Los incendios forestales que han ocurrido en diversas regiones del mundo han sido una noticia recurrente en los últimos meses. En lugares tan distantes como Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos o Indonesia, los incendios forestales han devastado grandes áreas de bosques provocado pérdidas materiales, de vidas humanas y biodiversidad, afectado la calidad del aire y contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero. Este fenómeno pone en evidencia la mayor frecuencia de temperaturas extremas y sequías severas que resultan del cambio climático.
En Brasil, los incendios que afectaron los biomas Amazonia y Pantanal en 2020 han sido motivo de gran preocupación. En la Amazonia legal, datos satelitales registraron más de 119.000 focos de incendios entre los meses de enero y septiembre, lo que representa un aumento del 23% en comparación con el mismo período de 2019.
En el estado amazónico de Acre, en donde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financia el Programa de Desarrollo Sostenible de Acre (PDSA) “fase II”, el bosque amazónico cubre el 85,4% de la superficie del estado. Hasta el 30 de septiembre de 2020, ocurrieron en Acre un total de 7.401 focos de incendios, lo que representa el 6,2% del total de focos en la Amazonia legal. En 2019, se habían registrado 6.403 focos, por lo que también hubo un aumento, pero éste fue de 15,6%, o sea, menor que el observado en la Amazonia legal en su conjunto.
De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente de Acre, no existió en 2020 ningún evento climático anormal que justifique el aumento en el número de incendios, ya que no fueron emitidas licencias por la institución ambiental que lo justifiquen. Por lo tanto, ese aumento tuvo relación directa con el uso antrópico del fuego, en su mayoría ilegal, La mayor proporción de incendios tuvo lugar en áreas privadas y de asentamientos, mientras que la menor proporción ocurrió en UNIDADES DE CONSERVACIÓN y en tierras indígenas.
Los incendios forestales no solamente produjeron pérdidas de áreas de bosque, sino que afectaron seriamente la calidad del aire. De acuerdo con investigaciones de la Universidad Federal de Acre, la calidad del aire de las ciudades del estado se redujo entre fines de julio y final de octubre. La capital del estado, Río Branco, presentó varios días en 2020 con promedios por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los meses de agosto y octubre.
A pesar de que los incendios forestales no constituyen la única causa de la deforestación en la Amazonia, tienen una fuerte relación, dada la práctica de corte y quema para la expansión de áreas de pasturas. Los incendios forestales y deforestación tienen una fuerte relación con procesos de ocupación irregular de tierras y de nuevas invasiones, especialmente en unidades de conservación.
Los datos publicados por el Instituto de ‘Pesquisas Espaciais’ (INPE) indican que, para el período de agosto de 2018 a julio de 2019, se observó en la Amazonia una tasa de deforestación de 10.129 km2, lo que representa un aumento de 34 % en comparación con 2018. El estado de Acre tuvo una tasa de 682 km2, lo que representa un aumento de 54% de 2018 a 2019. Entre enero y septiembre de 2020, fueron emitidas 3700 alertas en Acre, que representan una superficie deforestada de 37.300 hectáreas. Esto representa una reducción de 8% en comparación con 2019, en el que el área deforestada en el mismo período fue de 40.662 hectáreas. Cabe aclarar que las alertas de deforestación se concentran en los meses de julio y agosto.
El PDSA II ha brindado un fuerte apoyo a Acre en el combate de incendios y deforestación. En 2019, cuando se registró un aumento de estos fenómenos, el proyecto preparó, junto al equipo del BID, una propuesta para fortalecer el sistema de fiscalización y control. Con un presupuesto estimado en USS$ 3,6 millones para dos años de ejecución, estas acciones incluyen: (i) la reparación y puesta en operación de dos aeronaves (helicópteros) para su uso en la fiscalización de deforestación en áreas de difícil acceso; (ii) compra de materiales, equipos e insumos, así como mantenimiento de vehículos, necesarios para el combate directo de incendios; (iii) contratación de técnicos y de miembros de brigadas que trabajan en el combate directo de incendios; (iv) apoyo logístico y operativo para acciones de regularización de tierras; y (v) mejoramiento de infraestructuras físicas de las instituciones de fiscalización ambiental, ubicadas en las zonas de mayor riesgo de deforestación e incendios.
Estos apoyos han sido fundamentales para fortalecer las acciones de fiscalización contra la deforestación ilegal, la invasión de tierras públicas y los incendios. En 2019 y 2020, fueron atendidas 1640 situaciones de combate a más de 1800 incendios, fueron registradas 54 actas de infracciones ambientales, entre ellas actividades de deforestación y captura de madera extraída ilegalmente. También fueron aplicadas 37 notificaciones a invasores identificados en forma temprana, por lo que se llegó a tiempo de evitar la deforestación. Además, se financió la reforma y ampliación de estructuras físicas de cinco Centro Integrados de Medio Ambiente en el interior del estado, que representan una base permanente de monitoreo y acompañamiento de las acciones de combate a incendios y control de deforestación.
Estos apoyos han contribuido también para mejorar la gobernanza, lo que incluye, entre otros, la creación de un Comité de Acciones Integradas de Medio Ambiente (Decreto 5.866 de 29/04/2020) para coordinar las acciones de monitoreo y combate a la deforestación ilegal, incendios y crímenes ambientales. Además, la SEMA, el ‘Instituto de Meio Ambiente do Acre’ (IMAC) y el Batallón de Policía Ambiental elaboraron un plan estratégico operacional para promover acciones en las áreas de medio ambiente, regularización de tierras, seguridad, infraestructura y planeamiento para el combate de deforestación e incendios ilegales, así como cualquier actividad ilícita ambiental en las UNIDADES DE CONSERVACIÓN.
Estas acciones son coherentes con otras acciones del PDSA II que se encuentran en curso, que incluyen la implementación de concesiones forestales en unidades de conservación estatales, el apoyo a planes comunitarios de desarrollo forestal sostenible y el apoyo al desarrollo de cadenas de valor en productos madereros y no madereros.
Fotografía proporcionada por el Programa de Desarrollo Sostenible de Acre fase II
Buen artículo y buena labor la que hacéis.