Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen la inmensa mayoría de las empresas formales, y contribuyen con cerca del 50% del empleo formal en el país promedio en América Latina y el Caribe, e incluso con cerca del 80% en algunos casos. Sin embargo, a pesar de su enorme importancia para la economía de la región, estas empresas luchan constantemente por acceder al crédito, y a menudo les resulta complicado y costoso cuando consiguen hacerlo.
La escasez de recursos para las pymes restringe su capacidad de invertir, crecer, innovar y crear puestos de trabajo de alta calidad. Cerca de una cuarta parte de las empresas de la región, tanto grandes como pequeñas, señalaron la falta de financiamiento antes de la pandemia de COVID-19 como una limitación importante, más que en las economías avanzadas o en Asia emergente. Para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mpymes), el problema es especialmente grave, con un déficit financiero de USD$1,8 billones entre la oferta y la demanda, según algunas estimaciones, es decir, más de cinco veces la oferta actual.
Problemas estructurales
Esto crea graves problemas estructurales. Las empresas más grandes de la región financian en mayor medida las inversiones a largo plazo con financiamiento también a largo plazo que las pymes. Pero estas últimas deben financiar una mayor parte de las inversiones a largo plazo con financiamiento a corto plazo, a menudo de sus propios proveedores. Aunque las pymes recurren a fondos internos (por lo general, beneficios no distribuidos) en la misma medida que las grandes empresas, también tienden a estar más expuestas a los shocks y disponen de menos herramientas para gestionarlos. Esto hace que sus ingresos sean más volátiles que los de sus homólogos de mayor tamaño.
La región no tiene por qué resignarse a estas limitaciones. Como lo sugerimos en un capítulo sobre deuda privada en el reciente informe insignia del BID “Lidiar con la deuda”, existen reformas regulatorias y de otros tipos, así como mejoras dentro del sector privado en las prácticas bancarias, las tecnologías financieras (fintech) y los mercados de capitales, que podrían ayudar a destrabar un mayor financiamiento para las pymes, contribuyendo a que estas empresas sean más productivas y estables.
Las pymes obtienen menos del 20% de su financiamiento de los bancos (incluidas sus propias fuentes internas), y podrían aumentarlo si se redujeran las asimetrías de información (como la información que la empresa conoce, pero que es difícil de demostrar al banco). Por ejemplo, la implementación de regulaciones para el establecimiento de organizaciones de historial crediticio facilitaría a los bancos determinar la solvencia de un solicitante de préstamo. También lo harían las reformas que crean o mejoran la legislación sobre préstamos garantizados y las prácticas bancarias que permiten a los bancos aceptar garantías mobiliarias (como inventarios, cuentas por cobrar, maquinaria y equipos). Reunir la información necesaria para evaluar a una posible pyme cliente les cuesta a los bancos —y a otras empresas que conceden préstamos en el sector privado— demasiado tiempo y dinero, y las reformas para agilizar ese proceso deberían disminuir su aversión al riesgo.
La discriminación de género y el crédito
La discriminación de género también es un problema que hay que abordar. Como lo revela un reciente estudio llevado a cabo en Chile, una muestra de mujeres con características idénticas a las de una muestra de hombres (excepto su género), incluido el historial crediticio, tuvieron un 18% menos de probabilidad que se les aprobaran su solicitudes de préstamo, con mayor discriminación en los bancos con una proporción más alta de funcionarios varones. Distintos análisis realizados en 13 países del Caribe durante la pandemia revelaron que el porcentaje adicional de empresas dirigidas por mujeres que identificaban el acceso al financiamiento como una limitación importante respecto a aquellas dirigidas por hombres alcanzaba cinco puntos porcentuales, incluso teniendo en cuenta el tamaño, la edad de la empresa, la actividad económica y la ubicación de la empresa. La discriminación de género es ofensiva en sí misma. Pero representa un grave problema para las pymes que son propiedad de las mujeres y están administradas por ellas, y por ende, para la inversión y el crecimiento en la región. Una de las soluciones a este problema sería contratar a más agentes de crédito mujeres. Las reformas para reducir el costo de entrada de nuevos bancos y garantizar así una mayor competencia también podrían marcar una diferencia considerable, reduciendo las rentas de las instituciones que se aferren a prácticas machistas. El fomento de nuevas vías de financiamiento para las empresas dirigidas por mujeres (lo que aumentará la competencia en este mercado) también contribuiría a ese objetivo.
La entrada en el sistema financiero de un mayor número de fintech podría ayudar. Podría servir para abrir el sistema si las reformas regulatorias lo permitieran. Las fintech recopilan nuevos tipos de datos, incluida información no financiera. Algunas de estas empresas utilizan formas innovadoras de analizar los riesgos crediticios, reduciendo potencialmente tanto la discriminación de género como las asimetrías de información, y facilitando la expansión del crédito a empresas que carecen de acceso al financiamiento bancario tradicional o lo encuentran prohibitivamente caro. De hecho, a pesar de la interacción, en gran medida digital, alrededor del 95% de las empresas encuestadas (de una muestra de 550) en un estudio de la Universidad de Cambridge, afirmaron que las fintech reaccionaban con rapidez para proporcionar los recursos financieros y el 90% de ellas declararon tener un mejor servicio de atención al cliente que en las entidades financieras tradicionales. Por supuesto, las regulaciones deben garantizar la protección del consumidor y la estabilidad financiera. Pero también deberían fomentar la entrada de nuevos prestamistas, como las fintech, entre otras cosas porque estudios recientes demuestran que las pymes se vuelven más eficientes y obtienen mayores ingresos tras recibir financiamiento de las fintech.
El problema de los ahorros
El sector financiero de la región es demasiado limitado, con muy pocos ahorros para conceder préstamos y con tarifas demasiado altas para los prestatarios. Los gobiernos deben promulgar reformas que faciliten a las instituciones financieras la absorción del ahorro, creando al mismo tiempo más competencia en el sector financiero y mejores flujos de información. También deberían considerar la posibilidad de ofrecer garantías a los bancos que los incentive a estar más dispuestos a ampliar los préstamos a las pymes. Los mercados de capitales, que funcionan principalmente para unas pocas grandes empresas, también podrían desempeñar un papel si los cambios de políticas los hicieran más favorables a las pymes y se mejorara la gobernanza empresarial en las pymes para hacerlas más creíbles ante los compradores de acciones y bonos.
Las empresas de la región que tuvieron acceso al crédito durante la pandemia de COVID-19 tuvieron más probabilidades de sobrevivir, al igual que tienen más probabilidades de prosperar en épocas menos traumáticas. Las reformas regulatorias, políticas y de otros tipos, así como la provisión (o ampliación) de garantías y otros instrumentos del sector privado que faciliten el crédito al inmenso sector económico que representan las pymes, traerá grandes beneficios para las propias empresas y para la economía en general.
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