¿Son los pagos por servicios ambientales un remedio infalible?

En 2014, sólo el 15,4 % de las zonas terrestres y de aguas continentales se encontraban bajo algún tipo de área protegida. Los expertos en conservación saben que esto no es suficiente para proteger la biodiversidad crítica, que apoya los servicios ecosistémicos, y que las mejores proyecciones nunca alcanzarán un nivel que se acerque a la protección y el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas que nosotros, como seres humanos, necesitamos para continuar existiendo y para el desarrollo en este planeta. El resultado ha sido el de orientar la prestación de servicios ecosistémicos en tierras privadas como medio de conservación. La manera más popular de hacerlo ha sido la de establecer un mecanismo similar al mercado entre los proveedores y los compradores de servicios ecosistémicos, también conocido como el pago por servicios ambientales (PSA).

Los programas de PSA han florecido en América Latina y el Caribe (ALC) mucho más que en cualquier otra región. Y se estará preguntando por qué; al menos yo lo hago. ALC se ha convertido en la superpotencia de biodiversidad como resultado de un documento del PNUD publicado en 2010. Por lo tanto, ¿el hecho de que los programas de PSA sigan multiplicándose se debe a que la región tenga tanta biodiversidad  con necesidad de ser protegida? Actualmente, esta pregunta no puede ser respondida porque no entendemos la extensión en la que los servicios ecosistémicos apoyan nuestra existencia a través de su provisión de alimentos, agua potable, y la protección contra las tormentas, entre otros. Es bien sabido que el primer programa nacional de PSA se estableció en Costa Rica. El país es conocido mundialmente como un destino de ecoturismo y ha hecho un trabajo impecable promocionando PSA como un medio para la reforestación del país. Pero, ¿el éxito de los PSA en Costa Rica significará su éxito en el resto de la región? ¿Y en el resto del mundo?

En los últimos años se han desarrollado un número de rigurosas evaluaciones de impacto centradas en el programa nacional de PSA en Costa Rica. Estas demuestran que, como resultado de las políticas institucionales que se implementaron al mismo tiempo, el programa ha tenido poco efecto en la reforestación, incluyendo la ley de deforestación cero. Estas evaluaciones han puesto en duda la eficacia de los PSA. La efectividad de los PSA significa que el cambio de uso de la tierra conduce directamente a un cambio en la provisión del servicio ambiental específico.

A los legisladores les gustan las soluciones y respuestas fáciles. Los PSA han sido arrastrados hacia la corriente actual de conservación. Nosotros, como conservacionistas, no hemos sido capaces de demostrar el vínculo entre el cambio de uso del suelo y una mejora de la prestación de un servicio ambiental y la mayoría de los esquemas de PSA ni siquiera lo intentan. No están monitoreando el cambio – esto podría ser un cambio en la reducción de la sedimentación, la cantidad de agua en épocas de sequías e inundaciones, o la verdadera cantidad de secuestro de carbono.

Los PSA son complicados de diseñar, implementar y mantener, y la comunidad ambiental, después de más de quince años de la implementación de programas de PSA, sólo ha comenzado a evaluar su eficiencia recientemente, con pocos resultados que mostrar. La comunidad ambiental ha tenido muchos ¨remedios infalibles” en los últimos años y hemos hecho (áreas protegidas, los PICD, etc.) un pésimo trabajo probando la efectividad y la sostenibilidad de estas prácticas.

Deseamos desesperadamente que los PSA funcionen. Y pueden hacerlo, en ciertos lugares, en determinadas circunstancias biofísicas e institucionales. Pero estaríamos engañándonos a nosotros mismos si pensamos basta con tener una idea y replicarla en toda la región. Mientras que Costa Rica y México se muestran como historias de éxito en nuestra Región, muchos programas de PSA fallidos permanecen inadvertidos. Y es más que probable que estos programas de PSA fallidos no deberían haber existido nunca.

Creo que una pieza crítica de la eficacia de los PSA es el adecuado seguimiento de la prestación de un servicio o múltiples servicios ecosistémicos. Pero eso requiere reflexión y visión desde la creación de un programa de PSA. Lo que suele ocurrir es que un conjunto de grupos de interés, ya sea un gobierno, un grupo de agricultores, o de un banco multilateral decide que un programa de PSA es una buena idea antes de que hayan invertido la relativamente pequeña cantidad de tiempo y dinero para entender si un cambio de uso de la tierra en un área en particular puede llevar a la prestación de un servicio ambiental. Consulte el artículo de 2013 en PNAS como un gran ejemplo de cómo la reforestación en la cuenca del Canal de Panamá no puede conducir a una mayor cantidad de agua en los períodos secos.

Necesitamos pensar y actuar de forma prospectiva. No podemos decir que el PSA será la solución a la prestación de servicios de los ecosistemas en tierras privadas si no podemos apoyar esta afirmación con un análisis riguroso. Después de haber participado en los programas de PSA en la región en el Paraguay, México, Costa Rica y Honduras estoy en posición de decir que tenemos, como conservacionistas, todavía un largo camino que recorrer antes de que realmente podamos demostrar aquello que deseamos creer.

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Fotos:

T’itulo: Man and nature, huge looking-glass tree and mangroves in dense tropical rainforest jungle, by ©Sam Spicer, Shutterstock

Texto: Black River 2, by Joel Deluxe ©CC BY 2.0

Ashley Camhi es Economista Ambiental. Actualmente se encuentra trabajando en su doctorado sobre los pagos por servicios ambientales y la valoración de servicios ecosistémicos en la Universidad Estatal de Arizona. Trabajó como parte del Programa BIO, del BID, en la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en infraestructuras antes de comenzar su doctorado, donde sigue contribuyendo en asuntos relacionados con los pagos por servicios ambientales. Antes de trabajar en el BID, Ashley trabajó en el Banco Mundial apoyando en el diseño de programas de pagos por servicios ecosistémicos, áreas protegidas, y los fondos fiduciarios para la conservación en toda América Latina y el Caribe. Ashley recibió su maestría en Política Ambiental Internacional en el Instituto Monterey de Estudios Internacionales y su licenciatura en Estudios Ambientales del Vassar College.