Como adelantamos en la primera publicación de esta serie, las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) tienen la oportunidad de hacer frente a la recuperación a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 aplicando políticas y acciones que, además de buscar la reactivación económica, reduzcan las causas y los riesgos derivados del cambio climático.
¿Cómo afecta el cambio climático a la región?
Además de la pandemia, 2020 se caracterizó por haber sido, junto con 2016, el año más caluroso en la historia, lo cual también ha traído un mayor número de inundaciones, sequías, tormentas e incendios.
En el caso particular de ALC, los incendios forestales en el Amazonas y el blanqueamiento del coral en el Caribe siguen poniendo en riesgo la viabilidad de hábitats vitales para el equilibrio climático a escala mundial. Igualmente, en Centroamérica, los huracanes Eta y Iota (de categoría 4 y 5) provocaron grandes pérdidas humanas y materiales, lo cual ha puesto de manifiesto la importancia de mejorar las capacidades de adaptación para el cambio climático ya existente. En este sentido, se estima que el aumento en la temperatura media del planeta es responsable de 475.000 muertes y 2.3 trillones de dólares en pérdidas desde el año 2000.
América Latina es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Un estudio revela que 415.000 personas en Guyana están expuestos a una subida del nivel del mar de hasta 1 metro (la mayoría de ellas en Georgetown). En Perú, 10 millones de personas sufrirán inundaciones y estrés hídrico en la costa del Pacífico. Incluso Uruguay, cuyo PIB e Índice de Desarrollo Humano es de los más altos en la región, tiene un 13% de su población expuesta a inundaciones y a la subida del nivel del mar.
¿Cómo adaptar nuestras ciudades a los efectos del cambio climático?
El 80% de la población de la región vive en ciudades, y en ellas se concentran los principales riesgos de los impactos del cambio climático. El Informe de brechas de adaptación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente destaca que las ciudades están avanzando en incluir el cambio climático y la resiliencia en el diseño de sus planes y políticas. Sin embargo, la calidad y efectividad de los instrumentos de adaptación difieren mucho de un país a otro. Cabe señalar que, para que las estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático sean verdaderamente efectivas, las ciudades deben tener en cuenta al menos dos tipos de instrumentos: físicos y sociales.
Defensas físicas
Algunasde las piedras angulares de la capacidad de adaptación al cambio climático pasan por crear sistemas de alerta temprana de riesgos, evaluar las carencias en infraestructura, potenciar el uso de mecanismos de adaptación basados en la naturaleza y hacer planes de gestión para los riesgos que incluyan tanto los riesgos de desarrollo lento (sequías, escasez hídrica, expansión de enfermedades y seguridad alimentaria), como los de desarrollo rápido (tormentas, incendios e inundaciones).
Defensas de carácter social
Muchas veces en la planeación climática se deja de lado elementos de desarrollo social que contribuyen a la capacidad adaptativa de las familias. En este sentido, cerrar las brechas de desarrollo en ALC se convierte en elemento prioritario. Por ejemplo, la alta informalidad en la tenencia de vivienda en la región hace que el desarrollo de herramientas para la mitigación de riesgos, como por ejemplo la contratación de seguros, sea inviable para la población más vulnerable, y se vean expuestos a sucesivas pérdidas por inclemencias climáticas. Igualmente, la informalidad en el empleo disminuye la capacidad de recuperación de las familias ante daños generados por el cambio climático en sus propiedades.
Los planes de adaptación y resiliencia deben considerar ambos elementos (físico y social) para poder ser efectivos en la mejora de la resiliencia.
La adaptación al cambio climático no es un gasto, sino una inversión
Aunque los costos de estos programas de adaptación son más bajos en los países en desarrollo que en los países desarrollados, éstos suponen una carga mayor sobre el PIB, por lo que, sumado a unas capacidades financieras y técnicas más limitadas, su implementación supone una mayor carga para la economía. En ALC, la financiación climática en 2019 fue de 7,9 mil millones de dólares, muy lejos del déficit anual de infraestructuras (estimado en 260 mil millones de dólares) y la brecha de adaptación (que asciende a 110 mil millones de dólares).
Los expertos concluyen que, por cada dólar invertido en adaptación, se evita 3,5 dólares de pérdidas materiales y, al mismo tiempo, se generan beneficios ambientales no monetizados. La urgencia de invertir en adaptación hoy es evitar pérdidas humanas e impactos sociales, sobre todo en los más vulnerables. Asimismo, es que los costos de adaptación aumentarán y deberán efectuarse de manera más rápida cuanto más se tarde en empezar.
La comunidad internacional se está movilizando para poner a disposición de los países en desarrollo más financiación para la adaptación. Este año tuvo lugar la primera Cumbre de Adaptación Climática, donde se hizo un llamado a los donantes internacionales para aumentar la financiación en adaptación, que actualmente supone un 25% de las acciones climáticas, hasta un 50% del financiamiento climático total. Muchos países desarrollados no cumplen aún los compromisos de financiación que preceden al Acuerdo de París en los que se comprometieron a aportar 100 billones anuales de financiación climática para los países en desarrollo en 2020. En este sentido, se espera que la COP26 de este año sirva para acelerar la inversión en adaptación a nivel global, y que las ciudades y gobiernos subnacionales puedan hacer uso de esos fondos para cubrir las necesidades locales.
Créditos imagen: Kelly Sikkema, publicado en Unsplash
Excelente artículo.
Sin dudas en ALC tenemos grandes retos respecto a la incorporación de las medidas de adaptación al cambio climático en las políticas de desarrollo.