Durante la fuerte contracción que las economías de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana registraron en 2020 consecuencia de la COVID-19, sus gobiernos y bancos centrales dieron un paso adelante para enfrentar los desafíos sin precedentes, conservar la liquidez y el crédito y mantener a las empresas y a los hogares a flote. Redujeron las tasas de interés y los requisitos de reservas, diseñaron regulaciones más flexibles para el sector financiero, introdujeron moratorias en los pagos de deuda y establecieron mecanismos de liquidez para ayudar a refinanciar la deuda. Los gobiernos también apoyaron al sector privado proporcionando subsidios y líneas de crédito, y permitiendo retrasos en el pago de impuestos.
Todas estas medidas fueron fundamentales para ayudar a apuntalar las economías gravemente afectadas por las limitaciones de la oferta y las reducciones del turismo. Permitieron a las empresas seguir pagando tanto a sus proveedores como otros gastos fijos, al tiempo que mantenían a sus trabajadores. Facilitaron el gasto de los hogares y, sobre todo, permitieron ganar algo de tiempo para que se aliviara la pandemia, regresara la movilidad y, con ella, la capacidad de generar ingresos y cubrir los pasivos.
Una ágil respuesta a los desafíos crediticios
La agilidad de las autoridades para responder a este desafío tan particular marcó una enorme diferencia, sobre todo para mantener el crédito bancario y evitar el incumplimiento en su pago. Por ejemplo, mientras que en Honduras y Panamá más del 40% de los hogares indicaron en una encuesta que no habrían podido pagar sus préstamos sin las flexibilidades de pago concedidas por las autoridades, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana dicho porcentaje oscilaba entre el 36% y el 20%. De hecho, sin esas medidas, la contracción del crédito bancario al sector privado habría sido el doble de lo que fue y habría habido un aumento mucho mayor de los préstamos morosos, con mayores amenazas para la estabilidad de las instituciones financieras.
Ahora, con la recuperación de la pandemia en marcha, se avecina un desafío igual de grande, tanto para garantizar que el crédito esté disponible en condiciones favorables para hogares y empresas como para que el nivel de endeudamiento se mantenga en un nivel aceptable que contribuya a la estabilidad financiera. En definitiva, es necesario que exista un sano equilibrio entre el reembolso de los préstamos y la recuperación, que permita la creación de empleo y el desarrollo económico.
Un nuevo informe con recomendaciones clave sobre el crédito a empresas y hogares
Con este objetivo el BID publicó recientemente un informe titulado En búsqueda de mejores condiciones de endeudamiento para empresas y hogares, que ofrece un profundo análisis histórico del endeudamiento regional de los hogares y del sector privado, así como recomendaciones sobre las políticas que pueden contribuir al bienestar de los hogares y promover el espíritu empresarial, el empleo formal y el desarrollo económico en los países estudiados.
El informe observa que cuando los niveles de crédito son elevados en relación con su tendencia histórica, una contracción económica genera un aumento mayor y más prolongado de la morosidad que cuando el crédito está por debajo de su tendencia histórica. Muestra cómo las políticas macro y microprudenciales pueden mitigar ese riesgo. También revela que cuando el crédito es alto en términos históricos la creación de empleo formal es menor. Para ello, el informe aboga por evaluar si grupos de individuos o sectores económicos están sobreendeudados y dirigir hacia ellos políticas que puedan ayudarles en la recuperación posterior a la pandemia.
La mayor parte de los hogares de la región estudiada no tiene deudas que pagar, o si las tiene, esa deuda representa un bajo porcentaje de sus ingresos. Sin embargo, entre el 8% y el 30% de los hogares, dependiendo del país, están sobreendeudados (lo que significa que el 30% o más de sus ingresos se destina al pago del servicio de la deuda) y estos se concentran en los hogares de menores ingresos, aquellos encabezados por jóvenes o desempleados y los que tienen una mayor carga de personas dependientes. En varios países de la región, esta vulnerabilidad está relacionada con la limitada capacidad de ahorro de los hogares, y el informe recomienda varios tipos de intervenciones de comportamiento que pueden incentivar el ahorro formal y el pago de la deuda. También aboga por políticas dirigidas a mejorar la educación financiera, la inclusión financiera y el suministro de información clara sobre los productos financieros.
A menudo, las pequeñas empresas dependen de los préstamos adquiridos por sus propietarios, los cuales suelen tener tasas de interés más altas que las obtenidas en el sector empresarial. El sobreendeudamiento de estas empresas puede tener un impacto negativo en sus planes de inversión. A este respecto, el informe hace hincapié en los incentivos para la educación y la formación financiera, así como para un mayor financiamiento dirigido a las mujeres emprendedoras y la inclusión financiera de las mujeres.
Abordando el doble problema del sobreendeudamiento y la inclusión financiera
El sobreendeudamiento puede ser un freno a los hogares, a las empresas y a la economía en general, al igual que la relativamente baja inclusión financiera, tanto de particulares como de empresas, que prevalece en la región. Las numerosas recomendaciones del informe ofrecen formas de abordar estos dos problemas, ayudar a la región a salir más fortalecida de la pandemia y promover la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
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