El verdadero sentido de la vida es plantar árboles bajo cuya sombra no esperas sentarte. – Nelson Henderson
El reasentamiento involuntario es uno de los mayores riesgos sociales para la sostenibilidad de un proyecto. Póngase en los zapatos de un aldeano o una comunidad que debe mudarse de su hogar actual porque se construirá una carretera atravesando su ubicación. Claramente existe una potencial disrupción en su estilo de vida. Cuando el reasentamiento involuntario resulta inevitable, debe prepararse un plan de reasentamiento para garantizar que las personas afectadas reciban compensación y rehabilitación justas y adecuadas. Pero el reasentamiento es más complejo que simplemente reubicar y compensar a los damnificados. Estos son sus principios:
El reasentamiento impacta a gente como cualquiera de nosotros, a nuestros bienes y medios de vida. Si no se ejecuta adecuadamente, si no sentimos que se nos trata con respeto y se nos aporta toda la información, si no tenemos voz en el proyecto o no se nos presta la debida atención, posiblemente nos opondremos a él. Quizás nos resistamos al reasentamiento aun si su finalidad es crear una carretera, una línea de transmisión o un ferrocarril que pueda beneficiar nuestro desarrollo porque ¡tenemos el derecho a ser escuchados!
No solamente tenemos el derecho a participar de los procesos de consulta, sino también a un proceso transparente que nos ofrezca una compensación justa. “Transparente” implica que el sistema de compensaciones e indemnización sea el mismo para todos. Por ejemplo, si yo percibo que mi vecino adinerado no recibe trato preferencial alguno y que mi familia es tratada igual que él, tendré más confianza en el sistema y prestaré atención en asegurarme de recibir lo que me corresponda en lugar de dedicarme a cuestionar el mecanismo. Si además de eso logro comprender cómo se han calculado las tasas de compensación y tengo la posibilidad de cuestionar e incluso incidir sobre algunas de ellas, es probable que termine diciéndole a los demás que el proceso de compensación es justo y razonable.
Debemos recordar que las personas afectadas por un proyecto (PAP) no han pedido ser reasentadas, por lo que debemos tenerlas en cuenta desde el inicio del proyecto. Pónganse en su lugar y lo comprenderán. ¡Hagamos esto juntos!
Si nos aseguramos de que el proceso de reasentamiento involucre a las personas afectadas, las compense razonablemente y sea participativo, transparente y justo, aumentamos las posibilidades de completar un proyecto sostenible beneficioso para todos.
Para alcanzar esta meta, nos esforzamos por implementar lo mejor posible las siguientes políticas:
La Política de Reasentamiento Involuntario OP-710 del Banco Interamericano de Desarrollo apunta a minimizar disrupciones al sustento de las personas habitando el área de influencia de un proyecto. Se busca evitar o minimizar la necesidad de su desplazamiento físico y garantizar que cuando determinadas personas deban ser desplazadas, sean tratadas justamente, y que, de ser posible, puedan beneficiarse del proyecto que dio lugar a su reasentamiento. Para más información, vea www.iadb.org/salvaguardias.
Aplicamos una serie exhaustiva de políticas de salvaguardias ambientales y sociales en los proyectos que financiamos para ayudar a protegernos contra daños ambientales y sociales, mejorar el valor del desarrollo para los actores involucrados y traer a nuestros países y clientes las mejores prácticas internacionales. Estas políticas resultan esenciales en nuestra misión de reducir la pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe.
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