Se estima que entre 2012 y 2020 ha habido un crecimiento del 140% de la población viviendo en situación de calle en Brasil. Con la llegada de la pandemia, el aumento se disparó y aún no está cuantificado adecuadamente. Siendo este el segundo país con mayor número de víctimas mortales por COVID-19, con más de 670.000 muertes hasta junio de 2022 y dado el aumento de la pobreza y la degradación de los vínculos sociales, mensajes como “quédate en casa” o “lávate las manos” no tenían sentido para la mayor parte de la población.
Es en este contexto que la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), en asociación con el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (Conasems), y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Fundación Rockefeller, desarrolló el proyecto “Comunidades de Práctica en Atención Primaria de Salud y Población en Situación de Calle en el contexto del COVID-19”.
El proyecto, desarrollado en ocho meses, pretendía implantar comunidades de práctica en todos los estados brasileños, buscando fomentar la colaboración y el intercambio de conocimiento entre los gobiernos subnacionales, identificando, adaptando y difundiendo las mejores prácticas en la atención primaria para las personas viviendo en situación de calle.
En total, se crearon 24 comunidades de práctica, con 8 a 30 miembros. Cada comunidad se reunió al menos seis veces durante el proyecto, siguiendo cada una su propio camino, teniendo en cuenta su composición, contexto local y momento de la pandemia en cada estado.
Los problemas que las comunidades seleccionaron para la discusión y las soluciones propuestas fueron muy diversos. Se enfocaron en temas como la inmunización; la imposibilidad de acceso a las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas, la falta de acceso a materiales básicos de higiene, el rechazo de las medidas por parte de la población y el aislamiento de los casos positivos; la falta de estrategias municipales para la atención durante la pandemia; la debilidad de la intersectorialidad que dificultó la focalización de los servicios de salud para el albergue por parte de la asistencia social, entre otros.
La tecnología al servicio de la comunidad de práctica
Para ayudar a este proceso de comunidades, se organizó una plataforma digital en el ámbito de IdeiaSUS, desarrollada por Fiocruz que alberga otras comunidades de prácticas, y donde se implementó un núcleo para cada estado, proporcionando a los participantes acceso a las memorias de las reuniones, los materiales de formación, los registros de buenas prácticas, los vídeos, etc. Esta plataforma quedará como legado del proyecto, para que puedan acceder a ella todas las partes interesadas que lo deseen y para que las comunidades continúen el intercambio, incluso después de la finalización del proyecto.
Con el uso de metodologías ágiles de innovación, varias comunidades pudieron planificar o, incluso, implementar acciones para enfrentar los problemas enumerados. Entre ellos, podemos mencionar siete a continuación:
- Alagoas: Campañas de vacunación organizadas e implementadas desde la Comunidad de Práctica.
- Rio Grande do Norte: Mejora de los registros y esfuerzos de los municipios para completar el ciclo de vacunación, utilizando las reservas técnicas de vacunas.
- São Paulo-SP: Estandarización de los flujos entre los servicios de Asistencia Social y Salud para la hospitalización y albergue de la población en situación de calle.
- Asamblea Legislativa de Pernambuco: Sensibilización de las autoridades sobre la vacunación y otras medidas mediante la organización de una audiencia pública.
- Goiás: Búsqueda activa y mapeo de los lugares de concentración de personas sin hogar para la vacunación.
- Mato Grosso do Sul: Cambios en la forma de atender a la población en situación de calle en los servicios de Atención Primaria de Salud, como la explicación de los servicios ofrecidos y la evaluación integral de las condiciones de salud de esa población.
- Municipio de Manaos, en colaboración con el estado de Amazonas: Compromiso de instalar aseos públicos para la población en situación de calle. La comunidad de práctica ha creado una comisión de seguimiento del proyecto.
Se han planificado otras acciones que están en diferentes fases de discusión con autoridades locales. Lo más importante, sin embargo, fue la posibilidad de reunir a un conjunto de actores y debatir cuestiones relacionadas con la población en situación de calle en un contexto de gran aislamiento de los equipos y falta de dispositivos de coordinación federativa. Así, tanto el intercambio entre mediadores, como la realización de tres encuentros nacionales permitieron un verdadero intercambio de experiencias y conocimientos sobre la organización de los servicios.
Trabajo más articulado gracias a la comunidad de práctica
Más del 75% de los participantes en las comunidades declararon haber adaptado o modificado sus estrategias o prácticas de trabajo como resultado de su participación en las comunidades de práctica y el 85% declaró que su trabajo está más articulado y menos fragmentado como resultado de su participación. La mayoría de las comunidades pretenden continuar trabajando con esa estructura. El proyecto demostró su potencial para generar masa crítica, promover intercambios productivos y aplicar soluciones ágiles.
El trabajo continúa con una ampliación de las acciones de difusión de buenas prácticas – las comunidades sistematizaron más de 30 de ellas, que estarán disponibles en la plataforma IdeiaSUS, además de otras acciones de comunicación dentro de algunas comunidades. Así el trabajo continúa entendiendo que los servicios sanitarios son imprescindibles. A la vez, es fundamental evitar la cronificación de las personas viviendo en estas condiciones y promover otras políticas que contribuyan a acabar con esta situación inaceptable de personas que viven involuntariamente en situación de calle, sin acceso a sus derechos más básicos.
¿Qué acciones se llevaron a cabo en tu comunidad para atender a la población que vive en situación de calle? Cuéntanos en la sección de comentarios.
En Sucre, se implementaron los primeros albergues de Bolivia para personas en situación de vulnerabilidad durante la primera etapa de la Pandemia Covid-19. Se establecieron dos: uno, para personas en situación de calle, principalmente con adicciones y también para estudiantes y ciudadanos varados en la ciudad por el confinamiento repentino; el segundo, para adultos mayores en situación de abandono. Ambos albergues tuvieron más de 450 usuarios que recibieron cobijo, alimentación, asistencia psicológica, médica y social, de manera grupal e individual por el personal de los once programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Sucre.
Algo destacable fue la empatía de la ciudadanía respecto a los albergues como primera política pública materializada en los primeros días de confinamiento absoluto. Los albergues tuvieron un impacto muy positivo no sólo en la opinión pública, sino que también despertó en la ciudadanía una suerte de corresponsabilidad de la gestión social, ya que múltiples instituciones, así como empresas, comerciantes y ciudadanos, inmediatamente colaboraron con donaciones en especie para el bienestar de los usuarios de los albergues. Muestras inéditas de solidaridad y confianza que contrastaban con el pánico y descrédito hacia el sistema de salud de la misma institución. Lo que nos lleva a pensar que la gestión social tiene una repercusión considerablemente directa, en una ciudad que no se pensaba con niveles de marginalidad y pobreza tan altos, inmediatamente evidenciados en las primeras semanas de pandemia. Los medios de comunicación le dieron -a los albergues- una prioridad por la demanda de la misma población que le urgía en saber cómo estaban sus usuarios, cuáles sus historias de vida, cuáles sus enfermedades, sus aspiraciones, sus adicciones, sus soledades.
Esta empatía fue el detonante para que la gestión municipal priorizara -a su vez- el servicio social como su carta de presentación, de tal forma que diferentes instancias del gobierno municipal trabajaron para coadyuvar a iniciativas inéditas y urgentes de carácter social como fue el pago a domicilio del bono de discapacidad, la entrega de más de cincuenta mil provisiones de alimentos de seguridad alimentaria y la implementación de un telecentro médico, entre otras. Cabe señalar que el mayor desafío además de lo logístico, fue el tropiezo administrativo, las limitaciones legales para la implantación de las mismas y, sobre todo, el recelo político. Sin embargo, por la convicción de los equipos que le perdieron el miedo al contagio y la presión ciudadana, fueron realidad y gozaron de gran éxito, con un trabajo titánico de transparencia en tiempos muy sensibles por escándalos previos de corrupción en el gobierno nacional y muchos otros territoriales.
Soy un convencido que la innovación en la gestión pública tiene un vínculo directo con la credibilidad ciudadana, y es en esa reciprocidad que la tecnología se valida de maneras muy eficaces. Es por esto que se pudo registrar y atender más de once mil casos de violencia y asistencia social, sean estos de en razón de género, en favor de la niñez, a adultos mayores, personas con discapacidad, comunidad LGBT+ y jóvenes. Señalo las iniciativas previamente citadas, sin la intención de propaganda o promoción, sino para ampliar la experiencia de cómo la atención inmediata de las personas en situación de calle desembocó en la misma ciudadanía credibilidad, confianza y apoyo por las gestiones sociales en tiempos pandémicos, en una Bolivia muy polarizada en los que una oficina pública tuvo contacto directo con el 25% de la población.
Los albergues para personas en situación de calle nacieron por recomendación de una instancia de salud por el riesgo que estas personas se convirtieran en posibles agentes de contagio masivo de Covid-19. Irónicamente, ninguno de los usuarios de dichos albergues reportó positivo en el primer semestre, pero, me ilusiona pensar que sí contagiaron de humanidad a toda una ciudad.