América Latina y el Caribe es una superpotencia en biodiversidad: si bien representa el 16% de la superficie de la Tierra, alberga el 40% de la biodiversidad mundial. Posee la mitad de los bosques tropicales, es la mayor reserva de agua dulce y en ella habita el 12% de los manglares del mundo. Al mismo tiempo, la región tiene una de las mayores tasas de deforestación a nivel global y viene perdiendo su capital natural de forma acelerada. En 50 años ha perdido el 94% de su población de vertebrados y cuenta con el mayor número de mamíferos, plantas, peces y aves amenazados del mundo.
En la región, la destrucción de los ecosistemas boscosos se ha intensificado debido a la expansión de la frontera agropecuaria, mayormente para ganadería y cultivo de granos, impulsada por una creciente demanda global de alimentos y otros bienes. Este proceso ha llevado a que la expansión agropecuaria sea responsable del 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre de acuerdo con el último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica e IPBES.
En los últimos 20 años, la Amazonía ha perdido 37,1 millones de hectáreas de bosques nativos, el Gran Chaco Americano 10,8 millones, y el Cerrado 11 millones. Aunque la Amazonía presenta la mayor pérdida absoluta, el Gran Chaco Americano ha experimentado las tasas de pérdida relativa más altas. Argentina, Paraguay y Bolivia comparten el 99% de la superficie del Gran Chaco Americano. Entre 2001 y 2020, Argentina perdió 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño, lo que representa el 7,2% de la superficie de dicho bosque en su territorio. Paraguay y Bolivia han tenido pérdidas del 18,2% (4,9 millones de hectáreas) y 35,6% (4,4 millones de hectáreas), respectivamente.
En Argentina, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa, ocupando el 25% del territorio nacional y comprendiendo el 60% de sus bosques nativos. Entre 1996 y 2006, la pérdida de bosques nativos en esta región alcanzó casi 2 millones de hectáreas. Aunque la tasa de deforestación se desaceleró con la implementación de la Ley de Bosques en 2007, entre ese año y 2022 aún se perdieron 3,7 millones de hectáreas. En 2020, se perdieron 240.000 hectáreas de boques, debido en gran parte a incendios forestales para la preparación de áreas de pastoreo exacerbados por sequías. Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero representan el 85% de la superficie de bosques del Gran Chaco en Argentina y han perdido 3,2 millones de hectáreas en los últimos 15 años, lo que constituye el 87,2% de la deforestación total en la región.
Tasa anual de pérdida de bosques nativos de los departamentos con mayor deforestación
Fuente: BID, 2024
Según un estudio del estatus de la deforestación, este proceso se explica por una reconversión de la producción agropecuaria en la región. En las últimas décadas, parte del crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas se dio a través de un proceso de expansión del área de siembra hacia zonas hasta entonces marginales del Gran Chaco, con el consecuente reemplazo de bosques nativos y otros ecosistemas por áreas de cultivo. Se estima que entre 1990 y 2022 la superficie de siembra del Gran Chaco creció un 297%, muy por encima de la evolución observada a nivel nacional (100%) y en la región pampeana —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos— (89%). Además, entre 1980 y 2020 se relocalizaron más de 8,6 millones de cabezas desde áreas ganaderas en la región pampeana hacia la región del Gran Chaco o hacia sistemas más intensivos de producción (feedlot), lo que liberó unos 6,6 millones de hectáreas originalmente de uso pastoril para uso agrícola. Entre 2008 y 2020 el ganado en la región del Gran Chaco creció un 17% (1,6 millones de cabezas), mientras que el stock ganadero nacional y en las tres principales provincias de la región pampeana se redujo un 2% en el mismo período.
La pérdida de bosques nativos destruye los sumideros de carbono y aumenta las emisiones y, por lo tanto, agrava la crisis climática. La deforestación ha generado un aumento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y cambio de uso del suelo, las cuales pasaron del 39% en 2018 al 45% en 2020 del total nacional en Argentina. Dentro de esta categoría, las emisiones de la subcategoría “cambio de uso del suelo (pérdida de cobertura vegetal)” aumentó del 26% al 40%.
Frente a este escenario, crece la demanda por productos agropecuarios que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental en los mercados globales. Entre otros, los criterios incluyen sistemas de certificación voluntarios y normativas obligatorias como el Reglamento 2023/1115 (cadenas de valor libre de deforestación) de la de la Unión Europea (UE), que restringirá a partir de 2025 el ingreso de materias primas agropecuarias provenientes de áreas deforestadas. La UE es el segundo destino de exportación de bienes de Argentina. En 2022 el país exportó bienes por unos US$88.446 millones, de los cuales el 12,3% tuvo como destino al bloque europeo. Según estimaciones del BID, hasta 5% de las exportaciones del país estarían potencialmente afectadas por el reglamento mencionado. Tras 15 años de vigencia de la Ley de Bosques, si bien esta normativa ha logrado importantes avances, aún persisten desafíos significativos en su implementación. Asimismo, un reciente estudio del BID, señala que el bioma del Gran Chaco argentino precisa de una política integral que aborde los desafíos de conservación de los recursos naturales junto con el desarrollo productivo sostenible, superando los desafíos actuales y futuros. En este contexto, se recomienda:
- Fortalecer la aplicación de la Ley de Bosques: Mejorar la efectividad en el cumplimiento del ordenamiento territorial de bosque nativo y los mecanismos de control y fiscalización. Esto implica monitorear en particular las áreas de bosque de categoría II, donde se ha autorizado la práctica de sistemas silvopastoriles que han llevado al desmonte ilegal.
- La inversión en tecnologías y en la reconversión de tierras degradadas: Es imprescindible promover la investigación y el desarrollo de un sistema de producción que integre la conservación de los ecosistemas en los que se desarrolle. Adicionalmente, estas tecnologías deben apoyar la reconversión de áreas degradadas en áreas nuevamente productivas, para evitar la continua expansión de la frontera agropecuaria.
- Trazabilidad de cadenas productivas: Implementar sistemas de trazabilidad para mantener mercados de exportación y fomentar el desarrollo y la adopción de prácticas sostenibles en las cadenas agroalimentarias.
- Prevención y control de incendios: Fortalecer los servicios de manejo de incendios, así como el marco normativo y la fiscalización del uso del fuego con fines agropecuarios (preparación de pastoreo, limpieza de terrenos, etc.).
- Marco penal para la deforestación ilegal: Debatir, desarrollar y poner en vigor una normativa penal para contrastar la deforestación ilegal.
- Instrumentos financieros para la conservación: Crear condiciones habilitantes para que instrumentos innovadores puedan apalancar recursos adicionales utilizando entre otros los pagos por servicios ambientales, bonos de carbono y biodiversidad.
Estas recomendaciones específicas son coherentes con el cumplimiento de los más amplios objetivos del Acuerdo de París y del Marco Mundial de Biodiversidad. Para estos fines, los flujos de financiación destinados a soluciones basadas en la naturaleza deben casi triplicarse desde los niveles actuales hasta alcanzar US$ 542 mil millones por año en 2030 a nivel mundial. Adicionalmente, invertir en sistemas productivos que utilicen especies arbóreas nativas sin desmontar el bosque existente puede generar miles de millones de dólares de ganancia anual. En este sentido, es clave que Argentina integre el capital natural en las inversiones nacionales prioritarias y busque estructurar instrumentos financieros innovadores para apalancar recursos en el mercado financiero para la conservación de su riqueza natural.
Para finalizar, es importante señalar que la degradación de los ecosistemas pone en entredicho no solo el bienestar de todos y la seguridad alimentaria, sino la estabilidad de varias actividades productivas que dependen de la provisión de los servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hidrológico, la purificación del aire, la biodiversidad y el control de la erosión de los suelos. La mitad de la actividad económica mundial depende de los ecosistemas terrestres y marinos que proporcionan los alimentos, el agua, el aire limpio y los materiales necesarios para la vida cotidiana. Tres cuartas partes de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización. Adicionalmente, la agricultura, sin el escudo natural que proporciona la diversidad genética, es menos resistente a peligros como enfermedades, plagas, condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático. En este contexto, para seguir siendo un importante productor agropecuario, es imprescindible que América Latina revierta el proceso de declive de su biodiversidad y logre proteger uno de sus más importantes capitales naturales: el Gran Chaco.
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Es importante identificar que leyes se pueden aplicar para el cuidado del medio ambiente, también es una responsabilidad social la preservación de los recursos naturales y saber como intervenir ante las inclemencias del cambio climático.