países de América Latina y el Caribe es que, en términos generales, las legislaciones y la práctica profesional en materia de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) suelen estar bastante consolidadas. Aunque con algunos altibajos y una eficacia desigual según países, existe consenso entre los especialistas de que las últimas décadas han sido de avances en estos temas en la región. Sin embargo, en la aplicación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS) relacionadas con proyectos de desarrollo, se puede decir que nos encontramos todavía en una de las primeras fases. Aunque hay algunas felices excepciones, en general, la legislación, las metodologías y la práctica profesional en estos temas continúa siendo limitada en la región. Respondiendo a la carestía de bibliografía en español que ayude a aplicar buenas prácticas internacionales, con el apoyo del BID, se tradujo recientemente el documento “Evaluación de Impacto Social: Lineamientos para la Evaluación y Gestión de Impactos Sociales de Proyectos”, elaborado por el profesor Frank Vanclay y editado por la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA).
Relacionado con lo anterior, es habitual que a menudo las Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social (EIAS) en América Latina y en el Caribe se hayan centrado sobre todo en los aspectos ambientales. Es común que, aunque en las portadas de las evaluaciones aparezca también la palabra “Social”, en las páginas interiores esto se concrete únicamente en algunas vagas referencias a los aspectos sociales en la línea de base, que se acaban diluyendo en recomendaciones genéricas en el PGAS. Dicho en otras palabras, a pesar de haberse añadido la coletilla “y social” al título, muchas de estas importantes herramientas de planificación y gestión continúan centrándose, casi en exclusiva, en los (siempre importantes) aspectos ambientales de los proyectos.
Para dar más estructura a los aspectos sociales de las EIAS aplicando un enfoque socio-ambiental, desde el BID hemos trabajado junto con el operador público argentino de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires AySA para el “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y los Partidos del Primer, Segundo y Tercer Cordón del Conurbado Bonaerense”. La experiencia piloto consistió en la contratación por parte del BID de una consultora social que ha estado integrada durante un tiempo en el equipo social de la Dirección de Medio Ambiente de AySA. Juntos han colaborado en cuestiones como:
- Reforzar el contenido de la línea de base social de las EIAS, añadiendo aspectos sociales a las ya pre-existentes ambientales (polvo, ruido, etc.)
- Medidas de mitigación y monitoreo específicas para las cuestiones socio-ambientales del proyecto
También se reforzaron otros aspectos como un procedimiento de gestión de quejas y reclamos, o las diferentes consultas significativas a realizar durante las fases de planificación, obra y operación del programa.
Retomando lo que decía al principio sobre la estructura de guion, las Evaluaciones Ambientales y Sociales deben aprender a unir mejor los aspectos socio-ambientales siguiendo una secuencia lógica. Además, los documentos de evaluación de impactos deben ser consistentes con su línea de base, sus matrices de impactos socio-ambientales y el análisis de las actividades de participación realizadas. Así es más probable que los resultados de nuestro proyecto tengan como desenlace el buscado “final feliz”.
Suerte!