Recientemente se cumplió un año desde el primer anuncio de la suspensión de las clases presenciales en América Latina y el Caribe. La pandemia sacudió al mundo educativo como nunca lo hubiéramos podido imaginar.
En la actualidad el virus continúa en expansión en la región, con la presencia de nuevas variantes como en el caso de Brasil, nuevos confinamientos como en Perú, y un acceso muy limitado a vacunas en la gran mayoría de países. En esta coyuntura, tan similar al escenario del 2020, la vuelta a clases presenciales se ve muy lejana en gran parte de los países.
En su momento más álgido, más de 165 millones de estudiantes de la región se vieron afectados por la interrupción de clases presenciales por hasta casi 10 meses consecutivos. Los efectos de la pandemia en el ámbito educativo apenas se pueden describir y contabilizar con el paso de los meses. Las estimaciones y presunciones iniciales parecen ser insuficientes frente al duro escenario que viven nuestros países. De lo que no cabe duda es que los efectos de la crisis en educación no se podrán mitigar solo con la reapertura física de las escuelas.
Se espera que un número elevado de estudiantes no vuelvan a las aulas. Al menos 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes podrían quedar excluidos de sus sistemas educativos en América Latina y el Caribe, sumándose a los 7,7 millones que no asistían regularmente a la escuela antes de la crisis sanitaria. Si bien los efectos de la pandemia sobre los aprendizajes todavía no se han medido sistemáticamente en todos los países, algunos estudios iniciales para Chile y México indican que la pérdida de aprendizajes será una constante en el eventual regreso a clases presenciales. Otras estimaciones para América Latina muestran un escenario más pesimista aun: la pandemia podría causar una pérdida de 0,9 años de escolaridad en promedio. A esto se le suman los efectos sobre la salud mental de los estudiantes, padres de familia, cuidadores y docentes.
La pandemia ha dejado expuestas como nunca las desigualdades presentes en educación. Los sistemas educativos de la región viven un escenario cada vez más complejo, debido a tres elementos: la incertidumbre sobre el riesgo de contagio en los centros educativos, las diversas respuestas dadas por los gobiernos en torno a la reapertura de centros educativos y la propagación propia del virus. Desde el inicio se percibió el efecto que la pandemia tendría en las desigualdades educativas ya existentes. No es que se generaron nuevas: se ahondaron las previas.
Durante el 2020, los sistemas educativos reaccionaron inmediatamente al shock del cierre generalizado de las escuelas (educación en línea, entrega de material impreso o con programas en radio o tv). Pero las respuestas que se brindaron a la emergencia chocaron con los límites de las capacidades institucionales existentes. En este contexto, las tareas de los gobiernos se tornan cada vez más compleja; además, las decisiones en el sector son altamente sensibles con potencial impacto sobre buena parte de la población. No solo la adopción de medidas, sino la ausencia de decisiones genera una reacción inmediata en medios periodísticos y redes sociales, tornando más difícil aún la posibilidad de generar respuestas o consensos sobre el (mejor) curso de acción a seguir. Pensar en una posible reapertura de las escuelas, pese a ser uno de los escenarios más deseables en los países, sigue siendo una aspiración de muchos a la vez que uno de los temas pendientes y más álgidos en las agendas gubernamentales.
Sin embargo, los desafíos institucionales no se suscriben solo al retorno a clases presenciales sino a los posibles cambios que se verán en varios sistemas educativos en los próximos años. El cierre permanente de centros privados pondrá más presiones sobre el sistema público, porque deberán absorber a los estudiantes provenientes de los centros que cierran. Los esfuerzos por reabrir las escuelas también enfrentarán la resistencia de los gremios de maestros ante la reapertura de las escuelas y las opiniones encontradas de los padres que temen por la salud de sus hijos y familias, al mismo tiempo que se encuentran con la necesidad de trabajar fuera del hogar, en especial las madres.
Dado los costos que implica tener las escuelas cerradas físicamente, urge plantearse alternativas de política que permitan contener los efectos de la pandemia en el corto plazo y reflexionar sobre cómo se configurará la oferta educativa a partir de la crisis ocasionada por el COVID-19. Las agendas y discusiones educativas de este y los próximos años deberían centrarse, como mínimo, en:
- Desarrollar estrategias para identificar aquellos que están en riesgo de abandono y focalizar las políticas para prevenir abandono y brindar conectividad a los que no logran aprender por falta de acceso a computador/radio/televisión.
- Mejorar las condiciones sanitarias de las escuelas para garantizar la seguridad de los centros y posibilitar el distanciamiento físico. Contar con lavamanos, ventilación, distribución de alimentos y transporte.
- Mejorar la infraestructura tecnológica, el equipamiento digital y la preparación de los docentes en habilidades digitales, así como ampliar la conectividad a internet y mejorar la calidad del servicio en las escuelas y los hogares.
- Combinar educación presencial y remota mediada por tecnología, llamado modelo de “educación híbrida” y adaptar currículos, ajustar pedagogías y desarrollar y priorizar contenidos para distintos modelos de educación a distancia y educación presencial.
- Capacitar a los docentes para la educación a distancia, en habilidades digitales, pedagogías para un modelo de educación remoto, con especial énfasis en identificar metodologías efectivas de enseñanza en línea y en persona, con apoyo en el desarrollo de habilidades socioemocionales para afrontar los desafíos de salud mental de los estudiantes.
- Apoyar a los padres con herramientas y proveer estrategias de contención socioemocional a los estudiantes.
- Para disminuir el abandono escolar -previo y post-pandemia- se planten las siguientes estrategias:
- Reducir las dificultades para continuar con sus trayectorias educativas, lo cual implica fortalecer el apoyo familiar y brindar respaldo financiero (mediante transferencias monetarias condicionadas y becas);
- Diseñar e implantar sistemas de pronta detección del riesgo de abandono;
- Brindar un entorno escolar seguro y una oferta de aprendizaje flexible y
- Promover la finalización de la educación secundaria entre los varones para reducir la brecha de género en la graduación, en particular para los países del Caribe.
Como se puede apreciar, los desafíos son muchos. Los retos se agrandan si consideramos el difícil contexto económico actual. Pero tampoco hay muchas opciones disponibles. Y menos, aún, tiempo: el presente y futuro de una generación de niños, niñas y adolescentes depende de cómo se afronten aquellos. Evitar una generación perdida, ese debería ser el camino de la política educativa en LAC.
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