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Comida en la mesa: políticas para preservar la seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití

April 3, 2023 por María Cecilia Deza - Marta Ruiz-Arranz Deja un comentario


En los últimos años, la inseguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana (CAPRD), México y Haití ha sido un problema latente y mayor que en el resto de América Latina y el Caribe (ALC). El 39% de la población de CAPRD se encontraba en esta situación, comparada con el 31,7% en ALC en 2019. CAPRD, México y Haití concentraban casi 40% de la población de ALC en inseguridad alimentaria moderada o grave.

La inseguridad alimentaria en CAPRD, México y Haití se ha agudizado en los últimos años, según un informe reciente del BID. La pérdida de ingresos de las familias por la destrucción de empleos durante la pandemia redujo la capacidad de compra y el acceso a alimentos, mientras que la paralización de actividades durante los confinamientos afectó la disponibilidad alimentaria. Como resultado, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave se incrementó a 42,1% en CAPRD en 2020, afectando a 19 millones de personas.

La reapertura de las economías se dio en un contexto de disrupciones en las cadenas globales de suministro, resultando en una escalada inflacionaria a nivel global. El desencadenamiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania a inicios de 2022 exacerbó esta tendencia al presionar al alza las cotizaciones de los insumos alimenticios.

En el país típico de CAPRD y México, las importaciones de maíz, arroz y trigo representan más del 40% del consumo de dichos productos. El consumo de fertilizantes en CAPRD es mayor al promedio de ALC y mundial. Como resultado, la inflación de transporte y alimentos, rubros que tienen un peso importante en la canasta de los hogares, viene en aumento. La inflación de alimentos registró niveles máximos en más de una década, y en algunos países ha afectado las expectativas inflacionarias, llevando a los bancos centrales a subir sus tasas de interés.

Los hogares sienten el impacto del mayor costo de vida

Pero tan, o más importante, es el efecto microeconómico del aumento del costo de vida. Entre el 30% y 40% de los hogares en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá señaló que su principal preocupación era la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas. En general, la inflación se ha posicionado como la principal preocupación de los hogares en Honduras, Nicaragua y Panamá. Los efectos de la inflación son sentidos desproporcionadamente en los hogares de menores ingresos, quienes destinan entre el 45% y 50% de su gasto a alimentos, comparado con el 35% y 40% en el quintil más rico.

Por ello, es de esperar que las tasas de pobreza monetaria aumenten a raíz del choque inflacionario, exacerbando los incrementos registrados tras la pandemia. Especialmente afectados serían los hogares donde la jefa de hogar es mujer, o donde el jefe de hogar trabaja en el sector informal u hogares en zonas rurales, exacerbando la desigualdad, causando retrocesos en los avances sociales y creando riesgos de descontento social, con consecuencias sobre otras dimensiones, como la utilización y estabilidad alimentarias.

Los gobiernos de la región reaccionaron con medidas de diferente alcance. Mientras que en República Dominicana y Guatemala el espectro de medidas fue amplio, en Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá las respuestas fueron más acotadas. Las medidas más utilizadas fueron la estabilización o congelamiento de precios de alimentos y combustibles, recortes de impuestos y el apoyo directo a hogares y al sector agrícola. El costo fiscal de las medidas se estima en 1,1% del PIB en promedio.

A pesar de que el índice de precios de alimentos de la FAO se ha normalizado desde máximos de marzo de 2022, todavía se encuentra por encima de lo observado 2021 y se espera que los precios de algunos alimentos se mantengan entre 15% y 40% por arriba de sus niveles pre-pandemia. La incertidumbre en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania es quizás el principal factor de riesgo para la seguridad alimentaria global. Otro riesgo son los desastres naturales y eventos del clima que introducen crisis alimentarias estacionales. Tal es el caso del “corredor seco”, que afecta a los países centroamericanos con periodos prolongados de sequías alternados con otros de fuertes lluvias. 

Políticas públicas para preservar la seguridad alimentaria

Preservar la seguridad alimentaria en caso de emergencia precisa de respuestas focalizadas de corto plazo. Por el lado de la demanda, algunas acciones a considerar son: fortalecer las redes de seguridad social a través de transferencias en efectivo utilizando medios digitales; otorgar transferencias en especie, como vouchers para la compra de alimentos; y reforzar los programas de provisión de alimentos a poblaciones vulnerables. Por el lado de la oferta, se puede apoyar la producción local de alimentos a través de la entrega de semillas e insumos agrícolas a pequeños productores, asistencia técnica, y el fortalecimiento de la capacidad de producción local de fertilizantes.

Adicionalmente, prevenir crisis futuras requiere de políticas estructurales, entre las que se incluyen: promover la inversión en bienes públicos favorables al desarrollo del sector agrícola y la mejora de su productividad; cerrar las brechas de acceso al crédito para el sector agropecuario; reforzar las redes de innovación e investigación agrícola; promover la apertura al comercio internacional y la participación del sector privado; y desarrollar sistemas de información y alerta temprana. Es recomendable el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a servicios integrales como financiamiento, entrenamiento, desarrollo de capacidades y oportunidades laborales para la generación de ingresos.

Los organismos multilaterales cumplen un rol importante a través de financiamiento y de acompañamiento técnico. La seguridad alimentaria es una prioridad en el BID, y su presencia en ALC en áreas relevantes se ha consolidado en los últimos años, con un portafolio importante en agricultura, agua y saneamiento, transporte, entre otros sectores. Dicho posicionamiento le permite ser un aliado estratégico en la mitigación de los efectos de potenciales crisis alimentarias legado de la pandemia y del alza de precios de los alimentos.


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria Etiquetado con:Agricultura sostenible, Agricultura y Seguridad Alimentaria, Desastres naturales

María Cecilia Deza

María Cecilia Deza se desempeña como economista senior en el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá, y República Dominicana. Anteriormente fue economista regional en el Departamento de Países Andinos y consultora de la División de Gestión Fiscal del BID. Antes de unirse al BID trabajó como economista en el Banco BBVA en Perú y en el Ministerio de Economía y Finanzas del mismo país. Posee una Licenciatura en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, un Máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia y un Máster en Economía Aplicada por la Universidad de Maryland.

Marta Ruiz-Arranz

Marta Ruiz-Arranz es Asesora Económica Principal en el Departamento de País Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana del BID. Anteriormente se desempeñó como Asesora Económica para la región andina. Antes de unirse al BID en 2015, trabajó durante 12 años en el Fondo Monetario Internacional, donde fue Subjefa de División en el Departamento de Asuntos Fiscales. Marta Ruiz-Arranz recibió su Ph.D. en Economía de la Universidad de Harvard.

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