Con decenas de millones de ciudadanos que reciben transferencias monetarias de programas sociales cada mes, los gobiernos de América Latina y el Caribe llevan tiempo buscando formas de mejorar la entrega de los pagos e impulsar la inclusión financiera para mejorar el ahorro, el acceso al crédito y el bienestar general.
Un intento de solución consiste en animar a los receptores a abrir cuentas bancarias para recibir pagos de transferencias digitales. A diferencia de los métodos tradicionales, en los que los pagos se envían por transferencia a una sucursal bancaria y dependen de que los receptores los cobren rápidamente en persona, estos pagos digitales pretenden ser más eficientes: las personas pueden utilizar sus teléfonos para recibirlos, acceder a ellos y utilizarlos directamente.
Al incentivar a los receptores a abrir cuentas bancarias, un sistema de transferencias digitales de este tipo también podría brindar una vía a los ciudadanos con bajos ingresos para ahorrar, establecer un historial crediticio y obtener préstamos para su beneficio a largo plazo.
Un experimento en Colombia
Colombia es uno de los países de la región que ha probado este método. Una muestra compuesta por hogares pobres en un estudio reciente del BID reveló que la entrega de transferencias monetarias requería múltiples intentos: el 43% de los intentos de pago en efectivo en uno de los mayores programas sociales del país fracasaron. Esto se debió, entre otras razones, a que los beneficiarios designados no sabían a qué banco dirigirse para cobrar sus pagos, intentaban cobrarlos demasiado pronto o no podían cobrarlos antes del plazo especificado de tres meses. De hecho, a los pocos meses de incorporarse al programa, casi una cuarta parte de las personas no recibieron sus transferencias.
En abril de 2021, con la esperanza de mejorar la recepción de pagos correspondientes al programa de transferencias y reducir la congestión en las sucursales bancarias, se puso en marcha una campaña telefónica piloto para animar a los beneficiarios a abrir una cuenta bancaria digital simplificada e inscribirse en el depósito directo en uno de los bancos comerciales afiliados al programa. Si los beneficiarios accedían a hacer el cambio, el programa los guiaba en el proceso.
Para nosotros, en el BID, en colaboración de la agencia implementadora, fue una excelente oportunidad para estudiar si el depósito directo de las transferencias monetarias en cuentas bancarias podría alcanzar simultáneamente los objetivos de mayor eficiencia, inclusión financiera y bienestar social. Como se describe en nuestro estudio, tomamos una muestra de casi 30.000 personas del universo más amplio de beneficiarios no bancarizados y asignamos aleatoriamente a cerca de la mitad a un grupo de tratamiento que recibió las llamadas telefónicas y a un grupo de control que no las recibió.
Mayor eficiencia con los pagos digitales
El programa aumentó la eficiencia de las trasferencias. Encontramos mejoras significativas en la recepción de los pagos del programa. Además, esos efectos fueron especialmente importantes para quienes optaron por abrir una cuenta bancaria. Mientras que la probabilidad de recibir con éxito al menos una transferencia aumentó en un punto porcentual en el grupo de tratamiento, en general, aumentó 13,9 puntos porcentuales entre quienes se cambiaron a depósitos directos en una cuenta recién abierta.
Del mismo modo, aunque el tiempo promedio para cobrar las transferencias se mantuvo igual, la posibilidad de pasar más de dos horas haciéndolo disminuyó 2,8 puntos porcentuales, en general, y 26,4 puntos porcentuales entre quienes se cambiaron. Como los pagos digitales tienen menores costos de transacción y requieren menos intentos que los pagos en efectivo, el Gobierno también pudo ahorrar dinero.
Sin embargo, un análisis más profundo, con ayuda de una encuesta, reveló algunas sutilezas importantes. Los beneficiarios urbanos, más jóvenes y con mayor nivel educativo, que tenían más probabilidades de contar con un historial financiero previo y mejores competencias digitales, también perdieron menos transferencias en ausencia de la intervención. Y fue más fácil convencerlos de que abrieran cuentas en los bancos afiliados. En cambio, quienes más se beneficiaban con el cambio a pagos digitales, aquellos que no tenían antecedentes financieros y tenían más transferencias fallidas, eran los menos propensos a dar ese salto. Una lección de política importante es que las intervenciones ligeras y de bajo costo para fomentar estos cambios (por ejemplo, las llamadas telefónicas o los mensajes de texto) pueden ser insuficientes para ciertos segmentos de la población, incluso si tales intervenciones tienen más éxito y son más rentables para conseguir que más personas entren al sistema bancario.
Problemas a superar
Los objetivos de lograr la inclusión financiera y mejorar el bienestar fueron un tanto elusivos en nuestro estudio. Aunque muchas personas hayan abierto cuentas bancarias por primera vez, tienden a retirar su dinero en un cajero automático en lugar de utilizar sus cuentas digitales para ahorrar, pagar facturas o utilizar otros productos bancarios. No encontramos evidencia de efectos sustanciales sobre el ahorro, la confianza en las instituciones financieras u otras medidas de bienestar financiero, ni siquiera cuando nos centramos en personas sin antecedentes financieros. La gente estableció un historial crediticio por primera vez, y entre quienes se cambiaron al depósito directo, hubo un modesto aumento en las solicitudes de préstamos. Aun así, sólo un tercio de esas solicitudes de crédito se tradujeron en préstamos aprobados por bancos comerciales, lo que indica fricciones más profundas en los mercados de crédito que no son solucionadas con la simple apertura de una cuenta.
Integrar a la población en el sistema bancario formal es esencial para el crecimiento general y los esfuerzos de lucha contra la pobreza. Como muestra nuestro estudio, puede aumentar la eficiencia en los pagos de las transferencias para el beneficio tanto del gobierno como de los hogares beneficiarios. Sin embargo, se necesita más investigación para entender cómo traducir esa inclusión formal en sus innumerables posibilidades, incluido un mayor ahorro, acceso a préstamos y mejora del bienestar.
[Nota editorial: Los autores agradecen el apoyo de Patricia Moreno, Andrés Bocanegra, Luis Esteban Alvarez y a Prosperidad Social y el Departamento Nacional de Planeación en Colombia.]
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