En ninguna parte es fácil conseguir que los ricos paguen sus impuestos — y América Latina no es diferente. Éstos no sólo tienen la influencia política para oponerse a la legislación que aumentaría sus contribuciones en relación con las personas de más bajos ingresos. Tienen la capacidad de pagar a prestigiosos abogados y contables que les ayudan a evitar el pago de impuestos alegando vacíos legales y recurriendo a los paraísos fiscales. El resultado es que la recaudación tributaria recae abrumadoramente sobre los pobres, a través de los impuestos sobre las ventas o los impuestos de sociedades, que luego pasan a los consumidores a través del aumento de los precios.
El efecto en la región, que ya es una de las más desiguales del mundo, es devastador. Los bajos ingresos tributarios privan a América latina de los recursos que necesita para luchar contra la pobreza. Dificultan los esfuerzos para impulsar el desarrollo social mediante mejoras en la red viaria, la atención sanitaria y la educación. Además, contribuyen al malestar social alimentando el resentimiento contra los gobiernos que parecen favorecer a las élites.
¿Qué se puede hacer? Presionar a los ricos para que paguen sus impuestos no funciona. A menudo, las administraciones tributarias son demasiado débiles para inquietar a los ricos. Al contrario, los gobiernos deben ser capaces de persuadir a los ricos de que los impuestos progresivos favorecen sus intereses y les proporcionan importantes beneficios, como el desarrollo de infraestructuras, la seguridad y los servicios públicos esenciales. Definir y mantener un contrato fiscal entre ambas partes es crucial. Y eso, a su vez, requiere que los gobiernos tengan credibilidad, es decir, la credibilidad de que cualquier compromiso que adquieran perdurará a lo largo del tiempo en lugar de ser descartado cada vez que se elige a un nuevo gobernante.
Uno de los elementos clave en la capacidad de un gobierno para inspirar esa credibilidad, según un estudio del BID de Armin von Schiller, es la existencia de partidos estables y perdurables que tengan como referencia las plataformas de las políticas públicas. Como actores de largo plazo, comprometidos con los votantes y no dependientes de personalidades individuales, estos partidos institucionales pueden aumentar la cooperación y el consenso en el ámbito político. Pueden impedir los grandes giros y promover la moderación. Más que la ideología que propone recetas específicas para las políticas, pueden contribuir a garantizar que los compromisos sean reales y que las promesas se cumplan.
De hecho, según el estudio citado, un sistema de partidos institucionalizado juega un rol especialmente importante en lo que se refiere al impuesto sobre la renta en la mezcla tributaria allí donde la capacidad burocrática es baja, como ocurre en numerosos países de América Latina. Al estudiar estos sistemas institucionalizados en todo el mundo, medidos como la capacidad de los partidos de perdurar en el tiempo, el efecto marginal de una desviación estándar en la institucionalización del sistema de partidos en el nivel más bajo de la capacidad burocrática se asocia con un aumento de 43% en la carga del impuesto sobre la renta en la composición de los impuestos. Con niveles más altos de capacidad burocrática, el tamaño del efecto disminuye progresivamente.
Los resultados tienen consecuencias de gran alcance. Se suele suponer que los impuestos generan una redistribución de la riqueza y que, por lo tanto, los ricos se resistirán ferozmente y, ante la ausencia de penalizaciones, no tendrán motivos para pagarlos. Sin embargo, las investigaciones demuestran que este supuesto podría ser falso. Quizá los ricos evitan pagar impuestos porque tienen escasa confianza en el gobierno, porque temen que los gobiernos caerán en manos de líderes oportunistas que no cumplirán los compromisos en ámbitos como el desarrollo de infraestructuras, donde los más ricos poseen grandes intereses. La creación de partidos políticos más fuertes puede contribuir a mitigar esos temores. Puede dar a los ricos la confianza para llegar a acuerdos con los gobiernos, gracias a los cuales proporcionarán más ingresos tributarios a cambio de los servicios que valoran. Aquello contribuiría no sólo a construir las sociedades de América Latina y, en ese proceso, aliviar la pobreza y reducir la desigualdad. También generaría importantes efectos derivados en términos de la gobernanza en general y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.
*Autor Invitado: Armin von Schiller es investigador del Instituto Alemán de Desarrollo y fue investigador visitante del BID en el 2014
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