El calentamiento global ya se encuentra en el punto medio del límite de 2°C establecido por el Acuerdo de París. Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, para alcanzar el objetivo de 1,5°C, las emisiones globales de CO2 para 2030 deben reducirse en un 45% con respecto a los niveles de 2010 y debemos alcanzar emisiones netas cero para 2050. A medida que fortalecemos las políticas de desarrollo bajo en carbono y la tecnología, y que vemos cambios en el mercado, los impactos adversos de estas transformaciones podrían intensificarse para aquellos que no están preparados para responder de manera adecuada. Ayudar a los países de América Latina y el Caribe a prepararse para estos riesgos de transición asociados a la respuesta al cambio climático y aprovechar las oportunidades que presentan es una parte clave de nuestra estrategia en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La transición hacia una economía baja en carbono toma diferentes formas
Una transformación baja en carbono implica reemplazar los combustibles fósiles tradicionales por fuentes libres de carbono, producir electricidad baja en carbono, llevar a cabo procesos masivos de electrificación y mejorar la eficiencia energética. Pero la descarbonización va más allá de la energía. También abarca la ecologización de los sistemas de transporte, la mejora de la gestión de residuos, la lucha contra la deforestación, la protección y regeneración de los ecosistemas y el desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles.
Todos estos cambios están respaldados por nuevas regulaciones, tecnologías y cambios en la oferta y la demanda. En tanto que los gobiernos integran gradualmente las medidas bajas en carbono y las industrias y los consumidores de todos los sectores las adoptan, surgen nuevos desafíos al pasar de los modelos habituales a modelos más sostenibles. Estos riesgos, conocidos como riesgos de transición asociados a la respuesta al cambio climático, provienen de los amplios cambios en las políticas, las leyes, la tecnología y el mercado impulsados por la transición a una economía baja en carbono. Pero así como surgen riesgos de las nuevas tendencias que presenta la descarbonización, también surgen oportunidades.
A medida que avanzan los procesos de descarbonización, ciertos activos comenzarán a sufrir amortizaciones o devaluaciones imprevistas o prematuras, y se convertirán en activos varados. El Banco de Inglaterra ha señalado que si las políticas gubernamentales mundiales cambian de acuerdo con el Acuerdo de París, dos tercios de las reservas conocidas de combustibles fósiles del mundo no podrían quemarse. Esto conduciría a cambios en el valor de los activos y las inversiones, y tendría un impacto directo e indirecto en las actividades relacionadas con los combustibles fósiles a nivel mundial, incluyendo América Latina y el Caribe. El BID ha estimado que reducir la demanda global de combustibles fósiles en la región de manera consistente con el Acuerdo de París podría resultar en que del 66% al 81% de las reservas de petróleo y gas permanezcan sin explotar, con un costo para 2035 de más de US$1,3 billones y US$42 mil millones en regalías de petróleo y gas no percibidas, respectivamente.
Los países emergentes y de bajos ingresos pagarán un mayor costo
Los costos de una transición baja en carbono serán más altos para los grandes exportadores de combustibles fósiles y las economías emergentes que hacen uso intensivo de la energía. Según un blog reciente del FMI, un paquete de políticas de presupuesto neutral para lograr una reducción del 25% en las emisiones para 2030 podría desacelerar el crecimiento económico en Europa, Estados Unidos y China entre 0,05 y 0,20 puntos porcentuales en promedio durante ocho años. Esta cifra aumenta a entre 0,15 y 0,25 puntos porcentuales anualmente cuando se contempla el impacto a nivel mundial. Estas cifras ilustran la urgente necesidad de impulsar la transferencia de financiamiento, tecnología y conocimiento a los países en desarrollo para ayudarlos a prepararse para estos procesos.
Quienes no planifiquen proactivamente una transición ordenada serán más propensos a enfrentar desafíos. En un informe de 2022 sobre la descarbonización, Mckinsey señaló que los cambios económicos podrían ser sustancialmente mayores en un proceso desordenado, lo que aumentaría el riesgo de activos varados y desplazamiento de trabajadores. Para América Latina y el Caribe, esto genera una presión para definir estrategias que no solo identifiquen riesgos y oportunidades, sino que, más importante aun, reconozcan los complejos contextos socioeconómicos que desafían los esfuerzos de descarbonización, incluida la gran dependencia en las industrias de uso intensivo de energía; las situaciones fiscales que no permiten la inversión en tecnología baja en carbono; y los riesgos asociados con el malestar social resultante del desarrollo no inclusivo.
Las regulaciones y políticas apoyarán estos cambios
Las políticas sobre el cambio climático seguirán evolucionando y volviéndose más estrictas. Existe la idea errónea de que solo las industrias altamente contaminantes, como la del petróleo y el carbón, enfrentarán estos desafíos. Lo cierto es que esta transformación afectaría directa e indirectamente a todos los países y a casi todos los sectores económicos. Por ejemplo, la regulación rigurosa de la eficiencia energética tendrá un impacto en la edificación y la construcción, la innovación de materiales bajos en hidrocarburos desafiará la infraestructura de transporte, y los cambios en las políticas de uso de la tierra y la conservación del agua transformarán la producción de alimentos.
Los riesgos e impactos de la transición dependen de la naturaleza y el momento de los cambios en las políticas, de la capacidad institucional y de la disposición del gobierno para traducir la regulación en acciones reales. Por ejemplo, están surgiendo problemas clave en la agricultura relacionados con la deforestación. Según la FAO, la expansión agrícola genera casi el 90% de la deforestación mundial. Regiones como la Unión Europea (UE) están considerando prohibir la importación de productos relacionados con la deforestación, lo que pone en riesgo a los exportadores de productos agrícolas de América Latina y el Caribe hacia la UE. Como resultado, estos países deben pasar por un proceso de fortalecimiento normativo en materia de ordenamiento territorial, requisitos ambientales y gestión del riesgo climático. Además, se deben impulsar prácticas de producción sostenible para alinearse con las nuevas tendencias del mercado, y se deben identificar las actividades en riesgo para definir planes adecuados para aliviar cualquier impacto adverso.
Las mejoras tecnológicas y el mercado demandan mayor innovación
Surgirán también otros desafíos a partir de la sustitución de productos y servicios existentes con opciones innovadoras de bajas emisiones. Esto incluye el desarrollo y uso de energías renovables, eficiencia energética y almacenamiento en baterías, entre otros. Además, es probable que algunas actividades sean reemplazadas o financieramente inviables a medida que se disponga de opciones más asequibles, con implicaciones sociales directas.
Se están produciendo cambios en el comportamiento humano hacia productos y actividades con bajas emisiones de carbono. El consumo respetuoso con el clima se está traduciendo en un transporte más sostenible, una fabricación con bajas emisiones de carbono y un uso de energía más eficiente. Además, los consumidores están valorando gradualmente los estándares de certificación (por ejemplo, EDGE o LEED), lo que también está sentando un precedente de comportamiento del consumidor que presiona a las industrias para acelerar la transición. Esta mayor demanda de bienes y servicios de bajas emisiones conducirá a ajustes en las cadenas de valor, como las del cemento, acero y hierro.
El BID reconoce estos desafíos y trabaja en estrecha colaboración con la región para mejorar su preparación
La Estrategia Institucional del BID promueve un enfoque integrado de la sostenibilidad en todos los niveles, incluidos la gobernanza, la estrategia y la política. Para las operaciones financiadas, el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID guía las estimaciones de emisiones de GEI durante el diseño y la preparación del proyecto. Estas evaluaciones facilitan una mejor comprensión de los posibles factores detrás de los riesgos de transición y de la contribución del proyecto a los esfuerzos de descarbonización de un país. Además, el Banco está desarrollando un marco para garantizar que los préstamos y proyectos sean consistentes con las metas de desarrollo resiliente al clima y de cero emisiones netas de un país, lo que implica la identificación de los riesgos de transición que podrían surgir de los procesos de descarbonización a largo plazo.
En el BID, la gestión del riesgo climático es clave para responder adecuadamente a esta realidad apremiante. La gestión de riesgos juega un papel crucial para garantizar que los desafíos de la descarbonización se evalúen y monitoreen de manera oportuna para ayudar a los países a llevar a cabo procesos de transición sostenibles y positivos. En consecuencia, el BID seguirá fortaleciendo la gestión de los riesgos del cambio climático reconociendo el contexto socioeconómico de América Latina y el Caribe y construyendo las alianzas adecuadas para impulsar la transición justa que la región necesita.
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