¿Qué podemos aprender de otros países sobre cuándo y cómo reabrir la economía?

El 10 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la crisis global del coronavirus era una pandemia. Con el uso de este término se buscó enviar un mensaje a aquellos países que ofrecían respuestas lentas a una crisis sanitaria disruptiva, de evolución incierta y de consecuencias difíciles de anticipar. Si bien en América Latina y el Caribe los primeros casos de COVID-19 se reportaron en febrero en Brasil y México, no fue sino hasta luego de la declaración de la OMS que los países de la región comenzaron a imponer medidas de distanciamiento social total o parcial, que luego en muchos casos se convirtieron en confinamiento (cuarentena).

Las medidas de aislamiento social y confinamiento tienen impactos económicos, fiscales y sociales que ponen de manifiesto las debilidades estructurales de los países de la región y amenazan con socavar el bienestar de los ciudadanos, especialmente, el de las poblaciones más vulnerables. Por otra parte, lo que se conoce sobre el virus, la disponibilidad y confiabilidad de las pruebas serológicas y otra multitud de factores dificultan la toma de decisiones.

Por eso la pregunta de cómo salir de las restricciones se está estudiando en universidades, organizaciones internacionales, laboratorios de ideas (think tanks) y gobiernos. Aquí presentamos varias de esas propuestas.

¿En qué coinciden las propuestas y las prácticas de los países desarrollados?

En general las propuestas contemplan diferentes etapas en el proceso de flexibilización, desde la movilización sin ningún tipo de salvoconducto y apertura de algunos negocios, hasta la reanudación de eventos públicos y viajes internacionales.

Para avanzar de una etapa a la siguiente, las propuestas sugieren una serie de condiciones epidemiológicas y de salud pública para evaluar si las medidas implementadas han sido efectivas o no. Por un lado, el número de casos positivos de COVID-19 debe reducirse de manera sostenida por un periodo de tiempo específico (que puede variar entre un país y otro). Por otro lado, el sistema hospitalario debe contar con la capacidad necesaria para atender a todos los pacientes contagiados que se encuentren en una condición grave. Existen distintos criterios para medir la capacidad hospitalaria.

Para evaluar esas dos dimensiones, los gobiernos necesitan una serie de herramientas. Así, se requieren sistemas de información armonizada y actualizada sobre el nivel de contagio, con el mayor nivel de desglose posible por zonas geográficas y grupos poblacionales. Además, se necesitan mecanismos digitales para dar seguimiento a las personas contagiadas, e identificar a su red de contactos. Y es fundamental contar con suficientes pruebas para personas infectadas o expuestas a personas infectadas.

Para enfocar las medidas de flexibilización, los gobiernos también deben tomar en cuenta que algunos grupos son más vulnerables que otros por su edad o posibles condiciones preexistentes. Por otro lado, el nivel de contagio puede ser mayor o menor en distintas regiones, por lo cual, es imperativo involucrar a los gobiernos locales.

Finalmente, existe un consenso sobre la necesidad de promover buenas prácticas de higiene y seguridad para mitigar el riesgo de contagio en todos los ámbitos. El distanciamiento físico es clave, especialmente en los espacios cerrados. También lo es el uso de mascarillas, el lavado o la desinfección de manos, y minimizar el contacto de superficies y artículos.

Por último, todos los servicios o interacciones que puedan llevarse a cabo de manera remota deberán apoyarse en plataformas virtuales para continuar su funcionamiento en esta modalidad: teleatención, teletrabajo, teleducación, telemedicina, trámites, compras, pagos, etcétera.

Áreas donde no hay criterios explícitos o consenso

A pesar de los muchos puntos de encuentro entre las distintas propuestas para salir paulatinamente del aislamiento, existen áreas donde las normas políticas, culturales, sociales e institucionales de cada país dificultan la toma de decisiones y en las que existe un menor consenso sobre los criterios prácticos y funcionales para su establecimiento.

Por ejemplo, hay mucha indefinición en las propuestas analizadas respecto a los grupos poblacionales que deberían permanecer confinados por un período más prolongado.

• La mayoría de las propuestas consideran que hay grupos con un mayor riesgo de muerte si contraen el virus y que deberían permanecer en aislamiento por más tiempo. Sin embargo, ninguna brinda criterios como la edad mínima a partir de la cual los adultos mayores deben permanecer confinados. Tampoco explicitan cuáles son las condiciones médicas preexistentes que debe tener una persona para permanecer en asilamiento.
• Otro punto para tener en cuenta es que al flexibilizar las restricciones en ciertas áreas del país pero no en otras, en la práctica, se crean fronteras internas en los países que pueden ser difíciles de controlar y de justificar constitucionalmente.
• Además, los certificados o pasaportes de inmunidad a la COVID-19 mencionados en algunas propuestas están plagados de dilemas médicos, éticos y prácticos que dificultan su implementación. Por ejemplo, aún se desconoce si las personas que contraen la COVID-19 y se recuperan obtienen inmunidad de largo plazo. Además, la emisión de certificados podría incentivar a ciertos individuos a contraer la enfermedad solo por la posibilidad de conseguirlos, o abrir frentes legales por discriminación.
• La posibilidad de que los hogares multigeneracionales o con individuos de alto riesgo continúen con medidas estrictas de aislamiento, o que hogares en condiciones de hacinamiento salgan antes del confinamiento, requiere de información muy detallada de cada uno de los hogares. Esta información raramente se encuentra a disposición de las autoridades que dictan y controlan estas medidas.

También está plagada de limitaciones prácticas la idea de regresar al trabajo en días y horarios asignados, ya que requiere alguna entidad coordinadora para evitar que múltiples empresas y sectores utilicen franjas horarias similares y se generen aglomeraciones en espacios públicos.

• Otra pregunta de poco consenso es qué sectores reabrir primero. Algunas propuestas dan prioridad a sectores con una mayor contribución relativa al PIB local o nacional. Otras sugieren priorizar sectores intensivos en mano de obra para recuperar empleos, o bien, aquellos sectores con menor riesgo de contagio, altamente automatizados o con capacidad de operar de manera virtual.

En la práctica se observa que muchas de las decisiones de reapertura que se tomaron hasta la fecha no se han basado necesariamente en criterios objetivos, sino que responden a la influencia de los gremios empresariales y sindicales y a preferencias culturales y sociales no escritas.

 A modo de conclusión

• Como hemos visto, la mayoría de las propuestas para salir del aislamiento tie­nen en cuenta criterios y consideraciones estrictamente técnicas, pero también dejan poco explícitas estas zonas grises con menos consenso y en las que las pautas sociales, culturales y políticas suelen ser muy influyentes. En América Latina y el Caribe se detecta una menor presencia de propuestas de transición o de salida gradual, tanto oficiales como de centros de investigación, que ayuden a guiar los próximos pasos de los países de la región. Sin embargo, las que se observan (en países como Argentina, Barbados o Costa Rica) muestran medidas de salida gradual que se alinean con las buenas prácticas y propuestas que revisamos.

Para conocer más sobre las consideraciones estrategias que deben tener en cuenta los países al momento de decidir la salida del confinamiento y reabrir las actividades, descarga nuestra publicación.