La pandemia COVID-19, tal vez como ningún otro acontecimiento importante que se recuerde, ha puesto de manifiesto tanto las sinergias como las tensiones entre la ciencia y la política. Al comienzo de la pandemia, los gobiernos recurrieron de inmediato a los científicos para obtener los datos, los conocimientos y la tecnología necesarios para combatir el nuevo virus. La ciencia aportó cada vez más claridad sobre la rápida evolución de la pandemia, sin embargo, cada gobierno confió a su manera en el asesoramiento científico. Por consiguiente, el público puede haber escuchado diferentes mensajes de los científicos y de los formuladores de políticas públicas. Como resultado, los éxitos de los países en la contención de la pandemia variaron en gran medida, incluso en una región relativamente homogénea como América Latina.
La ciencia puede estar limitada por la incertidumbre, y las políticas públicas pueden estar influenciadas por la política. Pero los científicos y los formuladores de políticas públicas tienen el potencial de mejorar los resultados mediante una mejor colaboración y mensajes más coordinados para el público.
Diferentes funciones de la ciencia y la política pública
La respuesta científica a la pandemia ha sido extraordinaria. A las pocas semanas de la aparición de la nueva enfermedad, se había secuenciado el genoma del coronavirus. En pocos meses, se habían lanzado distintas pruebas para la infección por COVID-19. En menos de un año, se desarrollaron vacunas muy eficaces que demostraron ser seguras. Sin embargo, no se conoce bien cuánto dura la inmunidad ni cuáles son los factores detrás de las mutaciones del virus. El proceso científico tampoco está exento de problemas. En el primer semestre de 2020, los artículos científicos sobre la COVID-19 se duplicaron cada 14 días. La explosión de investigaciones relacionadas con la pandemia no permitió la revisión crítica de todas las contribuciones en la creciente evidencia. Un ejemplo de ello es la retractación de artículos de investigación sobre el fármaco hidroxicloroquina que fueron publicados en las prestigiosas revistas médicas The Lancet y New England Journal of Medicine, tras descubrirse que los datos eran erróneos.
Incluso cuando la ciencia proporciona respuestas claras y oportunas sobre la lucha contra la enfermedad, no puede emitir juicios de valor, como, por ejemplo, sobre quién debería tener prioridad para la vacunación o cuánto tiempo deberían durar los confinamientos. Estas difíciles decisiones siguen perteneciendo al ámbito de la política pública. Como dijo Geoffrey Rose, uno de los padres de la epidemiología moderna, que, mientras la ciencia de alta calidad debe ayudar a informar la política pública, “en una democracia la responsabilidad final de las decisiones sobre política sanitaria deberá recaer en el público”.
Los funcionarios públicos a menudo deben actuar con información incompleta sobre las consecuencias de las opciones de política. Lo hacen basándose en los valores y prioridades del público al que representan. Por ello resulta importante que se comuniquen con el público en términos sencillos y claros, pese a las incertidumbres que rodean la ciencia. Particularmente en el ámbito de la política sanitaria, existe un consenso generalizado sobre la necesidad de trazar una línea clara entre los hallazgos científicos y las medidas políticas. De este modo, los científicos permanecen aislados de la presión política, preservando la integridad del proceso científico. Los formuladores de política, por su parte, no pueden dejar la responsabilidad de sus decisiones en la ciencia, sino que siguen respondiendo directamente ante los votantes que los han elegido.
Mejorar la colaboración entre ciencia y política pública
En un artículo publicado en Science en enero de 2021, investigadores de la Universidad de Northwestern informaron que la fracción de documentos políticos que citaban investigaciones científicas recientes de alta calidad revisadas por pares aumentó gradualmente con la evolución de la pandemia. Las organizaciones intergubernamentales que coordinan la acción global lideraron esta tendencia, con un 40% de sus documentos políticos citando la ciencia. Los gobiernos nacionales mostraron mayor variación. Países como Alemania dan más importancia a la ciencia. Cerca del 10% de los documentos gubernamentales de América Latina citaban la ciencia, una tasa comparable a la media mundial. Por consiguiente, los adelantos científicos son escuchados, aunque en distintos grados. Como resultado, los planteamientos de política pública nacionales y las tasas de mortalidad han variado de manera significativa.
¿Cómo pueden colaborar mejor los científicos y los formuladores de políticas públicas para generar soluciones políticas basadas en evidencia que se incorporen más fácilmente a la política nacional?
Mejorar la colaboración entre la ciencia y la política es un esfuerzo bidireccional. Desde el punto de vista científico, la investigación debe generar soluciones más aplicables en la práctica y más fáciles de implementar. Durante 2020, la facultad de política sanitaria de la Universidad de Columbia desarrollo un sistema de clasificación para evaluar la evidencia científica en las decisiones de política pública. Las calificaciones van desde “teórica” (nivel más bajo) hasta “de impacto” (nivel más alto). Esta última calificación se asigna a la investigación que ha sido probada, replicada y validada, por lo que está lista para aplicarse en el mundo real.
Las decisiones de política pública implican consideraciones, por ejemplo, “salud frente a riqueza” en la lucha contra la pandemia. Resulta difícil cuantificar estas disyuntivas. A menudo requiere una investigación interdisciplinaria, que no es tan común como debería ser. Por su parte, los formuladores de políticas públicas pueden beneficiarse del asesoramiento científico, pero por diferentes motivos no siempre toman medias al respecto. Una de ellas son las consideraciones políticas. En un reciente estudio, investigadores de la Universidad de Nueva York analizaron los datos de 65 países y descubrieron que los gobernantes que se enfrentaban a la reelección durante la pandemia adoptaron medidas de contención menos restrictivas, en particular aquellas que tenían repercusiones económicas negativas, como los confinamientos. Otra consideración es que muchos países, especialmente los más pobres, simplemente carecen de la capacidad para hacer cumplir las medidas de salud pública como el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Se trata de restricciones difíciles a la política pública que no pueden superarse fácilmente sin instituciones fuertes, un liderazgo eficaz y la capacidad del Estado.
Cumplimiento y actitudes de los ciudadanos
No debe pasar desapercibido que el éxito de muchas políticas relacionadas con la pandemia también depende de que el público cumpla las directrices emitidas por el gobierno. El Departamento de investigación del BID desarrolló intervenciones informativas y del comportamiento para aumentar la importancia de las recomendaciones de salud y facilitar su adopción generalizada. Pero el cumplimiento por parte de la población depende, en última instancia, de la confianza de los ciudadanos en estas recomendaciones. En algunos países, el público fue testigo de las fricciones abiertas entre los expertos en materia de salud y los responsables políticos. Los mensajes contradictorios en las redes sociales también han contribuido a la confusión o a la desinformación. Un reciente estudio sobre nueve países, realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania descubrió que, en casi todas partes, el nivel de confianza del público en la ciencia era al menos tan alto como el nivel de confianza en el gobierno. Algunas de las diferencias más grandes entre la confianza en la ciencia y la confianza en el gobierno se dieron en Colombia y México, mientras que algunas de las más pequeñas se dieron en Alemania y Corea del Sur, donde la política y la ciencia estaban más alineadas.
Lo ideal sería que la ciencia y el gobierno lograran trabajar conjuntamente en armonía buscando mejorar las políticas públicas. Y, en consecuencia, los ciudadanos deberían considerar ambos ámbitos como complementarios, y no como antagónicos. La ciencia ha respondido muy bien a la actual pandemia, pero podría hacer sus contribuciones más directamente relevantes para la política pública. Los formuladores de políticas públicas han prestado mucha atención a la ciencia, pero no siempre han seguido sus recomendaciones. Por último, tanto los científicos como los formuladores de políticas públicas podrían coordinar mejor sus comunicaciones públicas para infundir confianza pública en las políticas adoptadas. Esto serviría para mejorar el cumplimiento voluntario y lograr que las políticas surtan el efecto previsto.
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