Las recientes sublevaciones, fugas y asesinatos en las cárceles latinoamericanas son el pan de cada día en una región con una tasa de encarcelamiento que duplica la de la Unión Europea y unas de las tasas de homicidio más altas del mundo. Un artículo del New York Times, en el que se describe la toma masiva de los sistemas penitenciarios por parte de grupos al margen de la ley, ha llamado la atención sobre una crisis regional en la que las cárceles “se han convertido en centros clave de reclutamiento de los más grandes y más violentos cárteles y bandas de América Latina”.
El artículo, que cita investigaciones del BID, por un lado, revela que la población carcelaria en América Latina aumentó un 76% entre 2010 y 2020 y, por otro lado, refleja la preocupación que nosotros, junto con otros colegas investigadores, hemos expresado en el pasado acerca de las políticas que conducen a tasas de encarcelamiento excesivamente altas y a la violencia y las perturbaciones que este fenómeno puede acarrear. Entre ellas se incluyen el uso generalizado de la prisión preventiva, el languidecimiento durante meses e incluso años de los detenidos a la espera de ser juzgados y las duras condenas impuestas a personas por delitos menores relacionados con drogas, un fenómeno que expone a personas no violentas a criminales reincidentes.
También hemos hecho hincapié en las oportunidades demasiado limitadas que tienen los prisioneros para educarse, trabajar y lograr rehabilitarse. Estas deficiencias, junto con unas condiciones de vida extremadamente deficientes en los centros penitenciarios, crean un caldo de cultivo para el surgimiento de grupos de delincuencia organizada.
La cuestión recae en qué se puede hacer y cómo se pueden comunicar planteamientos alternativos.
¿Qué se puede hacer?
El compromiso del BID con la mejora de la gestión penitenciaria tiene como objetivo respaldar los esfuerzos que apoyan el principal propósito del sistema penitenciario: lograr la rehabilitación y reinserción social de las personas. En la actualidad, 13 proyectos de las 31 operaciones financiadas a través del Sector de Seguridad y Justicia del Grupo BID se centran en el uso de evidencia para reforzar las capacidades institucionales de los sistemas penitenciarios.
Estos esfuerzos pretenden prevenir y reducir la delincuencia y la violencia al interior de las cárceles, así como aminorar la reincidencia para una mayor seguridad ciudadana en general. Todo ello forma parte de una estrategia que incluye un enfoque de derechos humanos acorde con las normas internacionales en pos de garantizar la integridad de todos los prisioneros. Incluye iniciativas para responder a crisis sanitarias y humanitarias; desarrollar sistemas de información basados en resultados y destinados a reforzar la gestión penitenciaria y crear infraestructuras carcelarias innovadoras que sean sostenibles, seguras y que promuevan la rehabilitación. También implica la promoción de alternativas a la detención; la profesionalización de los guardias carcelarios; la adopción de nuevas tecnologías para una mejor gestión penitenciaria; y la definición de una gestión presupuestaria de las cárceles basada en los resultados.
Información distorsionada
Otro aspecto crucial es el papel de la información en el surgimiento del clamor público en favor de mayores penas, especialmente cuando los políticos, los periodistas y las redes sociales exageran las noticias sobre delincuencia y tergiversan las estadísticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde los índices de delincuencia en 2019 eran casi la mitad que 20 años atrás, las encuestas de Gallup mostraron sistemáticamente que la mayoría de la gente creía que cada año había más delincuencia que el año anterior. Esto puede haber desalentado los esfuerzos por reducir la población carcelaria.
En un experimento llevado a cabo en Panamá, expusimos a la gente a un mensaje sobre el aumento de la delincuencia en el período 2000-2013, acompañado de la imagen de una escena del crimen. Esas personas estaban dispuestas a dedicar un 30% más de recursos al castigo que otro grupo que recibió un mensaje sobre la disminución de los índices de delincuencia en el período más reciente de 2009-2013, acompañado de la pacífica imagen de una madre con su hijo. Este grupo estaba dispuesto a gastar más en medidas preventivas.
Dicho de otra forma, la información puede ser manipulada y puede dar lugar a sentencias severas. Puede llevar a la gente a ignorar medidas con gran potencial para la reducción de la delincuencia, como mayores inversiones en educación infantil, programas para padres, formación profesional, rehabilitación e iniciativas contra la pobreza. Estas y otras medidas, recopiladas por la Plataforma de Evidencia del BID, ayudan a los gobiernos a diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
La falta de fe en las instituciones también constituye un problema en América Latina donde, en promedio, según el Latinobarómetro 2021, una encuesta de opinión pública de la región, menos de la mitad de la población confía en su policía nacional y en muchos países menos de un tercio. Esta falta de confianza, según se describe en una monografía del BID, afecta no sólo la disposición de la ciudadanía a financiar a la policía, el tipo de políticas de seguridad que esta exige, sino su voluntad de cooperar con las fuerzas del orden. No sólo dificulta la capacidad de la policía para hacer frente a la ilegalidad. Sino que, por extensión, también puede conducir a una gran impunidad y, en consecuencia, a la exigencia de penas más duras y mayor encarcelamiento, aunque esas medidas sean costosas y no logren frenar la delincuencia a largo plazo.
Información para mejorar la situación en las cárceles
En 2021, cerca de 1,4 millones de personas estaban recluidas en instituciones penitenciarias de América Latina. El hacinamiento y las malas condiciones de vida son habituales, y las organizaciones del crimen organizado, que utilizan las cárceles como campos de reclutamiento, se han vuelto más poderosas. Esta precaria e insostenible situación tiene más probabilidades de convertir a delincuentes no violentos en violentos y de aumentar la incidencia de la reincidencia que de servir a los intereses de la rehabilitación y de una mayor seguridad. Frente a la desinformación de las redes sociales, los políticos y otras fuentes de inexactitud, una mejor información sobre la delincuencia y los presos sólo puede ayudar a aplicar la ley, imponer penas y reformar el sistema penal en beneficio de toda la sociedad.
Leave a Reply