América Latina y el Caribe se encuentra en medio de una epidemia de delincuencia. Al contar con 43 de las 50 ciudades que tienen las mayores tasas de asesinatos a nivel internacional, y con una tasa de homicidios cuatro veces superior al promedio mundial, la región está siendo golpeada a escala épica. El crimen y el miedo a ser víctimas nos afecta a todos a diario: altera desde las decisiones de inversión, la asignación de recursos privados y públicos, y hasta afecta a dónde y cuándo vamos. La delincuencia provoca daños irreparables, pérdidas en el ingreso de muchísimas personas, con efectos devastadores para los más pobres, y erosionan la sensación de seguridad personal, cohesión social y confianza en las instituciones pública encargadas de cuidarnos. Como mostramos en nuestra reciente publicación los costos del crimen ascienden a por lo menos 3.5% del PIB de la región.
Aun así, y teniendo en cuenta el daño que esto inflige, América Latina y el Caribe no cuenta con uno de los pilares modernos más importantes para la aplicación de la ley: estadísticas confiables sobre delincuencia. Y al carecer de estas estadísticas, no se cuenta con la capacidad de analizar patrones delictivos y de asignar los recursos policiales con precisión. La región tiene también menores oportunidades de realizar investigación y de evaluar las políticas de seguridad. Todo esto es crucial para diseñar estrategias de prevención de la delincuencia a largo plazo.
Estas deficiencias son difíciles de comprender, pero, como lo reveló un reciente estudio del BID, se encuentran profundamente entrelazadas con las debilidades institucionales que deben repararse para que la región tenga la oportunidad de luchar contra los delincuentes, las pandillas y los grupos del crimen organizado que han hecho que la vida sea invivible en tantos pueblos y ciudades.
Las actividades policiales modernas dependen fuertemente de dos fuentes básicas de información: los datos administrativos de la policía, que incluyen las denuncias de los ciudadanos, y las encuestas de victimización, que extraen datos más detallados sobre delitos cometidos contra individuos y hogares. Las encuestas de victimización también incluyen características socio-demográficas y, usualmente, información acerca de la percepción sobre la delincuencia y el sistema de justicia penal.
En América Latina y el Caribe estos dos tipos de informes padecen graves problemas. De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores de 2010-2014, compilada por científicos sociales de todo el mundo, en la región la confianza en la policía está por el suelo. De 60 países encuestados, el puesto más bajo para la misma se halla en México (56), seguido por Trinidad y Tobago (57), Perú (58), y Argentina (59), siendo que Pakistán se ubica en el último lugar de la lista. Esto quiere decir que las personas son reacias a acercarse a una estación de policía para presentar una denuncia cuando ocurre un delito. Saben que la impunidad es alta y sienten que su esfuerzo sería en vano. Temen que la policía suministre información a los delincuentes, lo que puede llevar a que estos tomen represalias. O quizá simplemente viven demasiado lejos de una estación de policía. Hay una infinidad de razones pero, cualquiera que sea el caso, el subregistro es inmenso: de acuerdo con estimaciones recientes del BID, los informes policiales reflejan solo el 5% de los delitos reportados en las encuestas de victimización.
Las encuestas anónimas de victimización, que se realizan a gran escala empleando diferentes estrategias de muestreo y bajo el auspicio del Estado, tratan de llenar algunos de esos vacíos. Pero es muy costoso realizarlas, pues el esfuerzo para lograr que sean representativas de unidades administrativas más pequeñas implica que las muestras deben ser de mayor tamaño. Como resultado, usualmente se realizan a nivel nacional o provincial, y con largos intervalos que no les permiten ser precisas ni estar actualizadas en la mayoría de los países. También pueden estar sujetas a problemas metodológicos, pues la información de una encuesta es incomparable con la de otra; a problemas burocráticos; y a manipulación política cuando los gobiernos alteran su contenido y el momento de su publicación para afectar a los votantes potenciales. En efecto, de todos los países de la región, solo Chile y México han realizado encuestas de victimización representativas y anuales desde comienzos de la década de 2000. Y hay cinco países que solo han llevado a cabo este tipo de encuestas una vez, mientras que los demás las han efectuado con intervalos que van desde cada tres años hasta cada 10.
Argentina es un caso particular. Publicó encuestas anuales entre 1997 y 2007, pero inexplicablemente no publicó estadísticas de delincuencia en los ocho años transcurridos entre 2008 y 2016, incluso cuando el país perdió anualmente al menos el 3% de su PIB debido a la delincuencia. Bajo el gobierno actual, Argentina publicó tanto las estadísticas de delitos provenientes de registros policiales como los primeros resultados de una encuesta nacional de victimización del año pasado.
El BID ha realizado importantes esfuerzos para enmendar al menos algunas de estas fallas. Ha enfocado varias iniciativas en la recolección de datos, lo que ha incluido respaldar observatorios de criminalidad en diferentes países y apoyar a un equipo que desarrolló un cuestionario estandarizado para las encuestas de victimización en la región, iniciativa liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que permitiría la comparabilidad entre países. Panamá y Argentina adoptaron esta metodología recientemente.
Aun así, las deficiencias restantes entorpecen la aplicación de la ley a la hora de decidir a dónde enviar policías, en qué delitos enfocarse, cómo involucrar a las comunidades locales, y qué medidas preventivas tomar. También hacen que sea virtualmente imposible comparar con precisión las experiencias de los diferentes países de la región y así aprender de los éxitos y fracasos de los países vecinos.
América Latina y el Caribe se halla en una encrucijada en la cual se sacrifican grandes proporciones del PIB a causa de las vidas productivas perdidas, los costos de seguridad pública y privada, los delitos contra la propiedad, y las lesiones psicológicas y físicas. Debido a tantas vidas truncadas, y a que la creencia de los ciudadanos en los derechos civiles e incluso en las instituciones democráticas se encuentra en riesgo, la región necesita desesperadamente mejores datos, más transparencia, y mejores herramientas para luchar contra este flagelo.
En próximas publicaciones en el blog compartiremos más información sobre la situación de diferentes países, tal y como se refleja en los registros administrativos policiales y en las encuestas de victimización disponibles. ¡Estén atentos!
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