En América Latina y el Caribe, más de 80 millones de personas viven con alguna discapacidad y experimentan mayor vulnerabilidad que el resto de la población. Estamos hablando de casi el 15% de la población de la región.
En este contexto, la certificación de discapacidad se presenta como una herramienta clave para garantizar la inclusión. En esta entrada de blog, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, exploramos las vulnerabilidades a las que estas personas están expuestas y los beneficios de contar con la certificación. Además, te contamos acerca del caso de Panamá.
¿Por qué contar con una certificación de discapacidad?
Las personas con discapacidad enfrentan mayores índices de pobreza en comparación con la población general. Esto se debe, en parte, a los altos costos asociados a la salud, apoyos técnicos y transporte, así como a una menor participación laboral. Datos de México, Chile, Costa Rica y Bolivia muestran que las tasas de pobreza en hogares con integrantes con discapacidad son entre 5 y 15 puntos porcentuales superiores a las de otros hogares.
Por otro lado, encuentran barreras en el acceso a servicios de salud, educación y trabajo. Según la Organización Panamericana de la Salud, menos del 3% de esta población accede a servicios de rehabilitación, debido a la infraestructura limitada y la falta de personal capacitado.
Además, en el ámbito laboral, estudios han revelado que las cuotas para la inclusión presentan resultados mixtos, ya que en algunos casos se cumplen únicamente reclasificando a empleados actuales, sin aumentar significativamente las contrataciones de nuevas personas con discapacidad.
En este contexto, la certificación facilita a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos, la protección legal y el acceso a servicios que garantizan la inclusión.
En el ámbito de la protección social, la certificación permite estandarizar la valoración de la discapacidad, facilitando la transición de las personas entre distintos programas sin necesidad de repetir procesos administrativos para poder acceder a los servicios. Esto abre la puerta a servicios y beneficios que son clave para una inclusión real.
En el sector de la salud, este certificado brinda acceso a programas de rehabilitación y a atención especializada que responden a las necesidades particulares de cada persona.
En el ámbito educativo y laboral, la certificación permite impulsar y promover la adaptación del entorno según las necesidades de cada persona, eliminando barreras y facilitando la igualdad de oportunidades para todos y todas.
El caso de Panamá: certificación de discapacidad y políticas de inclusión
Panamá es un caso ejemplar en la región, ya que amplió la cobertura de la certificación de discapacidad a través del Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, con apoyo del BID. Este programa tiene como objetivo mejorar la capacidad del Estado para identificar y responder a las necesidades de las personas con discapacidad, promoviendo la cobertura y calidad de los servicios de salud, educación y soporte a la autonomía personal. La implementación del sistema de certificación, iniciado en 2014, ha permitido que la valoración de la discapacidad se convierta en un pilar de inclusión, asegurando el acceso a políticas y recursos de protección social.
El sistema de certificación panameño, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aplica un enfoque bio-psico-social y es gestionado por la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
Hasta 2019, el sistema había alcanzado apenas al 2,1% de la población con discapacidad, en gran parte debido a limitaciones de infraestructura y recursos. Sin embargo, en los últimos cinco años y gracias a una serie de reformas que incluyen la descentralización y la transformación digital, la cobertura de certificación se ha duplicado.
Para lograrlo, la SENADIS descentralizó el proceso de certificación, facilitando el acceso a todas las personas con discapacidad a lo largo del país. Además, 7 de las 10 oficinas regionales de la SENADIS fueron remodeladas para mejorar su accesibilidad, y se las dotó de un consultorio de certificación que garantiza un espacio privado para la realización de las evaluaciones, equipo tecnológico y conectividad para su acceso al sistema de información, RENACER.
Este sistema de información también se fortaleció con una serie de funcionalidades que facilitan la conformación de juntas evaluadoras, el agendamiento de citas y la emisión e impresión de carnet de certificación y georeferenciación.
La transformación digital incluyó el desarrollo de un aplicativo móvil por medio del cual las personas puedan acceder a su carnet de discapacidad de forma digital y presentarlo para su validación ante los comercios a través de un código QR.
Para que la certificación de discapacidad tenga un impacto real, es esencial que los gobiernos, las organizaciones y la sociedad civil trabajen en conjunto para asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a servicios y oportunidades. Esto incluye la implementación de políticas públicas sostenibles y la creación de entornos accesibles. El ejemplo de Panamá demuestra que los avances en certificación e inclusión son posibles con un enfoque multisectorial y el uso de tecnologías adaptativas.
En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, destacamos la importancia de la certificación como una herramienta para promover la igualdad de oportunidades. Pero es importante recordar que es solo una pieza en un conjunto de acciones necesarias para alcanzar la inclusión. Si bien la certificación abre puertas, su impacto depende del contexto en el que se implemente. Sin un cambio cultural que elimine actitudes excluyentes y discriminatorias, el simple hecho de acreditar una discapacidad no garantiza la inclusión real. En este día, el verdadero llamado es a cuestionar y transformar nuestra cultura hacia una que valore y respete la diversidad en todas sus formas.
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