Los proyectos financiados por el BID deben cumplir con los requisitos del Marco de Política Ambiental y Social (MPAS), que exige a las agencias implementadoras de proyectos respetar los derechos humanos y abordar los riesgos e impactos relacionados con los derechos humanos. El compromiso del BID con los derechos humanos incluye los derechos reconocidos en instrumentos legales internacionales y regionales.
Al financiar proyectos de desarrollo de infraestructura, agricultura y saneamiento de agua – proyectos comúnmente financiados por el BID – los desafíos más prevalentes en materia de derechos humanos incluyen la garantía de derechos de los trabajadores, la salud y seguridad de la comunidad y la mitigación de impactos relacionados con el desplazamiento físico y la afectación a los medios de vida de las comunidades locales. Sin embargo, las iniciativas de gobierno digital tienen implicaciones en una esfera diferente, dado que abren el espacio en línea a una presencia gubernamental más amplia, con mayor eficiencia en el servicio público y utilizando datos para aumentar la capacidad analítica y de toma de decisiones. Por lo tanto, el espacio digital ofrece una arena para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, pero también un espacio en donde pueden presentarse nuevas formas de afectación a los derechos humanos.
El 6 de marzo de 2024, en la Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del BID en la República Dominicana, Trinidad y Tobago y el BID firmaron una Línea de Crédito Condicional (LCC) de US$90 millones para apoyar la transformación digital de Trinidad y Tobago. El primer préstamo bajo dicha línea de crédito, de US$42 millones, busca apoyar la capacidad de este país para ofrecer servicios públicos utilizando tecnologías digitales, aumentar la capacidad digital de la fuerza laboral y las empresas nacionales y fortalecer los sistemas de prevención y respuesta del gobierno a ciberataques.
A continuación, se presentan algunas lecciones extraídas después de explorar las implicaciones del MPAS para la iniciativa de gobierno digital de Trinidad y Tobago y de evaluar las acciones específicas que un gobierno prestatario debe poner en práctica para garantizar la protección de los derechos humanos en la transformación digital.
1. Los Derechos Digitales son Derechos Humanos
A medida que los gobiernos avanzan en el uso de tecnologías digitales en la prestación de servicios públicos, las consideraciones sobre los derechos digitales se vuelven cada vez más importantes.
Por un lado, el uso de tecnologías digitales novedosas en los servicios gubernamentales hace que estos servicios sean más eficientes, ya que permite a las personas acceder al servicio cuando lo deseen y desde su propio dispositivo, reduce la burocracia, acelera tiempos de procesamiento y minimiza errores. Al proporcionar un mejor acceso a servicios públicos cruciales como salud, seguridad social, educación o protección infantil, el gobierno digital empodera a los ciudadanos a ejercer sus derechos.
Por otro lado, la operación de servicios digitales conlleva prácticas que, si no se gestionan adecuadamente, pueden tener implicaciones negativas en los derechos humanos. Las prácticas mejoradas de procesamiento de datos requieren medidas para prevenir violaciones de privacidad y el uso inadecuado, alteración o pérdida de datos personales sensibles. Los algoritmos de toma de decisiones requieren medidas de transparencia y rendición de cuentas para prevenir sesgos y discriminación. Se debe establecer salvaguardias apropiadas para prevenir la vigilancia y el monitoreo indebido de las actividades y comportamientos de los ciudadanos, que serán más fácilmente rastreados con tecnologías digitales.
Dado que las violaciones de derechos humanos también pueden tener lugar en el espacio digital, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció que “los derechos que las personas tienen fuera del entorno virtual también deben estar protegidos en éste, incluido el derecho a la privacidad“. Por lo tanto, en la financiación de iniciativas de gobierno digital se debe requerir evaluaciones de riesgos e impactos de derechos digitales e incluir, como parte del diseño del proyecto, medidas correspondientes de prevención y mitigación.
Las lecciones a continuación describen cómo las estrategias y herramientas establecidas en el MPAS contribuyen a la protección de los derechos digitales.
2. Inclusión Digital como Componente Central del Proyecto
El MPAS incluye el compromiso del BID con la no discriminación y la promoción de la inclusión de grupos vulnerables.
Para garantizar la inclusión, una iniciativa exitosa de gobierno digital requiere ir más allá de la implementación de tecnologías novedosas y el desarrollo de capacidades en el gobierno. Es crucial apoyar a los ciudadanos en la transición, asegurando que cuentan con las herramientas y el conocimiento para utilizar servicios digitales y prestando especial atención a los grupos que podrían estar en riesgo de una mayor marginación si no se integran en la dinámica digital.
Estos esfuerzos son particularmente relevantes en América Latina y el Caribe, donde la brecha digital sigue siendo significativa. Como documentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, casi un tercio de la población en la región aún no utiliza Internet y menos del 40% tiene habilidades digitales básicas, como copiar y enviar un archivo por correo electrónico.
Mejorar el acceso digital para todos los ciudadanos debe ser, por lo tanto, un componente central de la financiación en una iniciativa de gobierno digital. Se deben asignar fondos específicamente para asegurar el acceso amplio y equitativo a Internet y para mejorar la alfabetización y habilidades digitales de los ciudadanos.
En el caso de Trinidad y Tobago, las evaluaciones sobre la inclusión digital realizadas por la Autoridad de Telecomunicaciones informaron sobre las áreas donde se requerían acciones para cerrar las brechas digitales. El primer préstamo bajo la LCC apoyará programas de participación, capacitación, tecnología asistida y estándares de accesibilidad para Personas con Discapacidad, quienes, según la evaluación, tienen la mitad de probabilidad de ser usuarios activos de Internet y tres veces menos probabilidades de sentirse cómodos accediendo a servicios gubernamentales en línea que aquellos que no reportaron una discapacidad.
3. Participación de las partes interesadas para un enfoque centrado en el usuario
El MPAS incluye, como parte de la Norma de Desempeño Ambiental y Social 10 (NDAS 10), requisitos para los prestatarios sobre la participación de las partes interesadas y la divulgación de información a lo largo del ciclo de un proyecto. Esta norma promueve la participación comunitaria, ya que exige a las agencias ejecutoras realizar consultas sobre los proyectos y considerar las opiniones, preocupaciones y propuestas de las partes interesadas en su diseño y en el desarrollo de estrategias de gestión de riesgos ambientales y sociales. Además, los requisitos de divulgación de información son una forma de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas del proyecto.
La participación de las partes interesadas es aún más relevante en las iniciativas de gobierno digital, ya que es una herramienta para la rendición de cuentas del gobierno con respecto a prácticas sólidas de protección de datos y la protección del derecho a la privacidad. A través de actividades de divulgación de información, las agencias ejecutoras que implementan iniciativas digitales pueden proporcionar a los ciudadanos información sobre el tipo de datos de ciudadanos que se están recopilando, el propósito y los métodos de recopilación de datos, los beneficios y concesiones que conlleva el procesamiento de datos y las políticas que regirán la gobernanza de datos, incluidas aquellas relacionadas con el almacenamiento y transferencia de datos. Estas prácticas de divulgación de información se alinean con los estándares internacionales de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, mejoran la confianza de los ciudadanos en las agencias gubernamentales y permiten a los ciudadanos estar informados, comprometidos y capacitados para exigir del gobierno prácticas sólidas en los servicios públicos digitales.
Los requisitos de participación de las partes interesadas del MPAS proporcionan mejores prácticas para enfoques participativos en la selección, diseño e implementación de iniciativas de gobierno digital. Estándares internacionales para el gobierno digital, como el Marco de Política de Gobierno Digital de la OCDE (2020), destacan la necesidad de un “enfoque centrado en el usuario”, donde las necesidades y perfiles de los ciudadanos impulsen el diseño del servicio. Los requisitos de la NDAS 10 de realizar consultas con las partes interesadas durante la preparación del proyecto e implementar planes de acción para interactuar con los ciudadanos a lo largo del ciclo del proyecto son una manera de garantizar una conversación bidireccional entre el gobierno y los ciudadanos, lo que permite a los ciudadanos convertirse en co-creadores activos de servicios digitales, ya que tienen espacio para plantear sus necesidades y expectativas para los servicios gubernamentales y proporcionar retroalimentación sobre la prestación de servicios.
El primer préstamo bajo la LCC para la transformación digital de Trinidad y Tobago incluye la implementación de una estrategia de participación ciudadana que incluye planes de comunicación y consultas ciudadanas sobre las iniciativas digitales a implementar. Esto garantizará que la agenda de transformación digital esté impulsada por los ciudadanos.
4. Mecanismos de Queja como medio para garantizar los Derechos Digitales
Al igual que la participación de las partes interesadas, la implementación de un Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR) tiene gran relevancia en las iniciativas de gobierno digital. Dado que los servicios gubernamentales digitales usan plataformas digitales y herramientas como la inteligencia artificial, eliminando formas de interacción directa en persona y toma de decisiones humana, se necesitan canales efectivos para solicitar aclaraciones o impugnar decisiones gubernamentales. Además, para proteger el derecho a la privacidad y cumplir con los estándares internacionales de protección de datos (como el RGPD), deben establecerse mecanismos efectivos para que los ciudadanos planteen preguntas sobre qué datos personales se están procesando, solicitar su corrección, actualización o eliminación y reportar el mal uso de datos y/o resultados no deseados.
La financiación para la transformación digital de Trinidad y Tobago incluyó la asignación de recursos para la implementación de un MQR, alineado con los principios y características requeridos en la NDAS 10: equidad, accesibilidad, transparencia, adecuación cultural y confidencialidad. El MQR canalizará y responderá a preguntas y preocupaciones de los ciudadanos relacionadas con los servicios gubernamentales digitales financiados bajo el proyecto.
5. Sistema de Gestión de Riesgos de Derechos Digitales
El BID requiere, bajo la NDAS 1, que los países prestatarios desarrollen un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), una herramienta para evaluar, prevenir y mitigar riesgos e impactos a lo largo del ciclo del proyecto.
La preparación de la LCC para la transformación digital de Trinidad y Tobago incluyó la preparación del primer SGAS centrado en la gestión de riesgos relacionados con derechos digitales, incluida la privacidad de los datos y la inclusión digital.
Este SGAS incluye una evaluación preliminar de riesgos e impactos de derechos digitales, la cual identificó los tipos de datos personales que se procesarán bajo las iniciativas respaldadas y categorías de potenciales riesgos de derechos digitales. Además, el SGAS proporciona pautas para la agencia ejecutora, el Ministerio de Transformación Digital de Trinidad y Tobago, sobre cómo actualizar regularmente la evaluación de riesgos de derechos digitales y extenderla a nuevas iniciativas de transformación digital bajo el préstamo. Las pautas incluyen una propuesta metodológica, estándares y herramientas y una definición de roles y responsabilidades. En cuanto a las medidas de prevención y mitigación, el SGAS incluye una matriz con opciones de intervención según cada categoría de riesgos e impactos relacionados con derechos digitales y listas de verificación para su implementación.
La implementación de un sistema de gestión de riesgos de derechos digitales es una oportunidad para que las agencias implementadoras lideren una transformación digital con prácticas sólidas de derechos digitales. La transformación digital gubernamental requiere un esfuerzo conjunto entre múltiples agencias. La necesidad de interoperabilidad en el gobierno digital -las prácticas estandarizadas en el intercambio de información- se ha respondido a través de soluciones legales, organizativas, técnicas y semánticas, según el Marco Europeo de Interoperabilidad. Un sistema de gestión de riesgos de derechos digitales proporciona una oportunidad para establecer estándares uniformes entre las agencias colaboradoras sobre cómo garantizar el respeto de los derechos humanos en los servicios gubernamentales digitales. Es un paso hacia la interoperabilidad en la gestión de riesgos de derechos digitales.
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