Con el 9% de la población mundial y el 33% de sus homicidios, América Latina y el Caribe sufre de niveles de violencia demasiado altos. Sin embargo, las respuestas de los gobiernos, centrados en gran parte en prácticas punitivas como la reclusión carcelaria masiva, no han sido suficiente. Mientras los encarcelamientos han aumentado en un 76% a lo largo de la última década, la región en su conjunto sigue teniendo una tasa de homicidios equivalente a más de dos veces el promedio mundial, y la tasa de América Central es tres veces mayor que hace 30 años.
Parte del problema reside en las preferencias de la sociedad, que favorece soluciones rápidas en lugar de políticas más efectivas a largo plazo. El BID publicó recientemente un estudio y un conjunto de datos basados en tres encuestas diferentes de opinión pública que arrojan luz sobre las actitudes de los ciudadanos con respecto a la delincuencia y las políticas para combatirla. Se espera que la comprensión de esas preferencias y sus determinantes pueda ayudar a abordar más adecuadamente el problema y conseguir que la lucha contra la delincuencia sea más efectiva.
El problema de la confianza y la impaciencia
Una de las cosas que destaca en las encuestas es la baja confianza en las instituciones y en la capacidad de los funcionarios públicos para gastar el dinero de los contribuyentes de manera inteligente en políticas socialmente beneficiosas a largo plazo. Esta falta de confianza atenta contra la implementación de soluciones efectivas. Es menos probable que las personas que no confían en la policía -y son muchas- apoyen la subida de impuestos para aumentar los presupuestos de la policía. Dudan de que el aumento de recursos para capacitación y equipos mejorará las capacidades de la policía para luchar contra la delincuencia. En efecto, más del 30% de latinoamericanos preferirían invertir dinero en defenderse a sí mismos que depender de la policía. La falta de confianza en los políticos también tiene su precio. Dificulta la elaboración de estrategias contra la delincuencia con el equilibrio adecuado de prevención y políticas de disuasión basadas en evidencia.
Entretanto, los ciudadanos se muestran impacientes. Quieren soluciones rápidas que prometan reducciones considerables e inmediatas de la delincuencia. Esta preferencia por castigos más duros o “mano dura” ha generado una tasa de encarcelamiento que equivale al doble de la tasa de la Unión Europea, lo cual implica un gran gasto fiscal. Las cárceles se han convertido en lugares de reclutamiento para el crimen organizado. Los políticos, siempre con un ojo puesto en el calendario político, a menudo se muestran sumamente favorables a ese deseo de ejercer una mano dura. Promueven las políticas punitivas en tiempos malos que se mantienen durante demasiado tiempo, aun cuando el número de muertes obstinadamente alto refleja las deficiencias esa política.
Fallos de comunicación en el esfuerzo de lucha contra la delincuencia
Las estrategias de información podrían ser mejores. Por ejemplo, se ha dedicado escaso esfuerzo a informar a los ciudadanos acerca de los beneficios de la vigilancia de puntos calientes, es decir, la focalización de los recursos policiales a zonas pequeñas donde se acumula la mayor delincuencia. Como resultado, la estrategia costo-efectiva y sumamente eficiente, utilizada ampliamente en otros países, no tiene demasiado apoyo de la opinión pública en la región. Cerca de la mitad de las personas de la región no quieren vigilancia policial de puntos calientes y, en su lugar, prefieren una distribución por igual de las fuerzas policiales en todo el territorio, aun cuando la delincuencia se concentra en unos pocos lugares.
En esta dinámica intervienen la demografía, la educación y la experiencia vital. Las personas de edad avanzada, los hombres, las personas con más educación y los no blancos generalmente se oponen a castigos más duros y, en su lugar, optan por dotar de más recursos a la policía. Las víctimas de la delincuencia y aquellos que se sienten inseguros en sus barrios son más propensos a la adopción de políticas punitivas y subsidios a la seguridad privada para que los ciudadanos puedan defenderse por sí mismos.
El panorama es difícil. Sin embargo, una manera de avanzar en una dirección más positiva es entender estos determinantes de actitudes y los propios sesgos. Gracias a esa comprensión, los gobiernos pueden educar más adecuadamente a la población a propósito de las estrategias efectivas contra la delincuencia y los costos fiscales de diferentes enfoques.
Para restablecer la confianza en el buen gobierno y la buena vigilancia policial, es absolutamente crucial comenzar a implementar políticas de lucha contra la delincuencia basada en evidencia que produzca resultados reales. El aumento de la prevención, la mejora de la capacitación de la policía y las condiciones laborales, la reducción de la corrupción y el trabajo con las comunidades para elaborar soluciones puede marcar una gran diferencia. Adoptar estas medidas reforzaría la idea de que los funcionarios públicos están comprometidos con políticas públicas beneficiosas que aprovechan al máximo el dinero de los contribuyentes.
Mejor información para cambiar las actitudes
Aunque América Latina y el Caribe sufre el azote de la delincuencia y una hemorragia del 4% del PIB al año debido a las consecuencias de los delitos, sigue luchando contra la delincuencia con un conjunto limitado de soluciones y de corto plazo. Actualmente, casi el 13% de los reclusos del mundo viven en las instituciones penales de la región. Sin embargo, aunque las cárceles se llenan y generan un costo fiscal enorme, las tasas de delincuencia siguen siendo persistentemente altas. Esperamos que nuestro estudio, al arrojar luz sobre estos problemas y las actitudes públicas que contribuyen a perpetuarlos, pueda invitar a una nueva reflexión tanto en las esferas sociales como de las políticas públicas, impulsar nuevas estrategias y comenzar a cambiar el panorama del crimen en la región.
[Nota editorial: Este estudio ha sido posible gracias al apoyo financiero de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Sector de Instituciones para el Desarrollo del BID.]
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