Durante un fin de semana en junio en Río de Janeiro se produjo un violento tiroteo entre bandas de narcotraficantes rivales y los cuerpos policiales que se extendió desde las montañas donde están ubicadas las favelas hasta la costa cercana al morro de Pan de Azúcar. El servicio de teleférico se tuvo que suspender, y siete personas resultaron muertas. Pero quizás el mayor impacto para los brasileros llegó tres días después, cuando el gobierno publicó un implacable informe detallando el vertiginoso aumento en los costos generados por homicidios y delitos.
El informe reveló que, pese al mayor gasto en la lucha contra la delincuencia en las últimas dos décadas, el costo global de las actividades delictivas, incluyendo todo desde los gastos en seguridad hasta la pérdida de productividad, se duplicó con creces, pasando de 113 mil millones de reales (unos US$30 mil millones) en 1996 a 285 mil millones de reales (US$76,6 millones) en 2015, o el 4,38% del PIB de Brasil. Los homicidios aumentaron a 30 por cada 100.000 habitantes en 2016, el nivel más alto de la historia.
Hacen falta muchas reformas. Pero, según señala el informe, contar con mejores datos es un factor clave para combatir este flagelo. “En un contexto de limitaciones presupuestarias es esencial basar el futuro de las políticas de seguridad en un análisis de costo-beneficio”, afirma. “Incrementar la eficiencia en la política de seguridad pública depende del establecimiento de políticas de seguridad basadas en la evidencia”.
Las políticas basadas en la evidencia son clave
Este es un llamado que retumba en toda América Latina y el Caribe, la región más violenta del mundo con una tasa de homicidios cuatro veces superior al promedio mundial. En América Latina y el Caribe se encuentran 43 de las 50 ciudades con los mayores índices de homicidios del mundo. La región pierde alrededor del 3,5% de su PIB a consecuencia de la delincuencia y la violencia, cerca del doble de la cantidad observada en los países desarrollados. Al igual que Brasil, muchos de los países de la región, si no la mayoría, son conscientes de que necesitan recopilar mejores datos y emplearlos de la manera más eficaz. Saben que necesitan políticas basadas en la evidencia para tener la posibilidad de contener la epidemia.
Este potencial de los datos para combatir la delincuencia se discutirá entre economistas y científicos sociales en el encuentro anual de America Latina Crime and Policy Network de LACEA a realizarse en la sede del BID en Washington, D.C., el 6 y 7 de septiembre de este año.
Una consideración esencial es que los países desarrollados no solo entendieron la importancia de contar con datos, sino que, por más de una década los han venido utilizando, incluidos los sistemas de información geográfica. La llamada vigilancia policial de puntos calientes (hotspots), la concentración de personal y recursos policiales en espacios geográficos reducidos donde se concentra la delincuencia, se ha convertido en una estrategia de vanguardia. Nuevos métodos que hacen uso de un enfoque micro se han ido afianzando cada vez más, con base en la noción de que a menudo la delincuencia se limita a localidades pequeñísimas. Es decir, no es necesario que la policía se centre en los barrios. La mayoría de los delitos ocurren en ciertas cuadras o segmentos de calles: en una esquina peligrosa, en un proyecto habitacional conflictivo o en un bullicioso centro turístico.
La desconfianza en la policía perjudica la lucha contra la delincuencia
Pero para poder ubicar los recursos con precisión y saber cuáles son las estrategias que realmente funcionan, las fuerzas policiales necesitan datos mucho más precisos. Los cuales, como se señala en el reciente estudio del BID, Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe, están haciendo mucha falta en la región. Los datos administrativos en poder de la policía, incluyendo las denuncias de los ciudadanos, se ven menoscabados por el miedo común de que la policía no hará nada o, en el peor de los casos, informará las denuncias a los propios delincuentes. La confianza en las fuerzas policiales de la región se encuentra entre las más bajas del mundo. De los 60 países incluidos en la Encuesta Mundial de Valores 2010-2014, México ocupó el puesto 56; Trinidad y Tobago el 57; Perú el 58 y Argentina el 59 en cuanto a confianza en la policía.
Por otra parte, las encuestas anónimas en materia de victimización, que se realizan con auspicio estatal y que incluyen información mucho más detallada acerca de individuos y hogares, también se quedan cortas. En su gran mayoría son realizadas a escala nacional o provincial debido a sus costos, y en consecuencia carecen de información detallada sobre los barrios, además se han visto debilitadas por trámites burocráticos y problemas políticos. Según un reciente blog, desde principios del decenio de 2000, únicamente Chile y México, entre los países de la región, habían realizado encuestas anuales representativas en materia de victimización.
Los datos nos indican qué funciona en materia de prevención de delitos
Todo esto significa que, durante un verdadero déficit fiscal, los países de la región no pueden beneficiarse de las soluciones más eficientes, científicas y económicas para combatir la delincuencia. Además, se cuenta con muy pocos estudios de impacto que indiquen qué es lo que realmente funciona de los distintos métodos para prevenir la delincuencia.
El detallado y ambicioso informe de Brasil recomienda centrarse en los delitos violentos y no tanto en los no violentos. Pero cada país de la región deberá encontrar su propia receta, y, si bien es cierto, todos podrían beneficiarse de contar con mejores datos.
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