La crisis de la Covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la mayoría de los aspectos de la vida social. Y si bien la situación es dramática para cualquier persona, los efectos de la pandemia se sienten mucho más fuerte en las cárceles de América Latina y el Caribe. Más de 1,2 millones de personas cumplen penas de prisión en la región, la mayoría en cárceles sobrepobladas donde las malas condiciones aumentan el riesgo de infección, y donde los gobiernos se esfuerzan en encontrar respuestas adecuadas. En este primer artículo de una serie de dos partes, abordamos algunos de los desafíos que esta crisis plantea a los sistemas de justicia penal de la región.
Desde que se confirmó el primer caso de la Covid-19 en Brasil a finales de febrero, la situación en las cárceles de América Latina ha sido crítica. Han estallado varios motines, no necesariamente debido al virus en sí sino debido al miedo, a la incertidumbre y a la mala comunicación entre las autoridades y los reclusos. Después de que el gobierno restringiera los derechos de visita en Brasil, 1.500 personas escaparon de prisiones en Tremembé, Porto Feliz, Mirandópolis y Mongaguá. En Colombia, los prisioneros protagonizaron motines en Bogotá y Huila que terminaron con la muerte de 23 personas y dejaron 83 heridos. Se han reportado incidentes similares durante el último mes en Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Dentro de las demandas de las personas privadas de libertad está mejorar las medidas de saneamiento, flexibilidad en los horarios de visitas y medidas concretas para disminuir el riesgo de infección generalizada. Algunos gobiernos locales han tomado medidas para abordar estas preocupaciones. Por ejemplo, diversas prisiones mexicanas han recurrido a las visitas virtuales utilizando tecnologías de videoconferencia. Algunas prisiones en Jamaica y Argentina han aumentado el acceso a los insumos necesarios para desinfectar y limpiar y también han aumentado la frecuencia con que limpian las celdas y los espacios compartidos. Países como Chile y Brasil actualmente evalúan leyes que dejarían en libertad a personas no violentas a partir de una determinada edad. Aunque estas medidas van en la dirección correcta, muchas carecen de coordinación, se han dado a conocer inadecuadamente y varían notablemente entre países.
Las prisiones en América Latina: altas tasas de encarcelamientos y altos niveles de ocupación
Esta pandemia ha exacerbado la situación, que ya era caótica, en las prisiones de América Latina. Para entender verdaderamente cuán vulnerable es la población reclusa de la región, en primer lugar, debemos analizar su situación antes de que golpeara el coronavirus. El Institute for Crime and Justice Policy Researh (ICJPR), de la Universidad de Londres, reúne datos sobre las poblaciones carcelarias y los niveles de hacinamiento. Según sus cifras, en América Latina hay un promedio de 282 presos por cada 100.000 habitantes. En Europa esa cifra disminuye a 130 reclusos y en Asia y el Pacífico a 184. América Latina se encuentra entre las regiones con los índices de encarcelamiento más altos del mundo, sólo después de Estados Unidos.
Con un promedio de 163%, la región también tiene uno de los niveles de ocupación carcelaria más elevados. Por cada unidad disponible en una prisión de América Latina actualmente hay 1,6 personas. Esta cifra aumenta hasta el 454% en el caso de Haití. En cambio, las prisiones en Europa tienen tasas de ocupación del 87%, prácticamente la mitad de los reclusos por unidad que en América Latina (ver gráfico 1).
Las altas tasas de encarcelamiento junto con los altos niveles de ocupación de las prisiones generan un contexto donde los virus y las enfermedades se pueden propagar rápidamente. Se requieren medidas inmediatas para contener esta situación dado que países como Colombia, Ecuador y República Dominicana ya han reportado casos de la Covid-19 en algunas de sus cárceles.
Gráfico 1: Niveles de ocupación de las prisiones e índices de encarcelamiento en países y regiones seleccionadas
Promedios regionales y de la OCDE en negrilla. Fuente: Institute for Crime and Justice Policy Research
Varios países ya han tomado medidas drásticas para minimizar el riesgo de contagio en sus prisiones. Según Covid Prison Data, al 20 de abril un total de 5.925 personas encarceladas en recintos federales y estatales y 2.407 empleados de las prisiones en Estados Unidos habían dado positivo. Estados como Nueva York, Ohio e Illinois ya han liberado a presos no violentos como medida para abordar el hacinamiento. Varios países en Europa y en todo el mundo han aplicado la misma fórmula. Autoridades en Francia, Reino Unido y Alemania anunciaron que liberarán a 5.000, 4.000 y 1.000 reclusos no violentos, respectivamente. En Francia se informó de una disminución del 9% de su población carcelaria entre el 15 de marzo y el 1 de abril.
En Italia y Francia se ha informado de incidentes similares a los ocurridos en las prisiones de América Latina. Como respuesta a la mayor vulnerabilidad de los internos, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura publicó un informe este mes donde se detallan medidas concretas para los gobiernos. Sus recomendaciones se centran en asegurar la seguridad y la salud de las personas privadas de libertad. El informe también hace énfasis en la importancia de proporcionar información precisa y completa a las personas encarceladas de manera oportuna para evitar conflictos. Estas recomendaciones refuerzan los derechos y libertades de las personas en prisión y están diseñadas para limitar la propagación del virus.
Qué medidas están tomando los países de América Latina
Algunos países en América Latina también han tomado medidas concretas en esta dirección. El 17 de abril, el gobierno chileno aprobó una ley que conmuta las penas de prisión por arrestos domiciliarios y que podría beneficiar a 1.300 personas actualmente en el sistema carcelario. Entre otros, esta medida beneficia a los hombres mayores de 60 años y a las mujeres mayores de 55, así como las mujeres embarazadas o a las madres con hijos menores de dos años que cumplen penas de prisión. En Bolivia, el gobierno decretó la puesta en libertad de los hombres mayores de 58 años y las mujeres mayores de 56. De la misma manera, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil recomendó restringir la prisión preventiva sólo a los casos en que fuera necesario, y encontrar alternativas como el arresto domiciliario para los reclusos actuales.
Algunos de los países con los índices más altos de ocupación carcelaria también han adoptado medidas concretas. Nicaragua ordenó la liberación de 1.700 reclusos, y Honduras notificó a 200 personas que no tendrán que volver a la cárcel después del arresto domiciliario, como se había planeado originalmente. Otros países, como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, están evaluando medidas similares. El desafío para los gobiernos consiste en determinar cómo y a quién liberar, a la vez que se vela por la seguridad pública. Las medidas actuales sólo se aplicarían a los culpables de delitos no violentos mayores de cierta edad que pertenecen a grupos vulnerables. Además, algunos países también han implementado regímenes de limpieza y desinfección más estrictos, han aumentado el monitoreo de casos potenciales y han creado o adaptado zonas en o cerca de las cárceles para aislar a casos confirmados.
Aunque varios países de América Latina se muestran proactivos e implementan medidas adecuadas, todavía queda mucho por hacer. Los gobiernos deben asegurarse de que siguen las directrices de Naciones Unidas y que respetan los derechos de las personas privadas de libertad. Dado el alto nivel de hacinamiento, las medidas de distanciamiento social sólo son viables en cárceles bien gestionadas y al aire libre. Además, el debate sobre la liberación de los presos tiene una carga política y son pocos los gobiernos que parecen estar dispuestos a adoptar medidas concretas. Los gobiernos tienen que priorizar la salud y el bienestar de aquellos que se encuentran en situación de mayor riesgo. El malestar social en las cárceles no hará sino propagarse a otras cárceles y regiones a menos que se establezcan canales de comunicación más adecuados y se continúen respetando los derechos de los reclusos. Desafortunadamente, éstos se enfrentan a una realidad completamente diferente, que los vuelve cada vez más vulnerables a medida que esta crisis se desenvuelve y los gobiernos tienen que hacer de su bienestar una prioridad.
En el segundo artículo de esta serie de dos partes, analizaremos aspectos relevantes de la literatura en economía del crimen en relación con el impacto de reducciones drásticas en las poblaciones carcelarias en dos dimensiones cruciales, a saber, la seguridad pública y el vínculo entre los mercados laborales y la reincidencia.
[Nota editorial: Una lista detallada de las fuentes de este artículo se puede encontrar aquí.]
Excelente la exposición, Argentina ya ha tomado la medida y ha surgido bastante polémica al respecto.
Saludos!