Cada año el Caribe pierde en promedio, el 2% de su capital social en infraestructura debido a desastres por amenazas naturales. En los países con más alto riesgo, como Monserrat y Bahamas, por ejemplo, cada año se pierde aproximadamente un 5% de capital social en infraestructura, lo que indica que, a este ritmo, cada 20 años estos países estarían obligados a reconstruir la totalidad de su capital social en infraestructura.
Cifras como estas evidencian la magnitud del desafío que tenemos por delante, pero ¿por dónde empezar? Un primer paso muy importante es la transferencia de conocimiento a nivel regional, tanto en lo relativo a riesgos, como a las estrategias de solución. Compartir evidencia y soluciones innovadoras, en nuestra opinión es clave. A continuación exploramos esta problemática en el Caribe.
¿Cuáles son los efectos del cambio climático en el Caribe?
Según el informe de OCHA “Desastres naturales en América Latina y el Caribe” de 2020, entre los años 2000 y 2019 un total de 330 tormentas afectaron la región del Caribe, incluyendo 148 tormentas tropicales y 181 huracanes (un promedio de 17 huracanes por año), de los cuales 23 alcanzaron la categoría 5, afectando a un total de 34 millones de personas. Las tormentas que afectan a Centroamérica y al Caribe son cada vez más potentes, produciendo un aumento de las precipitaciones y tormentas de mayor intensidad.
La mayor frecuencia e intensidad de estas tormentas en la región significa que hay menos tiempo para la recuperación entre eventos. En 2019, por ejemplo, Dorian se convirtió en el huracán atlántico más poderoso del que se tenga constancia que haya impactado directamente en una masa continental.
El Caribe presenta daños y pérdidas en infraestructura
Los países del Caribe se encuentran entre los más afectados por fenómenos climáticos. De acuerdo con la Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 de Naciones Unidas, en promedio el Caribe presenta pérdidas en infraestructura debido a huracanes, terremotos, tsunamis e inundaciones por US$12,500 millones cada año.
Además de los costos por daños directos debemos considerar que también hay costos indirectos que se relacionan con las pérdidas asociadas a la mortalidad y morbilidad, así como también a la pérdida de bienes, a la interrupción de los servicios esenciales, a la imposibilidad de uso de las infraestructuras dañadas y a la reducción de oportunidades de empleo y educación que determinan el bienestar de las poblaciones afectadas.
En el caso de infraestructura crítica como hospitales, por ejemplo, sabemos que más del 67% del total de 18.000 hospitales de América Latina y el Caribe están ubicados en zonas de amenaza alta . Muchos de ellos quedan fuera de servicio después de terremotos, huracanes e inundaciones de gran magnitud. Cada hospital que es incapaz de funcionar deja un promedio de 200,000 personas sin servicios de salud.
Hospital dañado tras el paso de un huracán en Jamaica. (OPS, Presentación IV congreso Infraestructura Hospitalaria, Chile, 2010)
Se necesitan soluciones + resilientes
Un estudio reciente sobre resiliencia en el caribe realizado por el BID muestra que, al realizar la evaluación económica de la implementación de estrategias resilientes de construcción versus sus costos más elevados de inversión, considerando una vida útil promedio de 50 años, se alcanzan beneficios netos en valor presente que varían entre un 5 y un 20% en países en alto riesgo.
Esto quiere decir que en el largo plazo, construir una infraestructura que soporte estas condiciones climáticas extremas es entre un 5 y un 20% más barato que construir infraestructura que debe ser reemplazada o reparada continuamente, a pesar de los costos de inversión más altos que esta conlleva.
¿Qué significa construir infraestructura más resiliente?
Si tomamos la definición de resiliencia como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para resistir, adaptarse y recuperarse de los efectos de una amenaza natural preservando sus funcionalidades esenciales, en el caso de los hospitales, por ejemplo, una estructura resiliente debiese ser capaz, no sólo de continuar entregando servicios después de un evento natural de gran magnitud, sino de incrementar su capacidad de funcionamiento.
¿Cómo se logra? Se debe aplicar un enfoque de gestión del riesgo de desastre que se aplique de forma gradual y escalada desde el nivel agregado más alto (por ejemplo a nivel país o a nivel de portafolio de redes hospitalarias) hasta el nivel de proyecto (un hospital específico). A grandes rasgos, un enfoque así se inicia realizando un análisis rápido a nivel portafolio (usando información georreferenciada y general existente) para clasificar proyectos según su nivel de riesgo, y a partir de esta jerarquización se pueden desarrollar análisis más detallados para los proyectos que lo ameriten, de forma que se aprovechan los recursos de forma eficiente.
Una vez identificados los casos individuales que requieren mayor estudio, se pueden realizar evaluaciones cualitativas o cuantitativas de riesgo que entran a influenciar, modificar y/o definir los diseños y condiciones operativas de las infraestructuras. Esto incluye evaluar el desempeño estructural frente a las amenazas para influir en un diseño resistente, así como prever sistemas de respaldo o diversas fuentes de suministro para asegurar que si un sistema falla siempre haya otro que pueda tomar el relevo.
Algunas de estas iniciativas incluyen la creación de microrredes eléctricas solares para establecimientos de salud para proveer energía incluso si las redes eléctricas locales se ven dañadas, o sistemas de suministro independiente de agua potable a través de pozos o recolección de aguas lluvias que permite el funcionamiento del centro de salud incluso si la red municipal se ve dañada. Un ejemplo de cómo se están evaluando estrategias como estas se volverá realidad en Bahamas donde el BID ha aprobado una operación para la construcción y rehabilitación de nueve establecimientos de salud que contarán con estrategias de diseño resiliente y sostenible.
En este proyecto la resiliencia es un objetivo central. En este caso, inicialmente se realizó un diagnóstico cualitativo del nivel de riesgo en los nueve establecimientos utilizando mapas de amenazas naturales regionales, estudios de inundación existentes nacionales e internacionales, códigos de construcción y buenas prácticas nacionales e internacionales, y recopilación de información local de inspecciones tras Dorian y de prácticas constructivas y operativas típicas. Este primer paso ayudó a determinar que es necesario realizar una evaluación del riesgo detallada donde estudiar a través de talleres técnicos con expertos en riesgo, ingenieros, arquitectos, planificadores y gestores de los nueve proyectos, de qué forma las infraestructuras podrían fallar, cuál es su probabilidad de ocurrencia, cuál podría ser la magnitud de los impactos, y sobre todo, cuáles serían las medidas estructurales y no estructurales para gestionar y reducir los riesgos. Esto para poder determinar los elementos de diseño apropiados para cada caso.
Los riesgos en el Caribe son evidentes y los costos de reconstrucción justifican las intervenciones tempranas: es más barato invertir en infraestructura resiliente que reconstruir continuamente la infraestructura dañada. Hay mucho que avanzar tanto en implementación de normativas como en generación de conocimiento, divulgación de esa información y en la implementación de medidas de gestión. Cada iniciativa cuenta y la participación de todos los actores, tanto políticos como técnicos es importante.
Foto: Adobe Stock
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