Las transferencias monetarias condicionadas son poderosos instrumentos de progreso social en América Latina y el Caribe. Han reducido la pobreza a corto plazo de decenas de millones de personas proporcionando un ingreso mensual y han contribuido a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza vinculando la ayuda financiera a conductas que mejoran el capital humano, como la asistencia escolar y los controles de salud.
Sin embargo, una investigación reciente que hemos llevado a cabo con Katja Kaufmann y Eliana La Ferrara subraya cómo los incentivos electorales pueden llevar a los políticos a influir en la implementación de estos programas. Y esa influencia puede socavar la efectividad de esos programas al provocar una vigilancia más laxa de su cumplimiento, un problema grave que podría requerir nuevas medidas.
Los votantes castigan la vigilancia estricta
Observamos este peligro en un estudio llevado a cabo en Brasil, donde se instauró el Programa Bolsa Familia, un programa de transferencia monetaria condicionada que cubre a aproximadamente 14 millones de familias. Observamos que los votantes castigan a los alcaldes allí donde la vigilancia de las condiciones son estrictas y, como consecuencia, los alcaldes que se presentan a la reelección influyen en la vigilancia del cumplimiento de las reglas a través de los directores de las escuelas locales.
Nuestro punto de partida fue un análisis de las prácticas de vigilancia del cumplimiento y los resultados de las elecciones municipales en todo Brasil. Los beneficios del Programa Bolsa Familia están condicionados a la asistencia escolar. En principio, al no cumplir uno recibe una notificación de posibles sanciones. Con el tiempo, eso resulta en el aplazamiento de los beneficios, seguido de una suspensión temporal y, finalmente, la exclusión del programa.
¿Cómo respondieron las familias a estas advertencias y sanciones? Al analizar las elecciones municipales de 2008, hemos llegado a la conclusión de que provocaron una reacción contra los alcaldes del Partido dos Trabalhadores (PT), que tenía el poder a nivel federal y al que se asocia estrechamente con el Programa Bolsa Familia. Por cada aumento de una desviación estándar en el porcentaje de beneficiarios que recibían advertencias antes de las elecciones, la participación del voto a favor del candidato a alcalde de la coalición del PT disminuyó en un 1%.
Menos advertencias durante los años electorales
Esto, a su vez, influía en la vigilancia del cumplimiento de las reglas. Hay menos amenazas de retirada de beneficios y cancelaciones reales en un año electoral en las municipalidades donde es más alta la participación de directores de escuela políticamente conectados. En efecto, en un año en que los alcaldes de la coalición PT se presentan a la reelección, y sólo en ese año, las advertencias a propósito de la asistencia escolar disminuyen hasta en un 20%.
Esto puede tener graves implicaciones dado que socava la integridad de los programas de transferencia monetaria condicionada. Al fin y al cabo, si no se vigila el cumplimiento de las condiciones, las familias empezarán a tratarlas como si no existieran, como si los programas fueran incondicionales en lugar de condicionales. Puede que las obligaciones como asistir a la escuela y someterse a controles de salud se consideren opcionales, lo cual desvirtúa en gran parte el objetivo del programa. Al contrario, como he documentado en otro estudio, aumentar la vigilancia del cumplimiento de las condiciones del programa puede ser un buen ejemplo: la asistencia escolar de un alumno aumenta cuando sus compañeros o los de sus hermanos han recibido advertencias por no asistir a la escuela.
No hay soluciones fáciles. El sistema se podría mejorar intensificando los controles en periodo electoral y, en la medida de lo posible, otorgando poder de decisión a autoridades menos dependientes políticamente. Si estas medidas funcionan o no en la práctica será materia de estudios en el futuro. Sin embargo, dada la importancia de las transferencias monetarias condicionadas en toda América Latina y el Caribe, sin duda vale la pena explorarlas como una manera de proteger los programas de la influencia política y de fortalecer la cultura de la responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos.
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