Los acontecimientos de los últimos tres años han puesto en aprietos a los países de bajos y medianos ingresos en América Latina y el Caribe. Ahora necesitan garantizar que sus ciudadanos puedan recuperarse de los devastadores efectos de la pandemia de COVID-19. Pero también tienen que hacerlo de la forma más costo-efectiva posible para no vaciar las arcas públicas. Con este dilema en mente, los investigadores del BID y sus aliados han estudiado la reciente crisis y las iniciativas gubernamentales para poner rápidamente en marcha programas sociales, con el fin de extraer algunas lecciones clave sobre el grado de vulnerabilidad de los hogares de la región, sobre qué tipo de ayuda les brindan los programas de protección social y sobre formas eficientes de ampliar la red de seguridad social.
Lección 1: Años de avances en la reducción de la pobreza podrían extinguirse en un instante.
Bastaron un par de meses de pandemia para que se esfumaran los avances en la reducción de la pobreza logrados a lo largo de años de inversiones en protección social. A esa conclusión llegó la encuesta IDB\Cornell sobre el coronavirus que midió los efectos de la pandemia en los hogares de América Latina y el Caribe casi en tiempo real. Entre marzo y mayo de 2020, los investigadores recogieron unas 250.000 respuestas en 17 países de la región. Los resultados, publicados posteriormente en PLOS One, revelaron que, en cuestión de semanas, el 45% de los encuestados reportó que uno de los miembros del hogar perdió su trabajo, y que entre los hogares que poseían un pequeño negocio, el 59% tuvo que cerrarlo.
Estas repercusiones fueron importantes y desiguales entre las distintas clases económicas. Muchos hogares de ingresos medios perdieron una riqueza considerable y cayeron en la parte baja de la distribución de ingresos, lo que sugiere que programas sociales de amplia cobertura o registros sociales que sirvan de plataforma para ampliar la red de seguridad pueden marcar una verdadera diferencia.
Lección 2: Los programas sociales preexistentes se intensificaron durante la crisis.
Los programas sociales de amplia cobertura que entregan recursos a familias no pobres pueden añadir presión a los ajustados presupuestos públicos. Pero un estudio del BID, publicado en el Journal of Development Economics, demuestra que los hogares que se enfrentan a una crisis obtienen importantes beneficios con un ingreso básico garantizado.
Los autores aprovecharon un experimento natural en Bolivia para estudiar cómo la entrada en una crisis económica con un ingreso básico garantizado ayudó a las familias a mantener un mínimo nivel de seguridad alimentaria. En Bolivia, el derecho a la pensión no contributiva universal se adquiere al cumplir 60 años, independientemente de los ingresos. Los investigadores compararon la disponibilidad de alimentos y la prevalencia del hambre entre hogares en los que el miembro de mayor edad acababa de cumplir 60 años un par de meses antes del inicio de las crisis y, por tanto, tenía acceso a una pensión básica, y hogares cuyo miembro de mayor edad era ligeramente demasiado joven para recibirla. Descubrieron que las personas con acceso a un ingreso básico tenían menos probabilidades de declarar haber pasado hambre y más probabilidades de disponer de alimentos suficientes para cubrir las necesidades de una semana durante el inicio de la pandemia.
Estos efectos fueron mayores entre los hogares más pobres. Pero también pudieron observarse entre los hogares situados en la parte media de la distribución de ingresos, lo que subraya su vulnerabilidad a la pobreza. Esto demuestra que los programas de amplia cobertura pueden asumir una importancia añadida para los hogares no pobres que suelen quedar excluidos de la red de seguridad, transformando los inconvenientes de los programas de amplia cobertura en una ventaja durante las crisis.
Lección 3: La lucha contra la pobreza no es una vía unidireccional; ampliar la red de seguridad puede garantizar que los hogares de medianos ingresos se mantengan en esa categoría.
Los hogares de bajos ingresos suelen recibir un flujo de ingresos garantizado de los programas sociales, y los de altos ingresos disponen de ahorros y crédito. Los hogares de medianos ingresos, sin embargo, son más vulnerables a las crisis económicas porque dependen de su trabajo para financiar su consumo. De hecho, aproximadamente el 37% de los hogares en América Latina son vulnerables a la pobreza a pesar de estar por encima del umbral de pobreza.
Un reciente estudio llevado a cabo por investigadores del BID en colaboración con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia muestra que cuando los hogares de medianos ingresos, sin acceso a protección social, sufren shocks económicos, reducen sus gastos no alimentarios y retrasan el pago de sus servicios públicos. En otras palabras, pidieron prestado, no directamente a los bancos, sino indirectamente a sus empresas de servicios públicos. Estos efectos se compensaron en el caso de los hogares de medianos ingresos que se beneficiaron de la ampliación de la red de seguridad social, lo que demuestra el potencial de los programas sociales para evitar su caída en la pobreza.
Lección 4: La protección social puede ser una plataforma para ampliar el acceso al crédito formal
La ampliación de la red de seguridad en Colombia también contribuyó a aumentar la resiliencia de la clase media a largo plazo mediante el acceso a los mercados de crédito formales, de los que suele estar excluida. El programa animaba a los hogares a abrir cuentas de ahorro digitales para recibir sus pagos mediante depósito directo. Los hogares que se beneficiaron del programa tenían un 16% más probabilidades de tener una cuenta bancaria y, como resultado, proporcionaron a los posibles prestamistas datos importantes sobre el dinero que recibían del gobierno, así como sobre los gastos y los retiros. De hecho, los hogares que se beneficiaron de la ampliación de la red de seguridad eran más propensos a pedir préstamos a prestamistas formales y, a largo plazo, a sustituir los préstamos usureros por préstamos formales ante los shocks económicos. Al parecer, los programas sociales pueden ayudar a los hogares a desarrollar su capacidad de resiliencia a través de los mercados de crédito y reducir así la necesidad de ampliaciones futuras o permanentes de la red de seguridad.
Lección 5: Es de vital importancia invertir en herramientas para ampliar rápidamente los programas sociales y ofrecer beneficios
Ampliar la red de seguridad exige desarrollar métodos eficientes para desembolsar los recursos. Un estudio en marcha del Departamento de Investigación del BID considera que fomentar el desembolso de transferencias monetarias en cuentas bancarias en Colombia reduce el número de pagos fallidos. La entrega de transferencias a través de productos financieros sencillos puede ser más eficiente para el gobierno. Pero no todas las personas están dispuestas a adoptar modos de pago digitales. Las políticas deben esforzarse por aumentar tanto la confianza como las competencias digitales de las personas con menor nivel educativo y de mayor edad. Por último, toda red de seguridad social depende de una infraestructura que permita a los gobiernos verificar la identidad de los beneficiarios y llevar un registro de su situación económica. En nuestra región, la mayoría de las personas poseen un documento de identidad. Pero los documentos de identidad caducan periódicamente y no todos los ciudadanos pueden renovarlos a tiempo. Un estudio del BID muestra cómo una sencilla intervención que utilizaba mensajes de texto para animar a la gente a hacerlo, aumentó las renovaciones y proporcionó así al gobierno información actualizada para identificar y orientar mejor a los beneficiarios de un programa social. También ayudó a las personas de más bajos ingresos a utilizar el código QR de su nuevo documento de identidad para acceder sin problemas a sus beneficios. De hecho, algo tan sencillo como conseguir que la gente renueve el documento de identidad a tiempo puede ser crucial para garantizar que los hogares con menos ingresos reciban sus muy necesitados beneficios.
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