Las cadenas de suministro global son la base fundamental del desarrollo económico mundial. Buscan, a través de una estructura compleja y organizada, el crecimiento de la producción y comercio de las actividades productivas. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) el sector logístico representa un promedio del 10 % del PIB. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solo en América Latina el aporte directo en el PIB es en promedio del 7,5 % y genera empleos directos formales e informales de alrededor del 6,4 %.
La economía moderna se organiza en cadenas de suministro, la cual genera valor en las actividades productivas. Esto fomenta un ecosistema de negocios entre diferentes actores que incluyen a proveedores, fabricantes, transportistas, distribuidores, mayoristas y clientes finales. Se genera una fuerte relación de producción y empleo que tiene como propósito el suministro mundial de bienes y servicios. Asimismo, las cadenas de suministro representan un gran reto en el marco del empleo, violaciones de derechos humanos, trabajo infantil y forzoso, trata de personas, gases de efecto invernadero y efectos medioambientales diversos, particularmente importante en una economía de escala como es América Latina.
América Latina
En América Latina y el Caribe se registran alrededor de 1,2 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se estima que el valor del trabajo infantil vinculado a bienes y servicios de exportación directo e indirecto para ALC todavía se encuentra en un 22 %. La contribución del trabajo infantil en las exportaciones se eleva para esta misma región a 40 %. En América del Sur, se estima que las exportaciones representan un 15,4 % del total del empleo.
Por otro lado, ALC es responsable de una importante proporción de emisiones de gases de efecto invernadero netas (45 % del total) relacionadas con la agricultura y el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura combinados, frente a un promedio mundial de 14 %. De igual forma, el 80 % del comercio internacional pasa por cadenas mundiales de suministro y, a pesar de que son bajas en función a las emisiones mundiales, éstas son muy dependientes de sectores basados en el carbono y su economía se basa en las exportaciones de combustibles fósiles.
Efectos medioambientales y sociales de operaciones de intermediación financiera
Existen variedad de casos de efectos medioambientales y sociales de esas operaciones, vinculados no solo a los expuestos, sino también a impactos irreversibles como contaminación de aguas y suelos, deforestación masiva, desalojos forzosos, afectación a medios de vida, compensación justa y adecuada. Estos efectos negativos se generan sobre las poblaciones y del ambiente.
![Worker on fruit packing facility. Supply chain
Photography by Arno Senoner on Unsplash](https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/wp-content/uploads/sites/26/2024/04/arno-senoner-oLS6IxceVNs-unsplash-1600x1067.jpg)
En este sentido, la banca de desarrollo es necesaria para promover la inversión del sector público y privado, y más aún para enfrentar la crisis financiera generada por el COVID-19, ya que representa una oportunidad de crecimiento para países en desarrollo económico y social. Los riesgos financieros del otorgamiento de crédito a través de operaciones de intermediación financiera se vuelven aún más complejos precisamente por la intervención de los intermediarios, sobre los que existe una brecha de información respecto a los subproyectos y prestatarios finales y de seguimiento y control en la ejecución en torno a estas inversiones. La debida diligencia, las restricciones de proyectos a financiar para los subprestatarios y la supervisión de subproyectos es clave para eliminar riesgos y trabajar sobre los impactos que pudieran haber ocasionado.
Iniciativas globales de gestión del riesgo
Se vienen trabajando iniciativas mundiales con la banca, como el Sistema de Alerta Temprana (EWS por sus siglas en inglés Early Warning System). Éste viene impulsando un mejor control y transparencia de las operaciones con intermediación financiera que permite identificar y manejar los impactos negativos causados por la ejecución de estas inversiones. El software de inteligencia artificial para la inversión sostenible, MALENA, permite la recolección de información significativa de data ambiental y social que permite generar información a los prestatarios, reguladores y analistas ambientales, sociales y de gobernanza.
Sistemas de gestión del riesgo ambiental y social
Desde el enfoque de la debida diligencia en la preparación de un préstamo con intermediarios financieros, el conocer el subproyecto, el sector y la ubicación es fundamental sobre todo para inversiones que representen riesgos ambientales y sociales altos y sustanciales. Durante la ejecución del préstamo, la clave es tener criterios de selección y elegibilidad. Por tal, establecer un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) o su equivalente para la banca, un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) sólido y de alto nivel permitirá que el prestatario establezca la profundidad y el alcance necesario para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales de su cartera de inversión.
SGAS, SARAS
El SGAS o SARAS por tanto deberá analizar cuáles son los potenciales problemas que podría afrontar el prestatario como:
- Falta de visibilidad de las cadenas de suministro primaria
- Capacidad para incorporar acciones efectivas proporcionales al nivel de riesgo
- Evidenciar los riesgos
- Informar sobre los accidentes laborales, los recursos humanos y físicos necesarios para la administración de los riesgos, entre otros.
En conclusión, la exposición a este tipo de riesgos en este tipo de financiamientos es ineludible y es necesario que la banca, actor fundamental para el desarrollo, pueda garantizar que los proyectos de intermediación financiera cumplan con los requisitos ambientales y sociales. En este contexto, la adecuada aplicación de los estándares ambientales y sociales y, en el caso de las operaciones financiadas por el BID, del Marco de Políticas Ambientales y Sociales, permitirán una gestión adecuada de los riesgos en todas las etapas del ciclo de vida de un subproyecto, basada en la una jerarquía de mitigación y fomentarán a su vez el acceso a justicia en asuntos ambientales y sociales.
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