Durante los peores momentos de la crisis de la COVID-19, los gobiernos en América Latina y el Caribe ayudaron a las empresas y los hogares con paquetes de apoyo coordinados con la política monetaria de los bancos centrales. Para muchos, las inyecciones de liquidez y la flexibilidad en las reglas de supervisión al sector financiero contribuyeron a aliviar el sufrimiento.
Mientras que fueron numerosas las empresas pequeñas que cerraron sus puertas durante la crisis, fueron sorprendentemente pocas las empresas más grandes que quebraron. Estas sobrevivieron recortando costos y disminuyendo la inversión, lo cual resultó en una reducción significativa de su capital productivo. Los niveles de deuda empresariales actualmente son igual de altos que antes de la pandemia. Al mismo tiempo, los impactos persistentes del virus y las nuevas cepas, la guerra de Rusia en Ucrania, los ajustes monetarios en las economías avanzadas, el incremento en la volatilidad de los mercados internacionales de capital, y el temor a la estanflación global (bajo crecimiento y alta inflación) crean un contexto sumamente difícil.
El Center for Global Development (CGD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han unido esfuerzos en un informe publicado hoy que analiza los desafíos a los que se enfrentan las empresas como resultado de la crisis de la COVID-19 y recomienda posibles soluciones. El informe se basa en las deliberaciones de un grupo de trabajo de expertos de economistas y juristas de alto nivel de los países de la región. Esperamos que sus recomendaciones ayuden a los responsables de las políticas y a las instituciones financieras internacionales a definir e implementar medidas que estimulen nuevas inversiones de las empresas productivas, apoyen el crecimiento de empresas nuevas y mejoren el desempeño del mercado laboral.
Inversión e informalidad: un doble problema
La inversión en la región cayó bruscamente durante los días más oscuros de la pandemia. Si bien el flujo de inversiones -sobre todo en la minería, petróleo y gas, agricultura y manufacturas- se ha recuperado desde entonces, los activos fijos de las empresas (su stock de capital productivo) han caído en todo el espectro de empresas y aún se encuentran en niveles muy deprimidos. Los niveles de deuda de las empresas se dispararon, pero dado que se usaron estos recursos para financiar las necesidades de liquidez y sobrevivir a la crisis, se invirtió muy poco de aquello. La deuda ahora ha disminuido, pero solo a los niveles anteriores a la pandemia, que ya eran muy altos.
Con su capacidad de producción futura amenazada, ¿serán capaces las empresas de financiar inversiones y reconstruir su stock de capital hasta al menos los niveles anteriores a la pandemia? Debido a las incertidumbres en los mercados financieros globales, es poco probable que los ingresos de las empresas sigan aumentando muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia o que puedan captar más deuda o atraer más inversión directa bajo la forma de capital.
La productividad en la región se ha estancado desde hace tiempo y el aumento significativo en la proporción de empresas más pequeñas en relación con las más grandes desde inicios de la pandemia es problemático. Las empresas más pequeñas tienden a ser menos productivas y menos capaces de aprovechar las capacidades transformadoras de la tecnología digital que mejoran la productividad.
Además, si bien se perdieron más empleos informales que formales durante la pandemia, la informalidad ha vuelto con fuerza y ahora es más prevaleciente que nunca. Los trabajadores informales tienden a ser menos productivos que sus contrapartes formales, y muchos trabajan en microempresas con muy poco capital. El aumento de la informalidad significará un lastre más para la productividad y el crecimiento.
Cómo combatir los problemas estructurales durante la recuperación
¿Cómo pueden los responsables de las políticas apoyar a las empresas productivas y mejorar el funcionamiento de los mercados laborales formales? El informe CGD-BID ofrece sugerencias para abordar estos problemas.
Los países deben contemplar la creación de una institución público-privada, de naturaleza transitoria, y un personal profesional contratado en gran parte del sector privado para apoyar a las empresas con un fuerte potencial de crecimiento. Esta institución -que podría adoptar diversas formas, como un fondo fiduciario, por ejemplo- evaluaría y desarrollaría técnicas para identificar empresas con buenas perspectivas de negocios y proporcionar apoyo mediante una serie de instrumentos, entre ellos las inyecciones de capital.
Los países en la región también deberían reformar sus códigos de insolvencia para hacerlos más flexibles, transparentes y eficientes. Estas reformas podrían contribuir a asegurar que la inversión fluya de las empresas insostenibles de menor productividad a empresas más innovadoras y productivas. En esta dirección, un nuevo foro para proporcionar apoyo técnico a los procesos nacionales de resolución de problemas empresariales, incluidos los países más pequeños que carecen de conocimientos expertos, podrían marcar una diferencia considerable a la vez que contribuyen a la solución de problemas de insolvencia transfronteriza. La protección de las inversiones debería fortalecerse, incluyendo mecanismos que facilitan las consultas entre gobiernos e inversores con el fin de impulsar objetivos comunes y evitar disputas.
Debería inducirse un fuerte impulso para promover la transición a las tecnologías digitales, mediante nuevas inversiones potenciales en infraestructura digital e incentivos para la adopción digital en las empresas. Y deberían incluirse programas de ciclo corto para capacitación técnica, eventualmente incluyendo becas para los alumnos de los hogares más pobres.
Las reformas de mercado laboral son cruciales, dada la persistencia de la informalidad y su crecimiento reciente a expensas del empleo formal. Las reformas podrían incluir, entre otras características, financiar las prestaciones de la seguridad social y de salud con los impuestos más generales para disminuir los costos de contratación del empleo formal; disminuir los impuestos laborales; e introducir esquemas de ahorro y de seguros bien diseñados que apoyarían a los trabajadores a lo largo de períodos de desempleo en lugar de proteger sus empleos.
América Latina y el Caribe se enfrenta a problemas estructurales de larga data, con una mala asignación de recursos que contribuye a una baja productividad y un bajo crecimiento. La pandemia ha agravado estos problemas. Esperamos que este informe y sus recomendaciones ayuden a los responsables de las políticas y las instituciones financieras internacionales a adoptar las medidas necesarias para mejorar la recuperación de las empresas, el crecimiento económico y el empleo y situar a la región en una senda de prosperidad y sostenibilidad.
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