Los hogares pobres y vulnerables deben enfrentarse cada vez más a nuevos riesgos climáticos, lo cual requiere de una atención urgente de parte de los sistemas de protección social de América Latina y el Caribe. Un reciente estudio del BID introduce un novedoso marco conceptual para analizar la relación entre cambio climático y pobreza y propone una serie de opciones de políticas para fortalecer la resiliencia de los más vulnerables frente a estos nuevos desafíos. Otra novedad del estudio es un trabajo estadístico que combina datos de pobreza a nivel municipal con la exposición a choques climáticos y con la cercanía con ecosistemas de alto valor.
El marco conceptual, resumido en la siguiente figura, cruza tres desafíos del cambio climático con sus efectos y posibles respuestas de protección social.
Tres desafíos del cambio climático para los hogares pobres y vulnerables
- Primero, el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos y desastres, que afectan especialmente a los más pobres. En América Latina y el Caribe, la segunda región del mundo más propensa a sufrir desastres como tormentas, huracanes y sequías, al menos 78 millones de personas pobres viven en zonas con alta exposición a choques de origen climático. Los hogares pobres no sólo están más expuestos, sino que sufren consecuencias más graves debido a la destrucción de viviendas, activos productivos, fuentes de ingreso y redes de apoyo, y a un menor acceso a recursos para prepararse o recuperarse.
- En segundo lugar, el cambio climático acelera la degradación del capital natural y de los ecosistemas (y viceversa). En los 5 países más biodiversos de la región, se estima que el 71,5% de las personas pobres vive en áreas con ecosistemas de alto valor que brindan servicios indispensables para las comunidades humanas (como, por ejemplo, la captura de carbono, así como también alimentos, medicinas, y otros recursos). Los medios de vida de los hogares pobres dependen desproporcionadamente de los servicios y recursos brindados por los ecosistemas (suelos y fuentes de agua para la agricultura, uso de madera, etc.). Se requiere por ende medidas innovadoras que aborden conjuntamente los desafíos de protección de los ecosistemas y de reducción de la pobreza.
- Tercero, los hogares pobres y vulnerables sufren desproporcionadamente de los efectos adversos de las medidas tomadas para descarbonizar las economías. La reconversión de industrias contaminantes, por ejemplo, puede derivar en el corto plazo en la eliminación de puestos de trabajo y fuentes de ingreso, afectando más a los más vulnerables. Además, la eliminación de los subsidios a la energía, a pesar de ser importantes y necesarias, puede derivar en aumentos de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, lo que afecta más a los hogares de menores ingresos.
Estos tres desafíos pueden generar impactos sociales significativos, aumentando la pobreza, generando inseguridad alimentaria y pérdida de activos y medios de vida. Por lo tanto, es importante que los sistemas de protección social respondan a través de los mecanismos que le son propios y ajustándolos a la realidad del cambio climático.
El papel de la protección social ante estos nuevos desafíos climáticos
Los mecanismos de transferencias monetarias regulares que benefician actualmente a alrededor de 105 millones de personas en toda la región pueden asegurar pisos mínimos de bienestar y evitar estrategias de adaptación negativas frente a desastres, contribuir a disminuir presiones sobre los ecosistemas y apoyar a hogares afectados por medidas de descarbonización.
La implementación de nuevos mecanismos de transferencias responsivas a choques (es decir, que se activan especialmente para la preparación y respuesta a crisis y emergencias) puede reducir el efecto de éstos sobre los hogares pobres y vulnerables, evitando que muchos caigan en la pobreza. Los programas de transferencias también pueden orientarse de forma innovadora para incentivar a los hogares pobres y vulnerables a llevar a cabo acciones y medidas que apoyen el medioambiente. Y los mecanismos de protección social contributiva (como seguros de desempleo o pensiones) y no contributiva (como las transferencias monetarias) pueden apoyar a los trabajadores formales e informales afectados por las medidas de descarbonización.
De hecho, el BID ya está trabajando con diferentes países socios en este sentido. En distintos países de América Central y el Caribe, una subregión particularmente propensa a choques climáticos, el BID trabaja en la implementación de sistemas de protección social responsivos a dichos eventos (fortaleciendo los registros sociales, los mecanismos de pago y los esquemas de gobernanza y financiamiento). En el área amazónica, una región de valor ecosistémico único, se está avanzando en el diseño y pilotaje de un mecanismo de transferencias con el doble objetivo de reducir la pobreza y proteger los activos ambientales.
El cambio climático nos afecta a todos, pero especialmente a los hogares más pobres y vulnerables. Los sistemas de protección social pueden y deben responder, adecuando lo antes posible sus instrumentos y esquemas de financiamiento y gobernanza.
Este artículo pertenece a una serie de publicaciones del Sector Social y de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID en la que se destaca el papel de los temas sociales en la adaptación al cambio climático y en los procesos de descarbonización de las economías en la región. Si quieres saber más sobre protección social y cambio climático, accede a la publicación completa aquí.
Haymee Diaz dice
Y en Venezuela ♥️ queremos saber, con quienes contamos, quienes son los contactos directos de esta organización BID en el país??