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Crédito: Global Land Alliance

¿Hacia un catastro multipropósito en la República Dominicana?

October 8, 2020 por Bruno Jacquet - Ariel Zaltsman Deja un comentario


Generalmente el catastro ha tenido como función tradicional servir de base de información al público sobre la ubicación y extensión, la posesión o propriedad y el valor asignado a los bienes inmuebles. Así, contar con un inventario completo y actualizado de bienes inmuebles en un catastro físico, jurídico y fiscal siempre ha sido considerado clave, tanto por la función de recaudación tributaria, como por la de resguardar la seguridad jurídica respecto de los derechos de propiedad inmobiliaria, con importantes efectos sobre el clima de negocios, la inversión privada y pública, el acceso al crédito y la prevención de conflictos sociales.

En las últimas décadas, el desarrollo de la tecnología, la definición y adopción de estándares adecuados [ver Recuadro 1] han hecho posible que, además de poder contar con información de mucho mejor calidad y nivel de actualización, el catastro pase también a ser una herramienta potente para la modernización de la administración pública, la planificación, el uso racional y responsable del territorio (urbano y rural) y de los recursos naturales. Partiendo de esto, hoy en día se habla del catastro multipropósito, para diferenciarlo del catastro tradicional.  

Recuadro 1
Condiciones que han hecho posible el surgimiento del Catastro Multipropósito
 
·      Rápidos avances de la tecnología para la captura, recopilación, integración y difusión de información digital geoespacial.
·      Establecimiento de normas y estándares internacionales para gestionar, compartir y usar la información geoespacial.
·      Desarrollo de infraestructuras de datos geoespaciales que facilitan la interoperabilidad de los sistemas de información.
Fuente: Global Land Alliance

Servicios catastrales en República Dominicana

En 2019, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Global Land Alliance[1], se realizó un diagnóstico rápido de los servicios catastrales en República Dominicana. Dicho estudio sugiere que:

  • existe un alto nivel de informalidad e irregularidad en el registro de las propiedades inmuebles y coexisten dos sistemas de registro de propiedades paralelos: el Registro de Títulos, también conocido como Sistema Torrens Dominicano, y la Conservaduría de Hipotecas, también conocida como Sistema Ministerial. El Registro de Títulos ofrece altos niveles de seguridad de la tenencia, pero abarca apenas 13% del total de inmuebles en el país. La Conservaduría de Hipotecas tiene un nivel de cobertura mucho más alto, pero ofrece un grado de garantía legal bastante menor que el del Registro de Títulos. La falta de un sistema de derechos de propiedad de la tierra único, ordenado y de fácil acceso impone a los ciudadanos altos costos de transacción y genera incertidumbre en el ambiente de negocios y, por supuesto, conlleva a desincentivar las inversiones y ser fuente de conflictos sobre los linderos y derechos.
  • Apenas una de cada cuatro propiedades está registrada en la Dirección General de Impuestos Internos. Junto con la muy baja proporción de propiedades que se encuentran gravadas por ley y la información desactualizada referente al valor de las propiedades, esta situación conlleva a explicar por qué la recaudación en concepto de impuestos a la propiedad inmueble representa apenas el 0.45% de la recaudación tributaria total, mientras que en otros países de la región [ver Gráfico 1], la participación de estos impuestos dentro del total recaudado es significativamente mayor.[2];
Gráfico 1: Impuesto a la propiedad inmobiliaria. Elaboración: Global Land Alliance.

  • La información geográfica está severamente desactualizada, con cobertura insuficiente y difícil accesibilidad. La cartografía base disponible es antigua, de diferentes escalas y niveles de calidad. La red geodésica data de 1960 y, mientras el Estado cuenta con cuatro estaciones CORS (Continuously Operating Reference Stations) en instalaciones de la Jurisdicción Inmobiliaria, el sector privado se apoya en 30 estaciones privadas de alta tecnología. Se requieren acuerdos, normas y modelos para compartir datos, y el uso de herramientas de tecnología informática modernas para el intercambio automatizado y estandardizado de datos entre entidades. Además, siguen haciendo falta importantes inversiones para lograr una Infraestructura de Datos Especiales (IDE) adecuada y de libre acceso para las instituciones y los ciudadanos en general, fundamental para estandarizar los intercambios de datos.
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Ilustración 3. Proceso de mensura catastral.
Créditos: Global Land Alliance.
  • La fragmentación institucional de la gestión de la información geográfica, legal y fiscal limita la colaboración entre entidades y al intercambio de información. Es necesario contar con canales digitales o mecanismos de interoperabilidad entre los sistemas de información de las diferentes entidades relacionadas con la administración jurídica, fiscal y geográfica de la tierra.
  • Estos hallazgos dificultan los esfuerzos de diferentes niveles administrativos relacionados con el ordenamiento territorial, incluida la planificación urbana, la gestión de riesgos de desastres, la protección de los ecosistemas frágiles, el uso de los recursos naturales, y la conservación de las tierras agrícolas.

Hacia un sistema catastral multipropósito moderno y al servicio de los dominicanos

El mismo estudio realizado por Global Land Alliance mencionado previamente concluye que están dadas las condiciones para que el país comience a llevar a cabo reformas institucionales y adopte el uso de tecnologías modernas necesarias para crear una base de información catastral y territorial de punta que pueda ser aprovechada por los diferentes actores para múltiples propósitos. Para ello, se recomiendan varias líneas de acción:

  • Optimizar los procesos catastrales, de mensuras, valoración predial y gestión fiscal inmobiliaria mediante la elaboración de propuestas normativas, ajustes institucionales y reingeniería de procesos y procedimientos.
  • Establecer acuerdos, adoptar modelos y protocolos que garanticen el intercambio de información entre diferentes instituciones del Estado (Dirección General de Catastro Nacional, Jurisdicción Inmobiliaria, Dirección General de Impuestos Internos, Instituto Geográfico Nacional, entre otros), para construir un catastro interoperable y multipropósito.
  • Acompañar y apoyar la transformación digital integral y de simplificación administrativa de las instituciones involucradas y el desarrollo de servicios en línea para los ciudadanos, profesionales y emprendedores.
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Ilustración 4 Extracto de un catastro multipropósito.
Créditos: Global Land Alliance
  • Establecer una cartografía base y catastral actualizada, digital, de alta resolución y precisión, que integre insumos geodésicos, aerofotográficos, cartográficos y poner en operación la Infraestructura de Datos Espaciales, con su componente de catastro multipropósito.
  • Realizar barridos catastrales para consolidar la base de datos de terrenos privados y públicos y de contribuyentes, y regularizar la tenencia de tierra mediante el proceso de saneamiento de la Ley 108-05 y titular la propiedad, en zonas geográficas priorizadas.
  • Probar estrategias para garantizar el mantenimiento y uso del inventario catastral y de la base de títulos registrados, incluyendo con la participación de gobiernos subnacionales.
  • Elevar el nivel profesional del personal asociado a los procesos de catastro, agrimensura, titulación y registro de la propiedad inmueble.

El contar con un catastro multipropósito acarreará grandes beneficios para el país, entre los que vale la pena resaltar:

  • Contar con un inventario de propiedad del Estado permite no solo administrar y proteger los bienes públicos, sino también facilitar las oportunidades de inversión pública y privada.
  • Mejorar la recaudación fiscal, fortaleciendo las finanzas públicas, incluyendo iniciativas de captura de plusvalías.
  • Mejorar la seguridad de los títulos y los arreglos de tenencia y con ello, el mercado de tierras, las inversiones, las garantías de créditos, y reducir las disputas y contiendas sobre su titularidad, como resultado de la interrelación catastro-registro.
  • Mejorar los procesos de ordenamiento territorial y de gestión del uso del suelo.

Además, los países que cuentan con catastros multipropósitos y con las características anteriormente descritas, abren grandes oportunidades para la introducción de numerosas innovaciones y tecnología de punta, contribuyendo a la consolidación de una verdadera economía digital en el país.


[1] https://www.globallandalliance.org/

[2] https://www.ciat.org/base-de-datos-de-recaudacion-bid-ciat/


Archivado Bajo:Agricultura y Seguridad Alimentaria

Bruno Jacquet

Bruno Jacquet trabaja como Especialista en Desarrollo Rural para el BID desde 2011, donde se implica en el diseño y supervisión de programas de desarrollo agrícola, manejo de recursos naturales, gestión del riesgo de desastres y turismo. Antes de unirse al BID, trabajó en temas similares en América Latina y África para el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Bruno es diplomado del ISTOM (Escuela Superior de Agro-Desarrollo Internacional) y posee un MBA en Agribusiness del Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier.

Ariel Zaltsman

Ariel Zaltsman es el especialista sectorial de la división de Gestión Fiscal (FMM) del BID en República Dominicana. Previamente, fue coordinador de la cartera de proyectos de FMM y se desempeñó como asesor de operaciones de la gerencia del departamento de Instituciones para el Desarrollo. También fue “research fellow” en la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID. Antes de incorporarse al BID, trabajó en el Ministerio de Economía de Argentina y realizó consultorías para el Banco Mundial y para el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Ariel tiene varias publicaciones sobre temas relacionados con presupuesto por resultados y la institucionalización de sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina. Cuenta con una licenciatura y una maestría en Sociología (de la Universidad de Buenos Aires y el London School of Economics, respectivamente) y con un doctorado en Administración Pública (de la Universidad de Nueva York).

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