Con la pandemia del coronavirus amenazando vidas y el bienestar, la mayoría de los gobiernos en América Latina y el Caribe han impuesto límites estrictos a las interacciones sociales para manejar mejor el contagio. Sin embargo, tras dos meses de confinamiento, el costo para las economías de la región es evidente. Cerca de la mitad de los hogares han reportado pérdidas de empleos, y la mayoría de las empresas han cerrado o recortado drásticamente sus operaciones. A medida que el riesgo de infección disminuye en las semanas y meses venideros, el levantamiento gradual de las restricciones ofrece la esperanza de poner a la región en la vía hacia la recuperación económica.
Sin embargo, la recuperación no se producirá de la noche a la mañana. Por ejemplo, la inmunización contra la enfermedad puede tardar entre 12 y 18 meses hasta que la vacuna esté disponible a gran escala. La reconstrucción de la economía durante esta transición depende de la medida en que los ciudadanos reanuden sus funciones como trabajadores y consumidores. Eso requiere la confianza de que pueden hacerlo de manera segura: confianza en los demás, confianza en los negocios y confianza en el propio gobierno. Desafortunadamente los niveles de confianza de la región están en niveles históricamente bajos. Este es un fenómeno global más amplio, pero particularmente grave para América Latina. La última versión del Latinobarómetro, una reconocida encuesta de opinión pública, encontró que solo el 14% de las personas en la región confía en otras personas, el 38% confía en las empresas nacionales (el 34% confía en las empresas extranjeras), y el 22% confía en su gobierno. Invertir la tendencia de disminución de la confianza es todo un desafío. Pero es necesario frenar las consecuencias económicas actuales y estimular el crecimiento económico a corto plazo.
Confianza social durante la reapertura
Salir de los confinamientos requiere tener confianza social en que los demás actuarán de manera responsable para mantener la salud pública. En un reciente artículo de Harvard Business Review titulado “The Trust Crisis” (La crisis de la confianza) los autores definen la confianza como la “disposición a ser vulnerables ante las acciones de los demás porque creemos que tienen buenas intenciones y se comportarán correctamente con nosotros”. ¿Creemos que los demás se lavan las manos regularmente, se cubren la cara en público y respetan el distanciamiento social? ¿Creemos que se aíslan cuando presentan síntomas o dan positivo por COVID-19? Si es así, más gente estará dispuesta a usar el transporte público, a comprar en las tiendas y a comer en restaurantes, iniciando el proceso de relanzamiento de la economía.
Aunque todo el mundo se beneficia cuando esto sucede, cada persona tiene un incentivo racional para actuar de forma individualizada; por ejemplo, para acaparar desinfectante en el supermercado o sobornar a un médico para conseguir hacerse una prueba de coronavirus primero. En la teoría del juego esto se conoce como “el dilema del prisionero”. El comportamiento poco cooperativo puede traer un beneficio personal a corto plazo. Pero la sociedad en su conjunto sale perdiendo. Ese no sería el caso si se considera la salud pública como un bien público. Si existe la confianza mutua de que los demás colaborarán para protegerla, la participación en la economía aumentará gradualmente.
La confianza en los negocios y la tecnología
Una dinámica similar se extiende a los negocios. Para aventurarse a salir y gastar dinero, los clientes deben confiar en que los comercios minoristas, restaurantes, aerolíneas y otros negocios dan prioridad al saneamiento e higiene de edificios y productos, y que exigen a sus empleados usar máscaras y someterse a controles de temperatura. Los trabajadores necesitan saber que sus empleadores son transparentes en cuanto a las condiciones laborales y que pueden sentirse libres de plantear cuestiones de seguridad en el lugar de trabajo sin amenazas de represalias.
Las empresas de tecnología han desarrollado recientemente prometedoras aplicaciones que realizan un eficiente rastreo de contactos, que es una estrategia clave en el control de la propagación de la COVID-19. Para poder trazar el mapa de la enfermedad en tiempo real, es necesario que la aplicación sea adoptada por un gran número de usuarios de teléfonos móviles. En Corea del Sur los ciudadanos se han mostrado dispuestos a compartir voluntariamente sus datos personales para ayudar en el esfuerzo de salud pública. Sin embargo, para que los ciudadanos den ese paso, los proveedores digitales locales deben ganarse la confianza de sus suscriptores mediante la aplicación de salvaguardias eficaces para evitar la fuga de información de identificación personal. Como alternativa, los usuarios pueden conservar la propiedad de sus datos y ejercer su “derecho al olvido”, es decir, borrar permanentemente los datos personales del dominio público.
Un papel de coordinación para el gobierno
Los gobiernos han estado en el centro de la respuesta al brote de la COVID-19, y con toda razón. En su calidad de entidades responsables de la información pública, la salud y la asistencia públicas, han tomado la iniciativa de hacer frente a la crisis. No obstante, sus políticas solo son eficaces en la medida en que los ciudadanos cumplan sus directrices. Cuando los ciudadanos confían en que la información proporcionada por el gobierno es precisa y oportuna, el nivel de cumplimiento ciudadano será alto y el gobierno podrá entonces asumir su rol como coordinador efectivo de la conducta prosocial. Factores como la transparencia en tiempo real sobre la propagación del virus y una clara estrategia de salud pública, junto con una campaña de comunicación eficaz, pueden contribuir en gran medida a generar esta confianza. Ese fue el caso en Singapur, donde el Ministerio de Salud puso a disposición de los ciudadanos mapas fiables de la infección en tiempo real en su plataforma en línea, para mantenerlos informados sobre qué zonas eran seguras y cuáles debían evitar. Los gobiernos también pueden ayudar a alentar la confianza social entre los ciudadanos fomentando un espíritu comunitario y de responsabilidad social, transmitiendo el mensaje de que “todos estamos juntos en esto”. Y pueden establecer normas mínimas de seguridad para las empresas y para el manejo de datos por parte de las empresas de tecnología.
Los últimos años no han sido buenos para la confianza en América Latina. Esta se ha visto erosionada por diversos factores como la polarización política, los escándalos de corrupción en gobiernos y empresas, las crisis económicas, los altos niveles de delincuencia y la difusión de desinformación por internet. Algunos estudios han demostrado que un alto grado de confianza fomenta resultados económicos y sociales positivos: mayor crecimiento económicos, mayor innovación, mejor respuesta a la crisis, y resultados más sólidos en materia de salud. Lograr un rápido y prolongado repunte económico de la actual pandemia depende de un comportamiento ciudadano que requiere confianza en muchos niveles. Las instituciones públicas y privadas harían bien en reconocer esa realidad y tomar decisiones inteligentes para recuperar ese importante activo social ya que la salud futura de la economía está en juego.
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