Superar los desafíos del COVID-19 en licenciamiento y fiscalización ambiental

La pandemia del COVID-19 ha afectado gravemente todos los aspectos de la salud, el gobierno, la sociedad, las industrias y nuestras interacciones personales. La gobernanza ambiental y social no ha estado exenta, y la pandemia ha desafiado drásticamente la forma en que los gobiernos y otros actores se aseguran de que las salvaguardias ambientales y sociales continúen protegiéndonos a nosotros mismos y a nuestro medio ambiente. Las agencias de licenciamiento y fiscalización ambiental han tenido que adaptarse a estas circunstancias variables para continuar con la revisión y aprobación de proyectos, garantizar las consultas a los grupos de interés y monitorear y asegurar el cumplimiento para que el personal de las agencias y las comunidades permanezcan seguros.

A pesar de los desafíos, los ministerios de medio ambiente se han adaptado para hacer que sus programas sean más eficientes y efectivos en una serie de áreas que van desde la consulta virtual de las partes interesadas hasta el monitoreo remoto del cumplimiento y la mejora de las relaciones con las comunidades y los pueblos indígenas a través de interacciones seguras.

Una pregunta central es cómo continuar informando y promoviendo la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones para proyectos que impactan sus vidas y medios de subsistencia, cuando ahora la mayoría de los países prohíben las grandes reuniones y las interacciones personales se han visto limitadas para prevenir la exposición y la transmisión. La respuesta fácil es poner los datos en línea y esperar a que la comunidad lea y responda. Desafortunadamente, eso rara vez, si acaso, permite una consulta significativa y es un completo fracaso en los casos en que las comunidades tienen acceso limitado o nulo a Internet, no pueden costear computadoras o usan canales alternativos para obtener información.

Un esfuerzo de divulgación exitoso en un proyecto educativo en El Salvador combinó WhatsApp con una herramienta de consulta digital llamada Moodle para compartir información. Los proponentes del proyecto le hicieron seguimiento con llamadas telefónicas individuales utilizando la lista de teléfonos de la escuela local.

En Chile, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) está difundiendo mensajes a través de estaciones de radio locales para reemplazar las visitas puerta a puerta, los eventos abiertos al público y los talleres. Así mantienen informadas a las comunidades y las guían hacia mecanismos de transparencia existentes que no usan papel.

La Agencia de Protección Ambiental de Guyana (EPA, por sus siglas en inglés) implementó un plan de comunicación virtual integral para garantizar la participación de las partes interesadas en el desarrollo de su nueva prohibición del plástico de un solo uso. El plan garantiza la participación a través del sitio web de la EPA, eventos de Facebook Live, artículos de periódico y programas de radio y televisión.

Asimismo, el COVID-19 presenta desafíos para las agencias responsables de monitorear y fiscalizar las regulaciones y licencias cuando no pueden viajar físicamente o inspeccionar las operaciones de primera mano. Las agencias de fiscalización están probando soluciones temporales que a menudo conducen a eficiencias a largo plazo que pueden convertirse en mejoras de procedimiento permanentes.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) ha tenido éxito con el monitoreo remoto mediante el uso de imágenes satelitales y observaciones a distancia por parte de inspectores o de la comunidad local. Para facilitar el monitoreo ciudadano, tanto el OEFA como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) han mejorado los mecanismos de informe en línea para facilitar que la comunidad se involucre en el rol de vigilantes y para proporcionar un mecanismo en el que las empresas infractoras puedan informar periódicamente sobre sus esfuerzos para volver a estar en cumplimiento y mejorar sus procedimientos.

La Unidad de Soluciones Ambientales y Sociales (ESG) del BID ha aumentado su dependencia de reuniones remotas y consultores locales para verificar que los proyectos financiados por el BID cumplan con los compromisos ambientales y sociales. ESG también ha utilizado tecnología como cámaras 360° y videos de realidad virtual para supervisar los proyectos.

Adicionalmente, las autoridades han tenido que mostrar flexibilidad sin dejar de cumplir los mandatos legales sobre el control de la contaminación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés), la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile (SMA) y el Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá (ECCC, por sus siglas en inglés) han experimentado desconfianza social dado que han ofrecido flexibilidad en los plazos, los requisitos de presentación de informes y las sanciones. Sin embargo, todos han seguido aplicando estrictamente la ley en situaciones que podrían causar daño o ser el resultado de actividades delictivas, y están eliminando gradualmente la flexibilidad a medida que las condiciones vuelven a la normalidad. Este tipo de discreción puede ser muy importante para la industria, pero la comunicación y un manejo claro de las expectativas son fundamentales para que la comunidad se adapte a las nuevas expectativas y garantice la salud y seguridad de todos.

Algunos temas centrales atraviesan los desafíos tanto para el licenciamiento como para su fiscalización bajo la pandemia del COVID-19. Se deben establecer mecanismos que aseguren la participación ciudadana bajo nuevas modalidades, para que la comunidad se involucre en la toma de decisiones. Las personas deben tener acceso a los mecanismos de denuncia y estar facultadas para ayudar al gobierno a identificar problemas relacionados con las condiciones ambientales y sociales y para identificar posibles violaciones de las normas y los requisitos de los permisos. Para ayudar a superar estos desafíos se debe emplear tanto la tecnología nueva como la existente, la cual puede hacer que los sistemas sean más eficientes y efectivos incluso después de volver a las condiciones normales.

El BID está llevando a cabo una revisión comparativa de cómo los países han realizado cambios en los procedimientos, estándares, regulaciones y/o leyes relacionados con su respuesta a la pandemia del COVID-19. El primer paso será una encuesta regional seguida de una serie de entrevistas para recopilar datos exhaustivos sobre qué tipos de adaptaciones se necesitan.

Es posible que se requieran modificaciones legales para adaptarse a estos desafíos y deben integrarse en los procedimientos de los gobiernos, las comunidades y las industrias. Por último, compartir los desafíos y los éxitos a lo largo de la región puede ayudar a que los países avancen rápidamente basándose en modelos implementados por sus contrapartes y adaptándolos a sus circunstancias locales.

La Unidad de ESG celebró una serie de reuniones virtuales sobre Licenciamiento y fiscalización ambiental durante la pandemia COVID-19. Los objetivos fueron compartir las mejores prácticas, los cambios en las políticas y los avances técnicos aplicables a licenciamiento y fiscalización ambiental y social a medida que se enfrentan los desafíos relacionados con el COVID-19. Los invitamos a ver las grabaciones de los temas de su interés:

• Consultas virtuales con las partes interesadas
• Fiscalización del cumplimiento socioambiental implementando el distanciamiento social
• Discrecionalidad en la fiscalización en momentos de crisis
• Institucionalizar las lecciones aprendidas del COVID-19
• Interacciones con pueblos indígenas durante una pandemia

Continuaremos el diálogo con otra serie de reuniones con el Diálogo Regional de Políticas sobre Licenciamiento y fiscalización ambiental en noviembre de 2020.